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Privatización ilegal de la dependencia

Privatización ilegal de la dependencia

Por Ana Sánchez de la Coba
viernes 29 de enero de 2010, 00:00h
Durante las últimas fechas, hemos tenido constancia de dos iniciativas del Gobierno Regional con respecto a la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid que ha UGT le parecen realmente preocupantes, muy graves. La primera de ellas se refería a la contratación de agentes privados para evaluar el grado de dependencia. La segunda, la puesta en marcha de una cantidad, que oscila entre los 400 y los 831 euros, para que las personas dependientes contraten plazas en residencias concertadas. Ambas iniciativas contribuirán a desestabilizar aún más la situación de estas personas, ya inmersas en un limbo de desprotección y desconcierto como consecuencia del escaso interés prestado por el Gobierno Regional a la institución, en esta región, del cuarto pilar del Estado de Bienestar. Al cumplimiento de la voluntad que emana del Congreso de los Diputados. A las necesidades de cerca de 200.000 dependientes.

Efectivamente, la Ley de Dependencia vino a cubrir un vacío legislativo que impedía la plena realización del Estado de Bienestar en España. Hasta entonces, del cuidado y atención se ocupaban las familias, o profesionales y residencias especializadas, la gran mayoría de ellas concertadas o privadas, dada la obsesión por estas modalidades que ha venido caracterizando la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid durante los últimos quince años. Este modelo discriminaba de acuerdo con la renta, de modo que las clases populares con menos ingresos  quedaban sistemáticamente excluidas, o atendidas en menor medida. Las familias se tenían que ocupar de ellas, principalmente las mujeres. Pues este déficit nacía de una concepción de los núcleos familiares que feminizaba las tareas domésticas y el cuidado de los mayores. Pero con la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, este edificio cae en cenizas, y muchas, al carecer de recursos para ingresar en residencias o contratar servicios externos, se ven abocadas a renunciar a sus trabajos.

La Ley aprobada hace tres años intenta paliar esta injusticia, pero el Gobierno Regional, en vez de asumir su responsabilidad, ha estado dilatando la aplicación con distintas trabas que intentaban esquivar toda inversión pública. Las ideas, así, de contratar agentes especializados y habilitar una tarjeta monedero son dos formas en que se concreta su ideología en materia de dependencia. Si la contratación de agentes privados contribuirá al despilfarro, la privatización parcial de la gestión es una idea improvisada, torpe e injustificable, porque no resuelve el problema, pero también profundamente discriminatoria e ilegal, pues rompe con los principios de universalidad y equidad.

Los únicos que han mostrado su respaldo ha sido la patronal del sector, que por cierto venía solicitando al Gobierno Regional este flexicheque, como lo llaman eufemísticamente, desde hacía tiempo. El precio medio de una residencia en la Comunidad de Madrid oscila entre los 2.500 y los 2.700 euros; la pensión por jubilación sobrepasa tímidamente los 1.000; y la pensión por viudedad se sitúa en 600. De estas cantidades, la Comunidad de Madrid aportaría entre 400 y 831 euros. El resto deberá ser asumido por los usuarios. Las consecuencias serán, evidentemente, la exclusión de miles de personas de una atención que les corresponde legalmente. Sólo aquellas que cuenten con recursos podrán disfrutar de una residencia. 

La Consejería de Familia y Asuntos Sociales no ha valorado adecuadamente todas estas variables para proponer una solución. Lejos de ello, se ha apresurado a plantear un modelo que, en todo caso, lucrará a las empresas gestoras de las residencias privadas y concertadas y dejará sin atención a miles de personas, muchas de ellas incapaces de valerse por sí mismas.
 Por estas razones, UGT-Madrid ha exigido en un comunicado al Gobierno Regional que retire su propuesta ilegal, acate la voluntad del Congreso de los Diputados, que es la voluntad del conjunto de los españoles y españolas, y ponga en marcha de una vez por todas el plan de infraestructuras públicas necesarias para cumplir la obligación que tiene de atender a las personas dependientes.

De 200.000 dependientes que calcula UGT-Madrid residen en esta comunidad, sólo son atendidos 26.287, de los cuales 16.117 reciben tal atención en la modalidad residencial. Esta importante demora es la consecuencia de una apuesta irreflexiva que condena al olvido a miles de ciudadanos y ciudadanas incapaces de valerse por sí mismos. Esperanza Aguirre gusta de airear su confesión liberal, que dice está al servicio de las personas y no de los Estados, de la libertad y no de la tiranía. Pero la privatización que planea se olvida de las personas y las esclaviza, las excluye en función de lo que ganen, y las condena a una situación desesperada. Las tiraniza. Generaciones, dicho sea de paso, que han sufrido en sus espaldas la dureza de la industrialización en este país. El Gobierno Regional les debe toda la atención que requieren. Y todo el respeto y la admiración.

Ana Sánchez de la Coba
Secretaria de Política Social de UGT-Madrid

Ana Sánchez de la Coba

Secretaria de Igualdad de UGT Madrid

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