Nieves Menéndez es una madre de dos hijos menores a su cargo que fue obligada a abandonar su domicilio en Puente de Vallecas por no poder pagar sus deudas. Durante el desalojo estuvieron presentes el coordinador de IU de Madrid, Gregorio Gordo, y el coordinador en Vallecas de esta coalición, Eduardo Sánchez, junto a varios vecinos que protestaron.
Ella no sabía que su pareja había dejado de pagarle el alquiler en la vivienda, con un coste de 468 euros. Cuando Nieves se dio cuenta del impago, su deuda era de 8.000 euros de 14 meses sin abonar. Al no poder hacerse cargo de la deuda, Nieves fue desahuciada este jueves.

IU-CM subrayó que la situación que vive Nieves Menéndez no es muy diferente a la que ocurre en otros barrios de Madrid como Orcasitas, El Pozo, Pan Bendito, Carabanchel, Aluche y otras zonas de la periferia, e hizo un llamamiento “para que no se produzca este atropello que, sin duda, pone de manifiesto el fracaso de la actuación de las instituciones”.
Gordo ha recordado que Menéndez solicitó al Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) una vivienda en septiembre y de momento no ha obtenido respuesta. En este sentido, denunció que el IVIMA ha reducido su presupuesto para este año en 57,5 millones de euros respecto a 2009 y la oferta de vivienda ha pasado de las 5.100 a las 2.500. “Resulta incomprensible que precisamente en este momento de crisis ni el Ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid muestren un mínimo de sensibilidad para paliar situaciones como ésta”, añadió Gordo.
Negativa del PP
El portavoz de IU recordó que su grupo ha presentado varias iniciativas en la Asamblea de Madrid encaminadas a que cuando a una persona sea desahuciada, la deuda contraída con el banco se cancele o que el Gobierno regional se quede con los pisos que no pueden ser pagados. Ambas iniciativas han contado con la oposición del Partido Popular.
Además, IU en el Ayuntamiento de Madrid ha solicitado la creación de un Fondo de Emergencia Social cofinanciado por el Consistorio, la Comunidad de Madrid y el Gobierno central. También han pedido que se modifiquen las ordenanzas con el fin de que se garantice un plazo máximo de 30 días para la resolución de las prestaciones sociales de carácter económico para situaciones de emergencia, y evitar situaciones como la de Nieves Menéndez.