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El 'bluf' de la comisión de los espías

El 'bluf' de la comisión de los espías

Por MDO
sábado 28 de febrero de 2009, 00:00h
El 'mayor escándalo de la democracia en Madrid' para unos y un 'patinazo sideral' para otros. El 'caso de los espías', o lo que es lo mismo, los seguimientos a miembros del Partido Popular contrarios a Esperanza Aguirre realizados por personal de la Consejería de Interior no quedó cerrado en 2009 pese al cierre prematuro de la comisión de investigación creada en la Asamblea de Madrid.
El diario El País publicaba el 19 de enero la creación por parte del el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, de una suerte de CNI (el Centro Nacional de Inteligencia, casa de los espías españoles) pero a nivel regional para investigar tramas corruptas en ayuntamientos socialistas. Sin embargo, al día siguiente, la información daba un giro radical y se iniciaba un serial en el que, a través de las sucesivas informaciones de éste y otros periódicos, se desvelaba lo que parecía ser una trama cruzada de informes, vigilancias y contravigilancias a altos cargos del Partido Popular, del PP de Madrid, de miembros y ex miembros del Gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y de cargos del Ayuntamiento de Madrid y Caja Madrid.

Larga lista de afectados
Inmediatamente, PSOE e IU exigieron explicaciones y dimisiones inmediatas por la situación "más grave de la historia de la democracia en Madrid". La negativa de la existencia de este equipo -cuya dirección se atribuyó primero a l asesor de seguridad Marcos Peña, que en 2008 no estaba en la Comunidad, y después a Sergio Gamón, actual director de Seguridad de la Comunidad de Madrid y ex director general de Seguridad con Alfredo Prada- fue negada tajantemente desde el principio por la Comunidad, pero, según pasaban los días, la lista de posibles afectados hizo saltar las alarmas.

Entre éstos estaban Manuel Cobo, mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón y supuestamente espiado en 2008, antes del Congreso de Valencia en el que Esperanza Aguirre se planteó, para renunciar después a hacerlo, presentarse como alternativa a la dirección del Partido Popular frente a Mariano Rajoy. O Alfredo Prada, después destituido en una rápida remodelación del Gobierno regional y acogido más tarde por Rajoy en agradecimiento a su apoyo en la cita valenciana. Ambos aseguraron que los seguimientos, acreditados por lo que parecían ser unos partes también publicados por El País, coincidían con su agenda pública y privada. Ambos, y Cobo con el respaldo de Gallardón, dieron crédito a que las vigilancias provendrían de la Consejería de Interior y así lo denunciaron ante la Justicia.

También aparecieron como espiados el vicepresidente de Esperanza Aguirre, Ignacio González; el gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel; el presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que lo habría sido en plena batalla por el control de la entidad con el Gobierno Aguirre; y Álvaro Lapuerta, tesorero del PP nacional. Estas ramificaciones llevaron a asegurar a PSOE e IU que los espías eran la consecuencia de una "batalla interna por el poder en el Partido Popular". "Se matan unos a otros", declaró el líder del PSM, Tomás Gómez en un momento en el que la preocupación llegó a cotas máximas en Génova.

Dossieres

Para apoyar la teoría del espionaje interno en el PP la oposición apuntó la decisión del juez de separar el caso de Ignacio González, por tener indicios de que quienes le habrían seguido no eran los mismos que siguieron a Prada o Cobo. Y también en las declaraciones de Álvaro Lapuerta a El País. Según Lapuerta tuvo en 2006 dosieres presuntamente comprometedores sobre Ignacio González y Francisco Granados de los que dio cuenta a Mariano Rajoy, y éste a la presidenta regional. Lapuerta aseguró a Rajoy en 2008 que en la Comunidad había casos de espionaje y que él era una de las víctimas. PSOE e IU también citaron el robo del ordenador de un colaborador de Alfredo Prada del Campus de la Justicia del que Sergio Gamón, despedido primero y recontratado después por la Comunidad, negó ser el responsable.

Finalmente, y en aras a "la transparencia" Esperanza Aguirre aceptó la celebración de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se celebró bajo el control de la mayoría del PP y se cerró de la misma forma. A cambio de la misma, la dirección nacional del PP no abrió una investigación interna. De la votación del dictamen exculpatorio elaborado por el PP no participaron ni Alfredo Prada ni la diputada y también supuestamente espiada Carmen Rodríguez Flores. Para Maru Menéndez (PSOE), Aguirre presentó a sus hombres como víctimas "pero ella es la responsable". "Mariano Rajoy dijo: 'No son rumores, esos documentos existen, lo que no sabemos es quien los ha elaborado y yo quiero transparencia'", sentenció la portavoz socialista. Inés Sabanés (IU) recalcó que "la falta de voluntad para saber la verdad del PP es un comportamiento autoinculpatorio".

Los jueces siguen investigando

Para el Partido Popular en cambio no hubo espionaje. El PP, con Ignacio González al frente, sí fue víctima de seguimientos a su entender. "Aquí no ha habido espionaje y no ha habido espiados", recalcó David Pérez. Los argumentos fueron que los miembros de la Consejería de Interior sólo hacían contravigilancias, que 9 de los 30 partes "chapuza" de seguimientos tenían errores y que todo era "un montaje". Francisco Granados llegó a acusar a Alfredo Prada de mentir: "Cuando alguien dice que su agenda coincide con los falsos partes miente. Ustedes (la oposición) han venido aquí a mentir, insidiar y calumniar. Yo no miento nunca".

Pese al cierre de la comisión de investigación, los jueces que investigan los casos sí dieron credibilidad a los hechos y continúan hoy con la investigación. Varios agentes de Interior admitieron después, al ser interrogados en los juzgados, que siguieron a Prada entre otros sólo para comprobar su dispositivo de seguridad personal. Francisco Granados, que pasó meses en el ojo del huracán hasta que la tensión política sobre el caso se redujo tras el verano, lo dejó claro: "Las labores de seguridad han sido legales”.
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