Exclusión y pobreza

La exclusión social es definida, por diversas fuentes, como la incapacidad que tienen los individuos o grupos de una participación plena en la sociedad en la que viven. Este concepto es multidimensional y dinámico, y tiene su importancia en factores económicos como: ingresos insuficientes, inseguridad en el empleo, desempleo,  falta de acceso a los recursos; o bien en factores como la educación la cultura o incluso la ausencia de un determinada protección social.

La Unión Europea define como familias o personas en riesgo de exclusión a aquellas que sobreviven con menos del 60% de la renta media per cápita de su país. En España afecta a más del 20% de los hogares.

Hay quienes observan en la exclusión social la fuente que genera pobreza, pero también ocurre al revés, que hay quien manifiesta a la pobreza como el origen de que a un individuo o grupo se le considere “excluido socialmente”.

Es evidente que la actual crisis económica que sacude al mundo occidental, originada por una concepción de globalización que sólo alienta el liberalismo más feroz, el enriquecimiento rápido y especulativo, así como la desprotección social y laboral,  está llevando a los ciudadanos y ciudadanas de los distintos países a ser los que verdaderamente estén sufriendo las consecuencias del derrumbe  “economicista”. Pero también han caído unos valores fundamentados en el individualismo, el éxito rápido, la ganancia material etc., en definitiva los que defienden una economía basada solamente de mercado.

Por supuesto frente a esta concepción del mundo estamos los que defendemos un mundo social y con derechos, donde el Estado del Bienestar es y debe seguir siendo un pilar fundamental en las conquistas sociales para el conjunto de la sociedad. 

Pero no todos sufren por igual las consecuencias de este “pinchazo” económico. En este sentido, cabe señalar que son las clases más desfavorecidas las que están teniendo que soportar con verdadera crudeza los golpes de un planteamiento económico-financiero que ya no se sostiene para el futuro, o por lo menos, no debería ser esa la concepción que los gobernantes deberían fijar. Mercado sí pero con más Estado.

Desde el inicio de la crisis, allá por mediados del año 2008, y haciendo referencia a la Comunidad de Madrid, donde su Presidenta es defensora a ultranza del modelo económico más liberal que acaba de poner en jaque a todo el mundo económico y financiero, caben señalar algunos datos que hacen pensar que la sociedad madrileña se está dualizando cada día más. Es decir, a pesar de la crisis, los ricos y poderosos siguen siendo igual de ricos y poderosos, y los pobres y excluidos son cada vez más y están en peores condiciones.

En 2008 había ya en Madrid medio millón de hogares que se encontrarían en pobreza extrema y exclusión social. Pues bien, en 2009 y como consecuencia del recrudecimiento de la actual crisis han aumentado en un 186% las solicitudes y las demandas de las comidas sociales. Este dato debería hacer que pensar a toda la sociedad, pero sobre todo a los poderes públicos y a los gobernantes.

Hay muchas más personas que, en el último año, han perdido el empleo, las expectativas de trabajo o incluso han agotado las prestaciones sociales y se encuentran en una situación de exclusión social, e incluso rozando la pobreza. Según el último informe de la Fundación FOESSA, en 2008 había un 14,2% de excluidos pobres en Madrid, mientras el mismo valor referido al conjunto del Estado era del 7,2%.

Es verdad que en nuestra Comunidad existe una Renta Mínima de Inserción y que constituye una prestación económica, de carácter subsidiario respecto de otras prestaciones asistenciales y complementarias de los recursos que pudiera obtener el beneficiario. Pero es una renta que se me antoja muy insuficiente, ya que para familias de un sólo miembro su importe es de 354 euros/mes (año 2008). En diciembre pasado el número de personas beneficiarias de la renta mínima de inserción ascendía a 24.632, que se agrupaban en 8.657 familias, aunque el número está creciendo, durante 2009, por el efecto de la crisis económica.

Por otro lado, en la  Comunidad de Madrid se sigue destruyendo empleo, y el Gobierno regional sigue mirando hacia otro lado desoyendo las demandas de los trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad. En el mes de junio, mientras en el conjunto del Estado disminuyó el desempleo en 1,53 por ciento, en la Comunidad de Madrid aumentó el paro el 0,24 por ciento, es decir 1.011 personas se han incorporado a las listas del INEM. Son ya  418.284 personas, hombres y mujeres las que han engrosado las listas del desempleo, y por tanto en la Comunidad que preside Esperanza Aguirre, hay una tendencia hacia la destrucción continuada de puestos de trabajo. Y ella a lo suyo: presunto espionaje, presunta corrupción, deterioro de los servicios sociales y de los servicios públicos, etc.

Una sociedad avanzada no puede permitirse una situación como la actual. La sociedad civil, los sindicatos mayoritarios y de clase, los empresarios responsables, los poderes públicos, los gobernantes estatales, autonómicos y municipales, todos tenemos una obligación que es luchar contra una exclusión social que discrimina negativamente a quién la padece, que divide y empobrece a unas capas de la sociedad, y a las cuales luego habrá que tomar medidas como propone la Unión Europea para posibilitar una inclusión social en el menor tiempo posible.

Es verdad que las políticas sociales que se han venido desarrollando hasta este momento no están enfocadas hacia  la prevención e inserción social, sino a lo asistencial. Este carácter tan asistencialista lo determina la escasez de recursos económicos dedicados a esta labor.

Pero mientras los indicadores económicos y de creación de empleo no cambien los gobiernos tienen que poner las medidas tendentes a proteger socialmente a los que están abocados a esa exclusión social que nadie quiere. En definitiva, mayor protección social para combatir que los más desfavorecidos de nuestra sociedad se vean abocados a una exclusión social.

En este sentido, hay que mencionar un dato preocupante que acaba de publicar Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea), y que pone de relieve que España disminuye el gasto en protección social por vez primera desde el año 2001. Pues bien, ahora hay muchas más razones para aumentar el gasto público para proteger socialmente a aquellos que están desprotegidos y que no quieren verse abocados a la exclusión social y a la pobreza.

Un Gobierno socialista tiene que velar por los más débiles y desfavorecidos. A ellos no puede fallarles. Y sería recomendable que para 2010 no se congelara la aportación económica del Estado para el desarrollo y aplicación de la Ley de Dependencia y Autonomía Personal, tal y como parece que se ha anunciado desde el Ministerio de Economía y Hacienda.

La consecución y el mantenimiento de un empleo y el acceso a la formación, junto con apoyos sociales y económicos son, para UGT Madrid, la base para que las personas en situación de exclusión consigan un grado suficiente de autonomía personal y económica que les ayude a integrarse de nuevo en la sociedad.

Ana Sánchez de la Coba.
Secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid.