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Un decreto a medida

Un decreto a medida

lunes 06 de julio de 2009, 00:00h
Como quien trata de ocultar algo, la Asamblea de Madrid aprobará el denominado “decreto de área única” en un pleno extraordinario que se celebrará el 29 de julio. Otra medida que sale adelante sin debate, sin participación, con “agostidad” y alevosía.

El decreto de área única se ha presentado acompañado del reclamo de la llamada “libre” elección de centros y profesionales. Introduce así la “libre concurrencia” como mecanismo para la asignación de recursos a los diferentes centros. Es decir, se dotará de más recursos a “los más solicitados”, introduciendo la competencia entre centros sanitarios públicos y privados dando más a los “mejores”. El Gobierno de Esperanza Aguirre pretende así incentivar a los centros y servicios más “eficientes” en detrimento de aquéllos menos solicitados, de manera que los mejores y más rentables  tenderán a “prescindir” de los pacientes menos rentables, como aquéllos aquejados de enfermedades crónicas o necesitados de cuidados más costosos. Además, la concentración de medios materiales y económicos en pocos centros y zonas geográficas agravará más aún las sobrecargas de trabajo, generará nuevas listas de espera y, como han advertido los propios equipos de Atención Primaria de Madrid, abrirá la posibilidad de `dirigir' interesadamente los flujos de población a algunos centros gestionados por empresas privadas mediante operaciones de marketing toda vez que la decisión del usuario no se basa tanto en la información contrastada como en la `calidad percibida'”. 

En base al nuevo modelo, los profesionales cobrarán incentivos variables sujetos a la productividad a partir de 2010, cobrando más aquellos que menos gastos generen. Es decir, aquéllos que menos deriven a los especialistas, menos y más cortas bajas laborales autoricen y menos pruebas diagnósticas soliciten en perjuicio de la calidad y, sobre todo, de la seguridad de los vecinos.

Nos encontramos, pues, ante otro capítulo del proceso de privatización de la sanidad pública que, a su vez, forma parte de una política más amplia de liquidación de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid. Su objetivo parece claro: adecuar la gestión del sistema público madrileño a las necesidades de un proceso de “desregulación” o, más bien, de regulación en función de los intereses de las grandes empresas que pujarán por hacerse con ese importante y lucrativo mercado. Otra norma dirigida a reorganizar los servicios públicos, no en función de las necesidades de los usuarios, sino de las exigencias que plantea su integración en el mercado.

Así, el decreto elimina de un plumazo las 11 áreas sanitarias centralizando la gestión en un único área y alejando así el centro de decisiones de los usuarios y los trabajadores del servicio público. Se eliminan los instrumentos de planificación más cercanos al ámbito en el que se presta el servicio, en el que se expresan y detectan la necesidades.

Como desafortunadamente viene siendo habitual, el Gobierno regional impondrá la medida por la vía del “decretazo”, sin someterla a la consideración de los sindicatos, asociaciones de profesionales y organizaciones ciudadanas. Y ello a pesar del estrepitoso fracaso de su implantación en Gran Bretaña y en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que en su informe de 2008 resaltaba que, hoy en día, una Atención Primaria cercana y suficientemente dotada de recursos públicos es más importante que nunca.

El anuncio de la próxima aprobación del decreto ha generado un amplio rechazo, puesto de manifiesto en la declaración social que varias organizaciones sociales presentaron públicamente hace poco y en las muchas iniciativas que desde los barrios y los centros de trabajo se han ido articulando como respuesta a este nuevo episodio del desmantelamiento del sistema público de salud en la Comunidad de Madrid.

Este sistema necesita, sin duda, muchas mejoras, pero ninguna de ellas pasa por alejar la gestión de los trabajadores y usuarios o por someterla a los mismos criterios que se utilizan para administrar una mercancía cualquiera. Mejorar nuestra sanidad pública significa dotarla de más recursos públicos, mejorar la Atención Primaria construyendo los, al menos 42 centros de salud y 20 centros de especialidades que, con urgencia, exigen las asociaciones vecinales y contratando al personal necesario para atender la demanada (un mínimo de 1.250 médicos de familia y 420 pediatras a los que hay que sumar personal de enfermería, administrativo, etc.).

Todos estos cambios se habrían puesto en primer término sobre la mesa si desde el Gobierno regional se hubieran articulado espacios participación y consulta en los que hubiera tenido lugar la palabra de usuarios y trabajadores y no se hubiera actuado a golpe de decreto, teniendo en cuenta únicamente las necesidades e intereses de las grandes empresas del sector.

Ignacio Murgui.
Presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid
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