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José Luis Palacios, presidente de la Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE)

'La lentitud de la Ley de Dependencia nos perjudica'

"La lentitud de la Ley de Dependencia nos perjudica"

Por Celia G. Naranjo
domingo 12 de julio de 2009, 00:00h
José Luis Palacios acaba de asumir la presidencia de la patronal madrileña de residencias y centros de día. Asegura que la implantación de la Ley de Dependencia, lejos de cumplir las expectativas del sector, lo está perjudicando, hasta el punto de dejar vacantes una de cada cinco plazas.
¿Cómo afronta la presidencia de AMRTE?
Queremos que sigan desarrollándose muchos aspectos que ya estaban en marcha, pero no nos queda más remedio que iniciar otra nueva serie de actuaciones. La aplicación de la Ley de Dependencia nos está perjudicando. Mucha gente que tenía previsto llevar a sus familiares a residencias o centros de día se está quedando en casa para ver si pueden acceder a los servicios por esa vía. También tenemos el reto de formar a nuestros trabajadores, porque la ley nos obliga a que los técnicos de atención sanitaria (TAS) tienen que acreditar unas 450 horas de formación. Según la Ley de Dependencia, el 1 de enero de 2011 el 35 por ciento de los trabajadores de atención directa tienen que tener ya esa titulación. Queda un año y cuatro meses y hasta que no sepamos qué hacer con nuestro personal, no sabemos si vamos a poder cumplir los objetivos.

AMRTE representa a las empresas de residencias y centros de día de la Comunidad. ¿Cómo está el sector?

En Madrid, ahora mismo, hay unas 40.000 plazas, de las cuales cerca del 20 por ciento están libres. Lo que no hay son residentes, porque en los últimos años se han abierto muchísimas residencias, y cubrirlas de golpe cuesta trabajo. Mucha gente se está quedando en casa esperando a ver qué pasa con la Ley de Dependencia. En cuanto a los centros de día, funcionan, pero solo en Madrid capital; fuera están funcionando peor. Podemos ofrecer muchas plazas. Entre públicas y privadas, habrá unas 45.000 plazas en residencias, de las cuales unas 16.000 están concertadas con la Comunidad.

Si los posibles residentes se quedan en casa y la Ley de Dependencia se aplica lentamente en Madrid, ¿cuál es el panorama?
Madrid es la comunidad que más está atendiendo a las personas dependientes. El problema es que a toda la gente la está atendiendo por servicios sociales y no por dependencia; a través de la ley está haciendo poco. Ahora están empezando a valorar a la gente y a ‘llevar’ a la gente por la dependencia. Los que no estaban atendidos antes, están esperando a ver si los valoran y empiezan a recibir lo que les corresponde.

¿Y mientras tanto?
En este ‘impass’ la gente se está quedando en su casa y, con la crisis, cada vez hay menos personas que pueden permitirse pagar una residencia. Nosotros ya arrastrábamos una crisis heredada en los últimos años, porque la Administración paga poco y las personas cada vez se quedan más en casa. Las residencias están dando unos servicios muy buenos en la región, pero hay que pagarlo, y para las pensiones actuales es caro.

¿Cuál es la solución?
La Administración tiene un dinero limitado, pero podría solventarse optimizando mucho más los recursos. Se están haciendo cosas que políticamente están bien, pero están resultando caras. Una plaza pública debe de costar en torno a 180 o 200 euros diarios, sin contar la inversión que haya hecho la Administración en crear ese centro o esa residencia. El último concierto salió a 54,30 euros. El ahorro es enorme. Las públicas están saliendo carísimas, aunque la calidad es la misma. Somos el sector más inspeccionado, y con razón, porque nuestros mayores merecen la mayor calidad posible. Entendemos que si en vez de invertir tanto en residencias públicas invirtiesen en servicios privados y en inspectores, podríamos dar mucha más calidad y muchos más servicios con la mitad de lo que cuesta una plaza pública. Por ejemplo, si en un pueblo hay cuatro residencias, con 150 plazas libres, y el ayuntamiento en vez de concertar con esas 4 residencias dedica una parcela pública, consigue financiación de una empresa pública para hacerla, a los cinco años ya está hecha, después la concierta con una empresa privada. Si no hubiese destinado ese suelo, si no se hubiese gastado esos millones en hacer una residencia, y si hubiese tenido las plazas cinco años antes, hubiese sido mucho mejor para el pueblo, que habría disfrutado de esas plazas cinco años antes y les hubiese costado la mitad a los ciudadanos.

¿Qué solución proponen?
A partir de ahora, con la Ley de Dependencia, sería que no concertasen con el sector, porque yo no tengo derecho a una prestación económica; el que tiene derecho es el usuario. Así que si al usuario le corresponde una prestación, una residencia, un centro de día, lo que sea, deberían darle lo que le corresponda por el copago, para que se vaya a la residencia que le pille más cerca de casa, o donde mejor le atiendan, o donde crea conveniente. Es ilógico obligar a una persona que vive en Aranjuez a aceptar una plaza en Colmenar Viejo porque es la que se ha quedado libre en este momento, so pena de no poder optar más a una plaza pública. Lo lógico es que a esa persona le den el talón o la 'flexiplaza', y que con el dinero de esa prestación acuda a donde quiera.

¿Son rentables las residencias y centros de día?

Ahora mismo no creo que haya ninguna residencia que gane dinero; todas estamos perdiendo, porque el precio de concertación es bajísimo. La Consejería está concertando plazas para discapacitados físicos y psíquicos en torno a 120 y 130 euros diarios, y para los mayores, entre los que puede haber discapacitados físicos y psíquicos, está concertando a 53,80. La diferencia es abismal. Si nos vamos al sector privado, como todo el mundo tiene plazas libres, están bajando los precios. Si yo tengo el 20 por ciento de las plazas sin ocupar, llega un momento en el que tengo que bajar los precios y perder lo menos posible, porque el personal es el mismo siempre. Y estamos hablando de personas.

Entonces, ¿habría que subir los precios de concertación?
La Administración debería plantearse qué tipo de plazas quiere. Cuando lo definan, nosotros veremos cuánto cuesta esa plaza para darles lo que ellos quieren. Entre el 60 y el 70 por ciento del coste de una plaza es laboral y los costes se definen por convenio. Y después se valora el espacio, los servicios... Si no lo puede pagar, a lo mejor hay que rebajar algo. O a lo mejor en vez de pedir servicios sanitarios tienen que poner los medios para que estas personas estén atendidas por la sanidad pública, porque todos tienen derecho a sanidad. ¿Para qué van a pagarla otra vez si ya la tienen? Pueden contratar los servicios sociales y hoteleros, pero si quieren los sanitarios en la propia residencia, tendrán que pagarlos aparte.

¿Cuáles son las demandas que ahora mismo tiene la patronal?

La más importante, la acreditación del sector. No sabemos qué va a pedir la Comunidad para acreditar los centros que presten servicios en el marco de la Ley de Dependencia. No podemos hacer ningún tipo de inversión porque no sabemos qué van a pedir, así que estamos parados. También hay que elaborar un mapa de necesidades en la Comunidad de Madrid, porque sabemos que hay un 20 por ciento de plazas libres, pero no sabemos si en Alcorcón falta una residencia o sobran cuatro. Al Ministerio de Educación le preguntamos qué tienen que hacer nuestros trabajadores. Y sería interesante que hiciesen una sola Ley de Dependencia y no 17, con 17 criterios.

¿Se están creando tantos puestos de trabajo en el sector como se esperaba con la Ley de Dependencia?

No y, además, algunas residencias y centros de día están empezando a cerrar. Si la situación sigue así empezarán a cerrar más, porque no se pueden mantener con tantas plazas vacías.
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