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Trillo no comparte la sentencia del Yak-42 e insiste en que hubo buena fe

Trillo no comparte la sentencia del Yak-42 e insiste en que hubo buena fe

Por MDO/E.P.
martes 19 de mayo de 2009, 00:00h
El ex ministro de Defensa Federico Trillo ha mostrado este martes su respeto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el Yak-42, aunque ha dicho que no la comparte, y ha insistido en que en todo momento los mandos militares actuaron "de buena fe".
Trillo se ha expresado así en una comparecencia sin preguntas ante los periodistas en la sede nacional del Partido Popular, tras hacerse pública la sentencia de la Audiencia Nacional que condena a tres años de prisión al general Vicente Navarro y a un año y medio de cárcel al comandante José Ramírez y al capitán Miguel Sáez por las identificaciones erróneas de 30 cadáveres del accidente del avión Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003.

Por su parte, el ex ministro de Defensa José Bono se declaró este martes "satisfecho" por la sentencia porque "ayuda a descubrir la verdad". Bono reiteró su apoyo a los familiares de las víctimas, como "siempre" ha hecho, según ha subrayado y añadió que "los muertos pueden ser honrados, pero más que con coronas de laurel o con coronaciones fúnebres, el mejor modo de honrarles es con la verdad".

La sentencia
La sentencia, notificada por el magistrado Javier Gómez Bermúdez -en la imagen- de la Sección Primera de la Sala de lo Penal sin lectura pública, impone también seis meses de multa para Navarro. Se trata de la primera condena que este tribunal impone a un general del Ejército en toda su historia.

El fiscal Fernando Burgos solicitaba cinco años de cárcel para Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos, y cuatro años y medio para los dos médicos que llevaron a cabo los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. A todos ellos les imputó un delito de falsedad en documento oficial por llevar a cabo la "invención" de 30 identidades.

Las familias de las víctimas, que ejercen la acusación particular, solicitaron de tres a seis años de cárcel por el mismo delito y reclamaron al tribunal que investigue "quién dio" a los acusados "la orden" de repatriar los cadáveres para celebrar el funeral de Estado dos días después del accidente. Uno de sus abogados incluso pidió que se determinara la identidad de "los autores intelectuales" que obtuvieron "un beneficio político" de la "pronta repatriación" de los cuerpos.

El juicio, que contó con la declaración de una veintena de testigos en las nueve sesiones en las que se ha desarrollado, comenzó el pasado 24 de marzo con la declaración del general Navarro. El principal acusado admitió que pudieron "bailarle" nombres y números en la relación de cadáveres que elaboró tras la catástrofe, aunque atribuyó los posibles "errores" a las autoridades turcas. Ramírez y Sáez, por su parte, se limitaron a señalar que siguieron las órdenes de su superior y que nunca dudaron del procedimiento que estaban llevando a cabo.
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