Recurren la orden regional sobre dependencia

El recurso contencioso-administrativo, presentado el pasado 13 de abril, solicita que se declaren nulos varios artículos de la Orden regional porque "las normas aprobadas por la Comunidad de Madrid son contrarias a la ley que pretendidamente desarrollan, la Ley de Dependencia", según afirmó la plataforma en un comunicado.

Según el abogado de este colectivo, "el punto más llamativo y absurdo de la norma que se impugna es que establece efectos desestimatorios al silencio de la Administración y trata de dar cobertura legal a unos retrasos escandalosamente injustificados".

Una de las principales cuestiones que se recurre es que norma regional "desdobla el procedimiento y autoriza el incumplimiento de los plazos previstos en la ley", de forma que "los retrasos y la desidia de la Comunidad en la tramitación de la solicitud tendría como efecto que el dependiente perdiera el derecho que la ley le reconoce", destacó Ausín.

Otra de los motivos por los que se impugna esta Orden es su forma de elaboración, ya que "no se ha ajustado a las exigencias legales para la elaboración de Reglamentos" y "no ha querido oír a los afectados ni a las asociaciones representativas, pese a que la ley así lo exige".

200 consultas atendidas
La Plataforma por la Dependencia en Alcorcón, donde existen alrededor de 6.000 personas dependientes, se creó el pasado 28 de noviembre con el objetivo de exigir a la Comunidad "el cumplimiento efectivo" de la Ley de Dependencia, que se desarrolle todo el catálogo de servicios y que se agilicen las resoluciones sobre el grado y nivel de dependencia.

El secretario de la Plataforma, Santiago Juárez, adelantó que el colectivo ha atendido unas 200 consultas desde el mes de enero, de las cuales 90 implican responsabilidad jurídica, algunos porque aún están pendientes de recibir la confirmación y otros porque aún no han recibido la prestación que les ha sido concedida.

Aunque aún están pendientes de plantear los primeros recursos a nivel individual, para Juárez, el primer paso era recurrir la orden de la Comunidad de Madrid, porque "implica un retroceso en cuanto a la aplicación" de la Ley que reconoce los derechos de los dependientes, "porque se eterniza desde que te valoran el grado de dependencia hasta que se aprueba la prestación", llegando incluso a "doblarse el plazo".