Unos 1.000 empleados del Canal de Isabel II acordaron este jueves en asamblea "recrudecer" su protesta contra la privatización del 49 por ciento de la compañía, por lo que prevén un calendario de movilizaciones, recogida de firmas y una campaña de información ciudadana. Además, varias organizaciones sociales han iniciado una campaña contra la futura gestión de la empresa pública.
La presidenta del comité, Loreto Cigarrán, explicó este jueves que el plan de acciones concretas se fijará en los próximos días y se extenderá hasta Navidad, y adelantó que incluirá la celebración de asambleas informativas en los puestos de trabajo, recogida de firmas, manifestaciones, así como una campaña de información ciudadana en intercambiadores de autobuses y otros "lugares concurridos".
"Queremos que los ciudadanos sepan que la privatización del Canal repercutirá en un aumento de las facturas del agua y una disminución de la calidad del servicio", puntualizó Cigarrán. Además, aseguró que los trabajadores del Canal se unirán a otros colectivos sociales para crear una plataforma conjunta "contra la privatización de los servicios públicos".
Más protestas
Por otra parte, las organizaciones Ecologistas en Acción, Attac, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos y WWF/Adena iniciaron este jueves una campaña contra la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II, al considerar que produciría graves daños sociales y medioambientales.
Según las asociaciones, que protagonizaron este jueves una protesta frente a la sede del Canal, la privatización impulsada por el Gobierno regional produciría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento, ya que la gestión del agua conlleva actuaciones ambientales y sociales que no económicamente rentables (caudales ambientales, protección de riberas o depuración de aguas residuales).
La escasa rentabilidad de facilitar el agua a los sectores más desfavorecidos podría ser otro de los aspectos que se vieran perjudicados, según aseguran estas asociaciones en un comunicado remitido por Ecologistas en Acción.
La privatización supondría, además, que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera, que irían a parar a los futuros accionistas, señala el comunicado. Finalmente, las asociaciones prevén que dejen de hacerse campañas de concienciación ciudadana sobre el ahorro de agua y que desaparezcan las inversiones en reducir las pérdidas de la redes de distribución.
La Comunidad pretende sacar a Bolsa el 49 por ciento del capital del Canal de Isabel II como un medio para los 4.000 millones de euros que necesita para sus inversiones de los próximos diez años. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, manifestó recientemente en la Asamblea de Madrid que prefiere privatizar la empresa a endeudarla.
Entre esas inversiones se encuentra la construcción de dos embalses en la región, una medida rechazada por las asociaciones civiles se manifestaron este jueves porque "con las infraestructuras actualmente existentes se garantiza plenamente el abastecimiento de la población de la Comunidad de Madrid, incluso con el incremento previsto para las próximas décadas".
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