La comisión de 'Guateque' se cierra con polémica

Las críticas recíprocas se centraron en el orden de comparecientes y en el sistema de tramitación de licencias. Finalmente, se aprobó el dictamen propuesto por el Partido Popular con la aprobación de cuatro puntos del grupo Izquierda Unida. Las propuestas del PSOE, así como sus peticiones de dimisión fueron rechazadas con los votos del PP e IU.

El delegado de Economía y portavoz Popular en la comisión, Miguel Ángel Villanueva, explicó que el Ayuntamiento ha mostrado su "más absoluta colaboración con la justicia" y que "tras dos reuniones de la comisión de investigación, fue claro que era imposible ponerse de acuerdo en las comparecencias". Explicó, además, que el 'caso Guateque' no ha tenido incidencia en la ciudad y, para eso, mostró los datos económicos de Madrid en los últimos años. El edil aseguró que, desde el PP, se pidió que compareciesen "en primer lugar" los imputados, "sin descartar, posteriormente, a otros".

Preguntó al PSOE "qué tenía que ocultar" al pedir responsabilidades políticas y evitar solicitar la comparecencia de algunos de los imputados. Y continuó opinando que "los socialistas han intentado torpedear la presencia del Ayuntamiento como parte personada en el caso". De hecho, Villanueva recordó que el juez Torres, que instruye el 'Guateque', ha considerado "inútil, improcedente, irrelevante e improcente" la comparecencia de cargos políticos.

"Escondidos tras el sumario"
David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista, indicó que el dictamen aprobado es un "portazo a la investigación de la trama". Aseguró que "el Gobierno municipal se ha escondido tras la instrucción sumarial  y sólo ha pedido la comparecencia voluntaria de los imputados". "Quieren presentar como víctima al Ayuntamiento como víctima", continuó. Lucas afirmó que se han ocultado datos de los 250 expedientes investigados por el juez y que la información solicitada se recibió este jueves.

También dijo que se está permitiendo que haya un caos administrativo, que las infracciones se dejen prescribir y caducar, y que la tramitación de licencias se realice en 680 días ("diez veces más de lo indicado en la ordenanza"). Por último, aseguró que, "a pesar del cerrojazo del PP al 'Guateque', la investigación no ha hecho más que empezar y vamos a llegar al final de este asunto".

El portavoz de Izquierda Unida en la comisión, Ángel Pérez, explicó que "el PP ha querido convertir en todo momento el proceso en una trama de funcionarios sin atender a las comparecencias de cargos del Ayuntamiento que se les han solicitado". Pérez aseveró que "la actitud del PP hace inviable una comisión de investigación ya que convierte la misma en una copia del proceso judicial".

Explicó que la comparecencia no es una imputación política y que no debería haber problema de que estos individuos "explicasen su versión". Y concluyó su intervención explicando que "olvidando la militancia política, todos los miembros de la comisión se tendrían que haber arremangado para solucionar un problema de gestión y de corrupción que afecta a los ciudadanos, en vez de impedir conocer las causas de lo que ha ocurrido como ha hecho el PP". Sin embargo, el representante de IU no pidió dimisiones ni fueron en contra del dictamen de la comisión.

Memoria anual y más recursos humanos
Las propuestas aprobadas por el PP para la primera fase de la tramitación fueron las siguientes. Se elaborará una Memoria anual, cuyo contenido tendrá que ser aprobado por Junta de Gobierno. Se desarrollará la Inspección General de Servicios para garantizar el funcionamiento de servicios públicos. El PP propone la aplicación uniforme de la normativa de licencias y la promoción de servicios de Disciplina Urbanística. Se fortalecerán las medidas de garantía de la gestióna administrativa ampliando la información al ciudadano, desarrollando sistemas asociados de información de tramitación de licencias, digitalizando expedientes y, sobre todo, el refuerzo de los recursos humanos con 173 nuevos efectivos en los distritos y el Área de Gobierno de Urbanismo para acelerar la tramitación.

También se elaborará un sistema de consultas que incluirá una consulta urbanística común, otro especial que garantizará la interpretación de la normativa y la expedición de una licencia provisional que exigirá confirmación posterior. Se ampliará el servicio de información al teléfono 010 y a través de la página web del Ayuntamiento. Por  último, se creará un censo de establecimientos de actividad económica y un Plan de disciplina urbanística que se aprobará en tres meses. Todas estas medidas, explicó Villanueva, se aplicarán en cuanto sea posible.

Las medidas aprobadas de Izquierda Unida se basaron en cuatro puntos: la creación de un programa de actuación para garantizar el proceso y resolución de la tramitación de licencias; la implantación de un sistema de comunicación telemática y personal que mantenga informado de forma constante a los interesados; la redacción de un código de buenas prácticas; y la elaboración de una ordenanza municipal de protección de legalidad urbanística.

Petición de dimisiones
Por último, el PP aceptó la propuesta de crear un inventario de procedimientos de tramitación, siempre y cuando se apruebe aplicando la ordenanza al respecto que se aprobó en 2005. Finalmente, descartó la creación de la figura del defensor urbanístico, pero a cambio el Consistorio garantizó la inspección del sistema y de la tramitación de las licencias.

Por su parte, las propuestas del PSOE fueron rechazadas. Sin embargo, Lucas anunció la petición de dimisión o cese de la ex- concejala de Medio Ambiente y actual delegada de Obras y Espacios Públicos, Paz González; su homóloga de Urbanismo, Pilar Martínez; el concejal de Coordinación Territorial, José Manuel Berzal; los concejales de Centro, Chamberí, Salamanca y Chamartín, así como sus gerentes; el director general de Medio Ambiente y la directora general de Coordinación Territorial.