"Dancausa usa mano de hierro con guante de seda"

¿Cómo valora el sistema de servicios sociales del Ayuntamiento?
En Madrid no existe eso: hay servicios, hay asistencialismo, hay personas que escuchan, pero no hay un sistema ordenado. El programa electoral del PP ya hablaba de los ratios de habitantes por trabajador social y de abrir los centros por la tarde hace ocho años, y ahora lo vuelve a alargar hasta dentro de dos años. Y si cumpliera todo lo que dice el borrador, tendrían que incrementar mucho el presupuesto, porque también tendrían que incrementar el número de auxiliares administrativos. De hecho, los 3.000 expedientes de la Ley de Dependencia que hay ahora mismo atascados se deben más a la carencia de auxiliares administrativos, que tienen un cuello de botella permanente, porque atienden tanto a los trabajadores sociales como al personal de las empresas externas y las que desarrollan los programas específicos.

¿Cuál es la solución?
Ya Inés Sabanés reclamaba un plan estratégico de servicios sociales, y nosotros seguimos haciéndolo. No hay diagnóstico de los problemas ni planificación. La delegación actúa sobre la marcha sobre las demandas concretas que van viniendo, y luego sobre otras cosas que no nos competen, como los Puntos de Encuentro Familiar, que son competencia de la Comunidad. Además, la descoordinación entre Comunidad y Ayuntamiento, a pesar de que son del mismo partido, es tremenda.

¿Existen suficientes recursos para poner en marcha ese plan estratégico?
Es muy difícil que las legislaciones estatales y autonómicas salgan adelante en Madrid por varios motivos: no hay una ley marco de servicios sociales, y al no existir ese sistema público no se dota de financiación suficiente. Se financia en función de la voluntad política, porque nadie obliga al Ayuntamiento a que reserve una cantidad determinada. Además, sin municipalismo, los servicios sociales no pueden funcionar. No puede ser lo que está pasando con la Ley de Dependencia: el asistente social coge los papeles, se los pasa a la Comunidad de Madrid, que valora y se lo vuelve a mandar al asistente social para que haga el informe, se lo vuelve a mandar a la Comunidad para que haga el plan de intervención y decida. Ese recorrido, que en teoría tarda seis meses y que en la práctica se demora más, podría reducirse a la mitad si lo hiciera el Ayuntamiento. Esta rapidez solo se conseguirá ordenando el sistema público.

¿Por qué ocurre esto?
El problema es el de siempre: el dinero. En los Presupuestos Generales del Estado, hay partidas para sanidad o educación, pero no para servicios sociales. Lo que estamos haciendo es poner parches y esa falta de planificación hará que fracasen muchas voluntades políticas: aunque los gobiernos quieran hacer cosas, fracasarán.

Hablando de la Ley de Dependencia, ¿qué está pasando en Madrid?
Estoy convencida de que, después de haber perdido las elecciones, el PP hará todo lo posible desde la Comunidad y desde el Ayuntamiento para que no funcione. Aunque no lo admitirán, van a intentar poner dificultades para que avance. El Ayuntamiento sostiene que ya está haciendo más de lo que la ley dice y que, por lo tanto, ha cumplido, y ese va a ser su discurso para esta legislatura. Seguro que intentan justificar la falta de atención con ese tipo de mensajes, así que los ciudadanos y la oposición tenemos que armarnos para defender esa ley.

¿Tienen recursos los servicios sociales para hacer frente a los retos que se les presentan?
Los trabajadores sociales de la última oposición están a falta de que les asignen un puesto de trabajo desde hace dos años. Eso cubrirá un 25 o 30 por ciento más de plazas. Lo que harán es ponerles a trabajar ya, así que lo que van a hacer no es nada nuevo: ese incremento del número de plazas responde a la oferta de empleo público que tenían parada y que van a empezar a sacar poco a poco. Durante los cuatro años que gobernó Ana Botella no hubo incremento de plantilla y eso es una deuda pendiente, no un esfuerzo extraordinario.

¿Qué opina del modelo de 'gestión indirecta' de los recursos sociales?
El Ayuntamiento ha contratado con empresas privadas los servicios imprescindibles para seguir rodando, y eso trae otro tipo de problemas: los que han entrado en los servicios sociales a través de estas empresas privadas tienen más precariedad y además no hay control de esas empresas: la reciente intoxicación en el albergue, por ejemplo, responde a esa falta de control. La delegada confía en las empresas que para ella son de total confianza. Hasta el punto de que hace poco, Concepción Dancausa se atrevió a hacer lo que no hizo Ana Botella: se fue a presentar el plan de dependencia a la patronal. No han ido a explicárselo a la gente, sino que ha dicho a los empresarios: “Tenéis una oportunidad de negocio espectacular. Montad cosas, que yo lo concierto con vosotros y el dinero que me da el Estado va a ir a vuestros bolsillos, para que vosotros negociéis con la dependencia". Ana Botella tenía mano de hierro, pero Concepción Dancausa utiliza la misma mano de hierro con guante de seda.

¿Hacia dónde nos dirigimos?
Ese modelo estratégico de liberalismo están empezando a meterlo en  los servicios sociales; es decir, de ellos quieren hacer una gran empresa al servicio de sus intereses, y no al de la atención social, porque si así fuera, lo que harían es un plan estratégico, un diagnóstico real de los problemas de Madrid y un plan de inversión serio para esos temas, y no un plan que viene a decir que van a contratar unos pocos trabajadores sociales más pero no llega al ratio, y que van a hacer centros, que ya lo decía el programa electoral, pero que sigue siendo una diferencia tremenda con el ratio internacional, que es un centro por cada 20.000.

¿Cómo valora el balance de las personas atendidas por los servicios sociales?
Resulta imposible comparar las cifras de un año para otro, porque cada vez las cuentan de una forma diferente. Un año cuentan los usuarios, otro las familias, otro el número de casos que presentan un determinado problema. Esto lo que pretende es sumar más. El sistema informático es muy complicado y supone una carga añadida para el trabajador social. Y me preocupa que quieran agilizar la atención, porque estamos hablando de personas con auténticos dramas personales, solo para ajustar los datos. Eso dará como resultado una falta de calidad.

¿Qué opina de la política de inmigración del Ayuntamiento?
El anterior plan de inmigración terminó en 2007 y ni siquiera se han molestado en comprometerse con un nuevo plan, así que no sabemos qué política de inmigración tiene el Ayuntamiento. Pero además, hasta ahora no se habían atrevido a convertir la inmigración en un problema, pero lo van a empezar a hacer. Eso es muy serio, porque sobre este tema debería haber un consenso entre todos los partidos. En un país como el nuestro, donde no se llegan a cubrir las necesidades sociales, no hay guarderías para todos, ni residencias, ni una pensión digna, cuando vienen los inmigrantes, el ciudadano se pelea con ellos, porque como individuo no tiene capacidad para pelearse con el Estado. El problema es que no hay servicios para todos.

¿Qué se podría hacer?
Lo primero que deberían hacer es tratar a los inmigrantes como a cualquier otro ciudadano, y no montar los dispositivos de atención al inmigrante al margen de la red general. Los tratan como ciudadanos de tercera categoría. La única solución es inversión en recursos y servicios y tratarles en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.

¿Considera suficiente el incremento del presupuesto para inmigración?
Vamos a tener un serio problema, porque ha aumentado mucho el presupuesto en inmigración y no sé a dónde se está yendo el dinero. Como llegue el mes de septiembre y no haya otra cosa, será que les sobra el dinero que tienen porque no van a poner en marcha más cosas. Pero los inmigrantes de esta ciudad están teniendo los mismos problemas que los que han nacido aquí: algunos viven bien y otros mal. Y al PP le interesa que, en lugar de integrarse, defiendan su identidad.

¿Qué ocurrirá si la desaceleración económica golpea a los inmigrantes?
El inmigrante está contribuyendo a la Seguridad Social y dentro de poco habrá algunos que cobren pensión no contributiva, y jubilación, y que estén realmente integrados. Cuando han venido a aportar, el empresariado les ha dado la bienvenida, pero cuando vengan las vacas flacas ya veremos qué pasa. Esto es muy preocupante, sobre todo por la ruptura social que puede crear.

Está a punto de terminar la Campaña del Frío. ¿Cómo valora su desarrollo este año?
Nosotros creemos que en las calles de Madrid viven de 3.000 a 6.000 personas, y el Ayuntamiento dice que son de 1.000 a 3.000. El recuento de estos días ya habla de 2.500,  y eso que se trata de una foto fija. Si a eso le sumamos la gente que está en coches durmiendo, los de los albergues, los de las casas desocupadas, estoy convencida de que hay entre 5.000 y 6.000 personas. Este año no ha pasado nada extraordinario gracias al albergue de Vicálvaro y a algún recurso nuevo. También, con persecución de que son objeto en Madrid, los 'sin techo' están empezando a desplazarse a los municipios de alrededor.

¿Qué medidas hacen falta para atender a las personas sin hogar?
Hace falta descentralizar los recursos y crear pequeños hogares donde no solo las personas sin hogar, sino un adolescente o un joven que en un momento dado no puede dormir en su casa, o una mujer maltratada a la espera de que se le asigne un recurso, puedan pernoctar en caso de situaciones de riesgo y de conflicto. Si en un barrio, en vez de reunir a quinientas personas sin hogar bajo el mismo techo, juntas a veinte, y además uno es un joven, otro es una mujer y otro es una persona mayor, se crearían relaciones de solidaridad entre ellos.