Las pruebas de evaluación externa que comienzan este martes en la Comunidad de Madrid han vuelto a generar controversia en el ámbito educativo. Más de 280.000 alumnos de Educación Primaria y Secundaria están llamados a participar durante dos jornadas de exámenes, que según el Gobierno regional, buscan medir el nivel de competencias clave. Sin embargo, el sindicato Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha manifestado que estas evaluaciones son una fuente de “burocracia inútil” que alteran el funcionamiento ordinario de los centros educativos.
La convocatoria establece la realización simultánea de estas pruebas en todos los colegios e institutos, tanto públicos como concertados. Están dirigidas a alumnos de 4º y 6º de Primaria, así como de 2º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria. Durante dos días, los estudiantes serán evaluados de materias troncales como Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o Inglés, junto a asignaturas como Geografía e Historia. Desde la Administración han defendido que esta iniciativa permite a los centros “analizar sus resultados y poner en marcha planes de refuerzo y mejora del rendimiento académico”.
“Es el desastre de dos días, donde los centros educativos van a estar patas arriba”
Por su parte, CSIF ha trasladado a Madridiario que la organización de estas pruebas recae sobre los equipos docentes, que asumen tareas adicionales sin que exista ninguna compensación. “El examen llega digitalizado, hay que imprimirlo, organizarlo, repartirlo y preparar al alumnado”, han señalado desde la organización sindical. “Es el desastre de dos días, donde los centros educativos van a estar patas arriba”, han asegurado de manera contundente desde CSIF. “La Consejería fija las fechas sin tener en cuenta la planificación de los centros ni sus recursos disponibles”, han añadido.
Impacto en la actividad lectiva
Para garantizar la correcta ejecución de los exámenes se requiere la presencia de docentes (miembros del profesorado habitual del centro) en tareas de vigilancia. Esta reorganización, han comunicado desde la organización, implica que los docentes abandonen temporalmente sus clases habituales. “Como un docente solo puede estar en un sitio a la vez, tiene que dejar su clase de otro grupo para aplicar las pruebas, y eso significa que se están perdiendo horas de clase”, han destacado. A esta carga organizativa se suma la corrección de las pruebas, que se realiza de manera interna por los propios docentes.
En este contexto, una de las principales reivindicaciones de CSIF es que estas evaluaciones sean voluntarias y retribuidas. “Aquí al final no hay voluntariedad y son los equipos directivos quienes al final designan a los docentes encargados de estas tareas”, han descrito desde el organismo, describiendo un sistema marcado por la falta de voluntarios. “Como nadie quiere hacer estas cosas, luego será el equipo directivo el que diga tú sí, tú no”, han insistido.
Dudas sobre las mejoras en la calidad educativa
Otro de los aspectos cuestionados es la utilidad real de estas pruebas como herramienta de mejora educativa. “La teoría habla de que los resultados servirían para enseñar planes de mejora, pero realmente no se destinan más recursos para que esto funcione mejor”, han subrayado. “Si esto valiera para que mandasen más recursos, más docentes, para mejorar los refuerzos, bueno. Pero realmente no es así”, han revelado fuentes del sindicato, señalando que los centros con contextos educativos con malos resultados no reciben una mayor dotación de medios tras las pruebas.
“Es el típico día donde los concertados invitan a los alumnos con peores resultados a no venir a clase”
Paralelamente, el sindicato también siembra dudas sobre la equidad del sistema de evaluación entre los distintos centros. “Es el típico día donde los concertados invitan a los alumnos con peores resultados a no venir a clase”, han contado desde el organismo. Desde CSIF han asegurado que existe un tipo de estrategias para mejorar artificialmente las medias de determinados centros.
Frente a las críticas, el Gobierno regional ha sostenido que las evaluaciones externas son una herramienta fundamental para conocer el estado del sistema educativo. Fuentes de la Consejería de Educación, han apuntado que este proceso cuenta con la participación de la Inspección Educativa, las direcciones de Área Territorial y los propios centros. “Los colegios e institutos madrileños podrán estudiar los resultados obtenidos por sus alumnos y utilizar ese análisis para aplicar planes de refuerzo y mejora del rendimiento académico en cada asignatura”, han dicho.
“No hay tortas precisamente para participar”, han comunicado, en alusión a la falta de interés del profesorado por implicarse en este proceso. Bajo este contexto, CSIF ha insistido en la necesidad de replantear las pruebas de conocimiento como un sistema de funcionamiento útil dentro del sistema educativo. Entre sus propuestas, han destacado la voluntariedad y la retribución de las tareas asociadas a estas pruebas, así como un compromiso de la Administración para destinar recursos adicionales donde se detecten mayores necesidades.
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