La polémica 7B de Metro reabrirá el próximo 22 de noviembre tras más de tres años y una inversión de 170 millones

Miércoles 12 de noviembre. 16:00 horas. Estación de Metro de Estadio Metropolitano. Citados por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, un nutrido grupo de periodistas convergen en el vestíbulo del popular apeadero. La ubicación no es en absoluto casual. Se trata de la frontera que divide la Línea 7 del suburbano madrileño, la de color naranja, en sus dos tramos: la zona A, comprendida entre Pitis y el feudo colchonero, y la polémica B, trayecto que conecta Barrio del Puerto con Hospital del Henares.

Polémica -y es decir poco- por la sucesión de cierres que esta rama de la línea atesora en su corto haber: hasta nueve desde que una sonriente Esperanza Aguirre cortase el cordón inaugural en el año 2007. Y, más aún si cabe, a raíz de los problemas estructurales ocasionados por las filtraciones de agua en el suelo. Problemática no detectada en origen y que acabaría por forzar el derribo de 73 viviendas, afectando además en mayor o menor medida a otras muchos edificios colindantes. El foco, claro, sobre el municipio de San Fernando de Henares , muy especialmente sobre la calle Rafael Alberti, y Coslada.

Flanqueada por una patrulla de la Policía Nacional y una veintena de integrantes de la 'Plataforma de Afectados de Metro L7B' que años después aún continúan con las protestas, la variopinta expedición, integrada por profesionales de los medios de comunicación, responsables políticos y un buen puñado de técnicos de la Dirección General de Infraestructuras, la rama de la consejería responsable de las obras, se dispone a realizar el trayecto previo a la reapertura de la 7B desde su clausura parcial -de San Fernando en adelante- en agosto de 2022, más de 1.200 días después. Un cierre, para más inri, que sería ampliado en verano del año pasado para inutilizar también las paradas de La Rambla y Coslada Central.

El objetivo de la convocatoria a cargo del Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso era doble. Por un lado, se trataba de mostrar en primera persona y, de paso, poner en valor los trabajos efectuados hasta la fecha para que el servicio pueda entrar de nuevo en funcionamiento. Y hacerlo, como no podía ser de otra manera, "con totales garantías de seguridad", tanto para los viajeros como para los vecinos que todavía habitan sobre el circuito.

Entre tales labores, el drenaje exterior, la estabilización y consolidación del terreno en superficie, la impermeabilización del trasdós del túnel, la reparación de la superestructura, la construcción de un nuevo tanque de almacenamiento de aguas residuales, importantes mejoras en la depuración para el tratamiento de fangos, la demolición de edificaciones dañadas o la urbanización de nuevos viales, parcelas y el complejo dotacional -con parque urbano incluido- 'El Pilar'.

A fin de que la situación no se vuelva a reeditar en el futuro, la previsión incluye asimismo servicios de mantenimiento y conservación, así como actividades de vigilancia, tanto en la propia infraestructura como en los terrenos afectados. También auscultación, supervisión geotécnica, control y consultoría.

Por otro, y aquí la clave, dar a conocer la anhelada -fundamentalmente por usuarios y administraciones- fecha de reapertura del tramo de la discordia. Coincidiendo con el pistoletazo de salida al alumbrado navideño en la capital y tras tres años y tres meses de espera, esta tendrá finalmente lugar el próximo sábado 22 noviembre. La inversión total, 171,2 millones de euros procedentes de las arcas públicas de la región.

Protesta vecinal

Plenamente consciente de la "alteración" ocasionada sobre la "vida cotidiana" de los vecinos afectados, el director general de Infraestructuras de la Comunidad, Miguel Núñez, no ha querido dejar pasar la ocasión de, tras reconocer la "complejidad técnica" y, sobre todo, "sentimental" y "humana" de la actuación, recordar, agradecer y trasladar toda su "empatía" y "cariño" a los habitantes de Coslada y San Fernando de Henares.

Aunque el propio Núñez situaba "en primer lugar" la "seguridad de los vecinos" y la "protección de sus inmuebles", las palabras del responsable no han sido acogidas de buen grado en el seno de la siempre combativa 'Plataforma de Afectados de Metro L7B'. "-La reinauguración de la Línea 7B- nos parece fatal. Parece que se están riendo de todos los vecinos de San Fernando de Henares. Se han dado mucha prisa para abrir la línea y para construir el parque famoso, se han gastado una millonada en inyectar hormigón y han primado al Metro frente a las personas", resumían tajantes.

"Han primado al Metro frente a las personas"

Más aún, y al margen de las viviendas ya derribadas, cuando otros muchos edificios permanecen "muy dañados" y sin visos de solución a corto plazo. "Grietas, humedades, techos, paredes y azulejos destrozados.... Puerta que no se abren y otras que se cierran solas... Hay vecinos que necesitan una reforma integral. Yo mismo tengo un presupuesto de una empresa de reformas que dice que arreglar mi casa para dejarla como estaba cuesta 27.000 euros, pero todavía no sabemos la indemnización que nos va a dar la Comunidad. ¿Por qué no solucionan eso antes del Metro o antes de ponerse construir un parque que nos va a costar diez millones de euros a todos los madrileños", lamenta David Casado, uno de los afectados congregados en la protesta.

De acuerdo con las cifras aportadas por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, hasta la fecha se han invertido más de 17 millones en "actuaciones en viviendas afectadas, gastos de alojamiento, manutención, suministros, locomoción, mudanzas y la puesta en marcha de la Oficina de Atención al Ciudadano y Edificación". Además, a 31 de octubre de 2025, mismas fuentes cifran las indemnizaciones -de responsabilidad patrimonial- ya entregadas en casi 12 millones de euros. El montante total consignado a tal fin, más de 23 millones.

En cualquier caso, los casi 30.000 euros a los que aluden los vecinos para reformar cada vivienda distan muy mucho de la "indemnización media" hacia la que apuntan, por contra, en la Dirección General de Infraestructuras: en torno a 6.000 euros por familia y 25.000 por comunidad de propietarios.

Más allá de la mil y una veces denunciada "falta de diálogo" y como guinda, la vecindad critica también que los expedientes pendientes de resolución -sumando responsabilidad patrimonial y funcional- son "muchos más" de los 385 estimados por la Comunidad. El principal problema, que "se niegan a reconocer los daños causados". "Nos dicen que las grietas salen porque los edificios son viejos, porque hemos puesto ascensor... Hay muchas casan que se van a quedar sin arreglar porque la Comunidad no las reconoce como afectadas (...). Pedimos soluciones verdaderas, reales. No la pantomima que están haciendo", sentencia Casado visiblemente indignado.