Esta semana comienzan las vistas para decidir si las indemnizaciones por los daños causado por la Línea 7B de Metro ofrecidas por el Ejecutivo regional son válidas o no. Para ello, este lunes, un perito designado por los afectados ha ratificado ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) que la tasadora contratada por la Comunidad de Madrid valoró “muy por debajo” del precio medio de mercado los inmuebles dañados por las obras, incluyendo viviendas, plazas de garaje y locales comerciales.
En esta primera jornada en la Sección Décima de lo Contencioso-Administrativo, ha declarado este arquitecto perito vinculado a la asociación Rafael Alberti y Presa, quien ha cuestionado abiertamente las tasaciones oficiales. Las sesiones continuarán este martes y jueves con más peritajes, y el viernes está prevista la comparecencia de psicólogos que trataron a los afectados.
Desde esta asociación vecinal denuncian que la Comunidad de Madrid ha calculado las compensaciones de forma generalizada, sin considerar elementos clave como los metros cuadrados de las viviendas, lo que consideran “injusto”.
Durante su intervención, el arquitecto ha explicado que en su informe ha utilizado parámetros técnicos como superficie, ubicación y antigüedad del inmueble, además de aplicar la normativa ECO (Orden ECO/805/2003), que rige las valoraciones inmobiliarias para fines financieros. Según el perito, el informe de la empresa Tinsa, contratada por la Comunidad, presenta valores claramente por debajo de la media.
"Las valoraciones siempre pueden ser un poco relativas, pero yo considero que en el caso de ese informe de valoración hay una tendencia clarísimamente de desvirtuar y llevarlo a la baja, descaradamente", ha asegurado. Como ejemplo, señaló que se llegó a valorar una plaza de garaje en apenas 11 o 12 mil euros, la mitad de su precio habitual en la zona. "Está muy desvirtuado. Llevarían una estrategia posiblemente de acuerdo con quien les contrató", ha afirmado.
Juan Antonio Presa, presidente de la asociación, ha lamentado que se haya tenido que llegar a juicio por la negativa de la Comunidad a escuchar sus reclamaciones sobre las tasaciones, el daño moral y las pérdidas por alquileres. "Se han jactado de repetir una y otra vez que se ha llegado a un máximo legal y yo pregunto ¿cuánto es un máximo legal? Si la vida de una familia se ha visto destrozada, ¿quién dice que es el máximo legal?", ha cuestionado.
"La Comunidad de Madrid lo que ha hecho es minimizar todo ese tipo de cosas". "La diferencia es muy grande, están todos fuera del mercado. Hoy una vivienda con la cantidad que nos indemnizó ya la comunidad de Madrid es imposible comprar en el entorno, y no solo en el entorno, en cualquier pueblo de la comunidad de Madrid", ha criticado.
Los vecinos exigen al Gobierno regional una revisión al alza de las compensaciones. Las cantidades actuales oscilan entre 136.000 y 355.000 euros por vivienda, con sumas adicionales de entre 10.000 y 33.000 euros por plazas de garaje. Sin embargo, los afectados sostienen que el valor real de los inmuebles en esa zona ronda los 250.000 euros, por lo que consideran insuficientes las indemnizaciones.
La Comunidad de Madrid defiende el proceso
Por su parte, la Comunidad de Madrid ha defendido que las valoraciones realizadas se ajustan a criterios técnicos y jurídicos, y que han sido elaboradas por empresas avaladas por el Banco de España. Además del valor del inmueble, aseguran que también se ha contemplado la compensación por desalojo, derribo, mudanza, guardamuebles, pérdida de pertenencias, daño moral y lucro cesante.
Desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras subrayan que los afectados tienen derecho a acudir a los tribunales si no están conformes con las indemnizaciones. "El Gobierno de la Comunidad Madrid respeta esta decisión, así como el proceso judicial que se deriva de estas acciones", han señalado.
Por otro lado, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha defendido este lunes que el Gobierno regional ha hecho "todo lo que estuvo en su mano" para apoyar a los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro, destinando más de 11 millones de euros en ayudas.
"Respetamos las decisiones que algunas familias pueden hacer, están en su derecho de poder acudir a los tribunales. Nosotros desde el primer minuto dijimos que íbamos a dar el máximo legal, pusimos, lógicamente, la tasación en manos de los mejores en nuestro país y, por tanto, para poderles compensar no sólo por la vivienda, también por los daños morales", ha indicado García.
El consejero ha recalcado que la Comunidad "desde el minuto uno no escondió la cabeza debajo del ala" sino que hizo "todo en su mano" para apoyar a las familias afectadas. Asimismo, ha asegurado que atacarán las resoluciones judiciales que se deriven del proceso.
PSOE y Más Madrid critican la gestión regional
El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha calificado de “inhumana e indigna” la gestión que está llevando a cabo la Comunidad. Por su parte, Más Madrid ha tachado de “negligente” al Ejecutivo.
Desde el PSOE, la portavoz Mar Espinar ha denunciado que los afectados "llevan años esperando que se haga justicia" y les tienen "pleitando durante años para darles una indemnización digna". "Es la inhumanidad, es la indignidad, es la falta de empatía característica de esta presidenta que desprecia siempre a las víctimas de sus propias políticas", ha afirmado.
Espinar ha insistido en que, mientras el PSOE defiende “derechos”, el PP “ataca a personas”. "Lo hizo con las residencias, lo hizo con las víctimas de las obras de la línea 7B y lo hace con los que salimos a la calle a defender la sanidad pública", ha añadido, mostrando su confianza en que al final "se haga justicia".
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, también ha mostrado su respaldo a las familias afectadas y ha reclamado una compensación justa, no solo por el valor real de sus viviendas demolidas, sino también por los daños morales sufridos. "Una chapuza heredada del gobierno de Esperanza Aguirre que ha sido recogida por el Ejecutivo de Ayuso, que además vemos como los millones en realidad se están yendo a las empresas que están incumpliendo los proyectos iniciales", ha criticado.
Desde el PP, el portavoz parlamentario Carlos Díaz-Pache ha respondido recordando que la Comunidad de Madrid inició de oficio 101 expedientes patrimoniales, de los cuales ya ha abonado 78, por un valor total de 11 millones de euros. "Las valoraciones se hicieron con criterios estrictamente técnicos, de acuerdo con los propios vecinos, a los que se pidió que aportaran toda la documentación posible para poder aumentar la indemnización a la que tenían derecho", ha asegurado.
Además, ha subrayado que, si los afectados consideran insuficientes las indemnizaciones o creen que tienen derecho a una mayor, están en su derecho de acudir a los tribunales. "La voluntad y la seriedad del trabajo de los servicios técnicos de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Transportes, fue absoluta, para hacer la mayor valoración posible, para resarcir a los vecinos de un daño que no debieron sufrir, que sufrieron y que la Comunidad de Madrid se hizo responsable para resarcir", ha concluido.
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