La Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia ante los juzgados de Colmenar Viejo contra un técnico municipal del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Según consta en el escrito, la denuncia viene de la presentada hace un año por vecinos de la urbanización Parque Miraflores. En ella, los residentes alertaban de la autorización municipal para la instalación de una planta regasificadora de gas natural licuado en la calle Rafael Alberti, a escasos metros de sus viviendas.
La instalación incluye un depósito de 80 metros cúbicos, destinado a abastecer de gas a todo el municipio, y los denunciantes apuntaban a diversas irregularidades en la obra. Posteriormente, ampliaron la denuncia debido al riesgo que suponía la cercanía de la planta a zonas residenciales.
En la causa figuran informes elaborados por el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Local, que describen la situación y constatan las deficiencias. El Ayuntamiento, por su parte, aportó los expedientes relativos a la concesión de la licencia de obras, entre ellos un informe favorable firmado por un técnico industrial municipal, pese a que el proyecto no cumplía las distancias mínimas de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Este informe fue clave para que, en diciembre de 2022, la Junta de Gobierno Local concediera la correspondiente licencia de obras.
Según el informe de la Fiscalía "dichas actuaciones ponen de manifiesto que la construcción de la citada planta de regasificación ha sido autorizada por el Ayuntamiento pese a no cumplir las distancias de seguridad establecidas, con riesgo para la vida e integridad de las personas, para lo que ha sido determinante el informe favorable emitido por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal arriba citado".
Por ello, la Fiscalía considera que los hechos presentan indicios de delito, por lo que ha acordado dar por concluidas las diligencias e interponer una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Colmenar Viejo contra la persona que, según la investigación realizada, emitió el informe favorable, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
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