En su reunión de este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a tres acuerdos por tramitación de emergencia, destinados a destinar 2,7 millones de euros para la atención de 182 menores inmigrantes no acompañados a lo largo de este año. Gracias a estos contratos, se podrán gestionar 112 plazas en instalaciones públicas y 70 en centros privados.
Desde 2019, más de 10.600 menores han recibido atención por parte de la Comunidad de Madrid, incluyendo 2.442 en 2024 y 1.028 durante el primer trimestre del año. Como resultado de esta situación, los recursos están saturados, con una sobreocupación actual del 132 por ciento.
La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional en respuesta a la decisión del Gobierno central de trasladar obligatoriamente a menores desde Canarias, principalmente hacia Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Este recurso se basa en que el Real decreto ley estatal que establece dicho reparto forzoso infringe varios artículos de la Constitución y vulnera competencias exclusivas de las comunidades autónomas.
Si se establece el reparto obligatorio, el Gobierno de Madrid procederá a la ampliación del Centro de La Cantueña en Fuenlabrada y está evaluando la posibilidad de abrir nuevos recursos en diferentes localidades.
Con el fin de salvaguardar la protección de cuatro menores que enfrentan serias dificultades de adaptación, la Delegación del Gobierno ha recibido una solicitud de reagrupación familiar por parte de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento con lo estipulado por la legislación de extranjería.
La valoración de todos los casos que muestren una imposibilidad real de integración seguirá a cargo de la Comisión de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esta medida se implementa con el fin de prevenir que continúen siendo un objetivo vulnerable para las mafias dedicadas al tráfico de personas y al consumo de drogas.
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