Los vehículos ligeros de mercancías con etiqueta ambiental B podrán acceder sin restricción a la Zona de Bajas Emisiones Distrito Centro durante todo 2023. Vox ha sumado sus votos a los de Partido Popular y Ciudadanos - proponentes de la medida- para aprobar en el Pleno de Cibeles esta moratoria a furgonetas y camiones de menos de 3.500 kilos a los que la ordenanza de movilidad prohibía la circulación en Madrid Central desde el próximo 1 de enero. Los tres partidos de la izquierda han ratificado que cumplirán su advertencia y acudirán a los tribunales para tumbar esta actuación que el Gobierno municipal ha colado a través de una enmienda a la Ordenanza de Limpieza.
El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha justificado la decisión en que "no se puede ahogar al Centro ni arruinar a 3.600 familias propietarias de esos vehículos" en un argumento alineado con el discurso que sostiene Javier Ortega Smith. PP y Cs han cedido así a una propuesta que Vox ha elevado al Pleno en las sesiones de septiembre y octubre. Un gesto en pleno tiempo de descuento para aprobar los Presupuestos de 2023 que no ha cuajado en sus antaño socios de Gobierno, pues Vox sigue enrocado en el 'no' a las cuentas, aunque mantenga el suspense, si la moratoria no se hace extensible al resto de vehículos con restricciones y, por ende, los más contaminantes.
La prórroga que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida concede a los transportistas responde, según argumentan, a que el sector "ha sufrido las consecuencias de la crisis económica", lo cual ha impedido el desembolso que exige renovar sus vehículos. El Ejecutivo madrileño entiende también que así contribuyen "al buen desarrollo de la actividad económica" en el distrito Centro, que según cifras del censo municipal aglutina el mayor número de negocios de la ciudad: 20.318.
Aclaran desde la concejalía de Medio Ambiente y Movilidad que "es incierto que se vaya a producir más entradas de vehículos a la Zona de Bajas Emisiones. "Es mentira que se vaya a producir más contaminación", subrayan a la par que ponen en valor que las estaciones medidoras del nivel de polución de la Plaza del Carmen y de la Plaza de España han rebajado los valores medios de dióxido de nitrógeno un 14 y un 40 por ciento respectivamente en tres años. No obstante, sí se obstaculiza con esta moratoria que la calidad del aire siga mejorando en este entorno, pues los tubos de escape de furgonetas y camiones B seguirán regando de gases contaminantes las calles del centro hasta el 31 de diciembre de 2023.
La oposición -a excepción de Vox- no solo ha alertado sobre esta cuestión, sino que ha cuestionado si la fórmula por la que aprueban la prórroga se ajusta a la legalidad. La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha afeado al Gobierno la "artimaña administrativa y jurídica" a la que han recurrido, modificando la ordenanza de movilidad a través de otra, la de limpieza. Acudirán al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para esclarecer si la ley lo ampara. Ignacio Benito, edil del PSOE, ha apuntado que se estaría cometiendo un "fraude de ley" al cambiar una ordenanza, la de Movilidad, a través de otra, y ha avanzado un recurso ante la Justicia solicitando incluso medidas cautelarísimas. Por su parte, el portavoz del Mixto, José Manuel Calvo, se une a esta vía judicial porque también cree que PP y Cs "van por la puerta de atrás".
La ordenanza de movilidad se encuentra en vigor desde el año 2021 e incluye la prohibición de paso de los vehículos industriales B por la ZBE de Centro de 2023. No aplicar las medidas que contiene supondría una regresión en políticas medioambientales que la Ley de Cambio Climático estatal penaliza. Sin embargo, el alcalde ha remarcado en los últimos días que no incurren en esta falta porque la prohibición de tránsito a los camiones y furgonetas estaba previsto que entrara en vigor el próximo año. Pese a ello, la moratoria la ha introducido a través de la ordenanza de limpieza.
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