Los vecinos del sector V de la Cañada Real pidieron este viernes al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y al resto de los municipios afectados, poder comprar legalmente los terrenos sobre los que se asientan sus viviendas, puesto que desde hace décadas pagan el IBI al Ayuntamiento, declaran las propiedades a Hacienda y reciben servicios propios de una urbanización tales como recogida de basuras, correo y teléfono.
El portavoz de la Asociación Cañada Real Galiana, Miguel Martín Nombela, subrayó que no se trata de una zona de chabolas, aunque no disponen de agua y luz, ni son infraviviendas que deban ser derribadas. De este modo, criticó la actitud del alcalde de Rivas-Vaciamadrid, quien, según afirmó, no les permite la llegada de los servicios de agua y luz hasta sus casas, lo que les impide normalizar aún más su situación.
La presidenta de la Asociación Cañada Real Galiana de Valdemingómez, Elena Martín, mantuvo que "la única solución viable al problema es pagar por los terrenos para conseguir la escritura de propiedad, al igual que se ha hecho en otras zonas, como Coslada".
Asimismo, estos colectivos aseguraron que en las reuniones mantenidas en el pasado con diferentes representantes de las administraciones responsables de la Cañada Real desde 1998, se puso de manifiesto la inviabilidad de las demoliciones como arreglo al problema. "Siempre se nos han abierto las puertas a una solución negociada dentro de la legalidad vigente, pero al final todo se ha quedado en palabras", declaró Nombela.
El portavoz recalcó que su verdadera intención, independientemente de los sucesos violentos producidos ayer, es solicitar a Gallardón que se les permita formar parte de una mesa de trabajo que busque soluciones al problema existente.
"La fuerza no es la solución"
Así hicieron un llamamiento a la negociación, al que tiempo dejaron clara su posición contra el uso de la violencia, a raíz de los hechos acaecidos el pasado jueves. "El empleo de la fuerza, por ninguna de las partes, es la solución", dijo Nombela.
Los vecinos de la Cañada se sumaron también a esta denuncia, después de que el jueves la Policía Local y Municipal entrara en la zona y desalojara algunas casas, para que después se hiciera efectivo el derribo de una vivienda ordenado por el Ayuntamiento. "En ningún caso las soluciones pueden pasar por derribos, pedradas e incidentes que al final es muy posible que todos tengamos que lamentar", se quejó Nombela.
En este sentido, subrayó también la existencia de heridos tras los altercados: "Un niño se fracturó un brazo, otro perdió un ojo y una mujer sufrió un aborto", aseguró. Respecto a esta última, ninguno de los portavoces pudo especificar el nombre de la joven, aunque indicaron que dado que los disturbios se produjeron con población musulmana y en ocasiónes 'sin papeles', es probable que la mujer quiera quedar en el anonimato.
Fuentes de Emergencias Madrid confirmaron que, durante la rebelión, atendieron a una joven embarazada de tres meses por contusiones, que fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón. Sin embargo dichas fuentes no pudieron confirmar la evolución de la paciente en horas posteriores y subrayaron que la mujer no tenía perdidas de sangre en esos momentos. Desde el centro médico, tampoco tienen registrado ningún caso que responda a estos datos, puesto que registraron seis ingresos venidos de la Cañada, pero todos eran varones.
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