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Los hechos ocurrieron en un centro de Sevilla La Nueva

Sanidad indemnizará con 30.000 euros a un enfermo agredido en una residencia

Por MDO/Agencias
domingo 15 de julio de 2007, 00:00h
Actualizado: 10/10/2007 11:36h
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la Consejería de Sanidad a indemnizar con 29.762,34 euros a la madre de un discapacitado de 25 años, agredido por otra interna de una residencia regional.
La sentencia se produce por las presuntas agresiones que pudo sufrir éste por parte de otra interna de la residencia San Martín de la Comunidad de Madrid, según la Asociación El Defensor del Paciente.

La sentencia, emitida con fecha del 8 de mayo de 2007, resuelve el contencioso que interpuso la tutora del joven que padece parálisis cerebral, cuando, al parecer, en 2003 otra residente de este centro de día situado en Sevilla la Nueva, "con antecedentes de agresiones y comportamiento violento", propinó a su hijo una serie de golpes y le causó heridas y hematomas en diversas partes del cuerpo.

Según la asociación que preside Carmen Flores, en varias ocasiones la familia de A. B. G. había "constatado" la existencia de estos golpes y lo pusieron en conocimiento de los responsables de dicha residencia, "con el fin de que tomaran las medidas adecuadas en la vigilancia y tratamiento del incapacitado".

El 20 de Junio de 2003 la familia del paciente fue avisada por los responsables del centro de que su hijo había sufrido una agresión probablemente por parte de otra residente, "observándose múltiples lesiones en región dorsolumbar, compatibles con mordeduras, ya que se aprecia la marca de ambas arcadas dentarias y múltiples arañazos en región nasal y cara". Fue entonces cuando la familia se dirigió a las instalaciones para trasladarlo del centro de Sevilla la Nueva al Hospital de Alcorcón, donde le diagnosticaron "escoriaciones en región malar bilateral, peribucal y ambos pabellones auriculares con costras melicéricas", así como hematomas y policontusiones.

La sentencia constata la responsabilidad de la Consejería de Sanidad en el caso, ya que "la forma de prestación del servicio fue a través de un concierto", afirma. En el proceso judicial la defensa alegó falta de vigilancia en el centro concertado.

Por su parte, la Administración rechazó su responsabilidad en el asunto y aseguró que ésta corresponde a la Fundación ANDE, con la que la Comunidad de Madrid tiene un concierto para la gestión del servicio público de asistencia.

Según señala en un comunicado la asociación El Defensor del Paciente, que ha llevado la defensa del agredido, en varias ocasiones previas la familia del afectado había constatado la existencia de golpes, heridas y hematomas, hechos que había puesto en conocimiento de los responsables del centro.
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