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Absueltos los exjefes del IMEFE acusados de estafa

Absueltos los exjefes del IMEFE acusados de estafa

Por MDO/Efe
lunes 10 de septiembre de 2012, 00:00h
Actualizado: 11/09/2012 18:11h
La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los principales directivos del Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE) durante los años noventa, cesados en 2001, y que fueron acusados de adjudicar de forma fraudulenta cursos para desempleados. Las empresas adjudicatarias no se dedicaban a la enseñanza, y muchos de los cursos no llegaron a ser impartidos.
En la sentencia de la sección quinta de la Audiencia madrileña, se ha absuelto al exdirector del Servicio de Formación Ocupacional y al exdirector gerente, José Luis Solana y Ricardo Peydró, respectivamente, de los delitos de prevaricación, cohecho, estafa y falsedad por el que fueron juzgados el pasado mes de junio. También se ha absuelto del delito de cohecho a los también procesados José María A.G., Fernando C.M., Víctor B.F., José Ramón D.S. y Pablo G.R. -responsables de las empresas supuestamente beneficiadas-.

Pero sí se ha condenado a Fernando C.M. y a José María A.G. como autores de los delitos de falsedad y estafa, con la atenuante de confesión, y se les ha impuesto una pena de un año de prisión y una multa de 4.400 euros. Además, se ha absuelto a Jesús L.E. del delito de cohecho tras retirarse la acusación contra él.

Los magistrados han considerado probado que el IMEFE adjudicó a diferentes sociedades -Defoco, Incof, Prevecom, Informar, Manesfields, Técnicas de Formación de Enseñanzas Avanzadas, Idea, IE3 y Laka- cursos de formación para desempleados que estaban subvencionados en un 45 por ciento por el Fondo Social Europeo y el resto por el Ayuntamiento de Madrid.

A estas empresas se les adjudicó cursos de formación para desempleados a pesar de que algunas no tenían en esas fechas como objeto social la enseñanza, como es el caso de Manesfields, que junto con Técnicas de Formación de Enseñanzas Avanzadas resultaron ser adjudicatarias del mayor volumen de cursos -132- del IMEFE entre 1994 y 1999, recibiendo 4.238.959 euros.

Tampoco el objeto social de Laka era la enseñanza, pero, según el escrito, Pablo González mantenía "cierta relación personal" con José Luis Solana y Ricardo Peydró por haber participado los tres en las antiguas juventudes del Partido Popular. Además, a las empresas Informar, Defoco, Incof, Defoco y Prevecom se les concedió más de 130 cursos en el sexenio 1994-1999 sin que fueran impartidos, asegura la sentencia, que añade que para "aparentar" su ejecución, Cisneros y Ariza imitaban la firma de profesores y alumnos en la documentación que remitían al IMEFE.

José María Ariza y Fernando Cisneros reconocieron estos hechos para cobrar el dinero de los cursos y declararon que pagaron o entregaron dádivas a Peydró y Solana. Sin embargo, la sentencia destaca que no ha quedado probado que Peydró y Solana adjudicaran cursos a cambio de recibir dinero o regalos, ni que el segundo de ellos, que elaboraba propuestas de adjudicación de los cursos, recibiera el 3 por ciento del importe total de cada curso abonado a las sociedades adjudicatarias.

Tampoco ha quedado probado que el procedimiento empleado por Peydró y Solana para evitar ser descubiertos por la Junta Rectora -órgano encargado de velar por el correcto funcionamiento del IMEFE- y por la mesa de contratación, de la que formaban parte, consistiera en dar información a las empresas sobre cómo deberían elaborar y presentar los programas formativos a fin de garantizarles "de antemano una mayor puntuación".

Solana y Peydró sólo "en alguna ocasión" comprobaron las ofertas de las empresas sobre el terreno o inspeccionaron la impartición de los cursos, además de que no examinaban, "por lo común", los expedientes para comprobar, por ejemplo, la inserción laboral de los desempleados.

Los magistrados han señalado que esas tareas no entraban en sus funciones y que, además, algunos contratos se resolvieron por incumplimiento. Durante la vista, en la que se presentó como acusación particular el Ayuntamiento de Madrid, el fiscal solicitó penas de hasta 4 años de prisión y 9 años de inhabilitación para los principales acusados.
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