Montoro trae la polémica hasta Madrid

Este miércoles, Montoro ha anunciado que se modificará la Ley de Transparencia del Gobierno para poder exigir responsabilidad penal a los 'malos' gestores públicos. El ministro de Haciendo ha señalado que los gestores públicos que "falsean" la contabilidad deben afrontar las mismas responsabilidades penales que los gestores privados que cometen este delito.

Montoro ha indicado que "si un gobierno quiere gastar más que se lo pida a los ciudadanos subiendo los impuestos, y que los ciudadanos decidan después en unas elecciones". Además ha advertido que "lo que no es nunca correcto son las facturas falsas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables, que es lo que está ocurriendo ahora".

Tras estas declaraciones, el presidente de Extremadura, José Antonio Monago ha respondido a Montoro diciendo que " si se va a pedir responsabilidad penal a los gobiernos autonómicos que se excedan en el gasto ésta debe aplicarse también "retroactivamente" e incluir a "los que estuvieron" hasta el pasado mes de mayo.

Monago se ha preguntado retóricamente : "¿aquí hay una amnistía para los que han gastado como si fueran los dueños de la cafetería invitando a todo el mundo, dejando a deber?, ¿no pasa nada, pasa a partir de ahora?".

Por su parte, el PSOE se pregunta si "el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón comenzará aplicándose a si mismo el nuevo delito penal anunciado por Montoro". Los socialistas han explicado que durante su gestión como regidor madrileño, Gallardón, multiplicó por 5 la deuda de ese ayuntamiento y lo dejó como el más endeudado de toda España, con más de 7.000 millones de deuda, lo que equivale a una cuarta parte del total del dinero que debe el conjunto de 8.000 municipios.

El PSOE emplaza al Gobierno a explicar el alcance de este nuevo delito penal y han explicado, que al igual que Monago, quieren saber si esta medida tendrá un "carácter retroactivo".

Los socialistas han recordado, además, que las leyes vigentes en España ya regulan el castigo penal de mala administración cuando se encurra en alguno de los delitos ya tipificados.