El Congreso crea nuevas reglas para ayudar a quienes no pueden pagar la hipoteca

El primero de ellos es el Congreso de los Diputados. En la sesión de este jueves, el Gobierno se aseguró el apoyo del PNV y UPyD para aprobar el incremento de las cantidades que el banco no podrá embargar a una familia que no pueda pagar sus letras. Si antes los afectados podían contar con 696 euros como máximo, dedicando el resto a saldar su deuda, a partir de este jueves esa cifra ascenderá a 961 euros. El límite, según anunció José Luis Rodríguez Zapatero en el pasado debate del estado de la nación, se elevará además un hasta un 30% adicional del salario mínimo interprofesional por cada miembro del hogar que no tenga ingresos y esté a cargo del deudor. De esta forma, el sueldo inembargable de una familia con dos miembros sin ingresos ascendería a más de 1.300 euros.

El decreto incluye el incremento del porcentaje de valoración de los inmuebles para que las entidades los recompren si las subastas quedan desiertas. Así será más difícil que el banco se lo adjudique a bajo coste si no llega comprador, mientras que el propietario podrá cancelar una mayor cantidad de su préstamo a cambio de la casa. PP, CiU, ERC-IU-ICV y BNG no han respaldado estas iniciativas porque creen llegan tarde y se quedan cortas. PNV, Coalición Canaria y UPyD también reclaman más, pero creen que estos cambios suponen pasos en la buena dirección.

También en el Congreso, este miércoles echó a andar la subcomisión parlamentaria comprometida por Zapatero para estudiar cómo favorecer la dación en pago, es decir, saldar la deuda con el banco directamente con la entrega de la casa. En la misma ya han comparecido representantes de la Asociación de usuarios de Bancos, cajas y seguros (ADICAE), de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y de la Organización de Consumidores y usuarios (OCU). El Gobierno no implantará la dación en pago universal ya que ello provocaría la rebaja de la solvencia de los bancos españoles justo en una época crítica. Ahora bien, sí estudiará cómo favorecerla (aunque ya votó en contra de los incentivos fiscales en ese sentido propuestos por ERC, IU-ICV y BNG) mediante la valoración correcta de los inmuebles. Las asociaciones comparecientes han solicitado que las familias con dificultades puedan declararse en quiebra con mayor facilidad como forma de reestructurar sus deudas.

Hipotecas más claras
Entre las medidas a debatir están la clarificación de los contratos hipotecarios y el auxilio a los compradores a la hora de resolver sus conflictos con las entidades bancarias. En este sentido, la Comunidad de Madrid ha tomado la delantera. El portavoz del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, Ignacio González, anunció que se ya se ha iniciado el proceso de aprobación de la futura ley hipotecaria de garantías para los consumidores. Esta ley reflejará el compromiso electoral del PP de Madrid de acabar con la letra pequeña en las hipotecas y que los consumidores sepan con toda claridad antes de poner su rúbrica las responsabilidades a que les obliga este préstamo.

La ley regional, según González, supondrá que los consumidores tengan "información veraz, clara, transparente y comprensiva", en definitiva, que no haya letra pequeña y que "toda la letra sea igual de grande". Según adelantó, el Ejecutivo también impondrá un plazo aún por determinar en el cual el futuro hipotecado deberá conocer el contrato con carácter previo a la firma. Las entidades que incumplan las normas se enfrentarán a sanciones económicas cuya cuantía aún está por determinar.

El decreto del Gobierno, que también supone una resolución para aprobar una línea ICO de 3.400 millones para ayuntamientos que deban dinero a pymes y autónomos, tendrá vigencia desde este jueves. La subcomisión parlamentaria tiene seis meses por delante para presentar sus conclusiones, aunque su trabajo quedaría interrumpido si se convocan elecciones anticipadas. La ley regional tardará varios meses en desarrollarse.