En el nuevo Ejecutivo ya no están las dos personas situadas en el punto de mira por las polémicas judiciales.
Alberto López-Viejo, ex responsable Deportes, permanece a la espera de que la Audiencia Nacional decida si abre juicio oral sobre el caso Gürtel.
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior durante la época en la que personal a su cargo habría espiado a cargos del PP, se ha quedado fuera del Gobierno.

Las responsabilidades de ambos hoy las detentan
Ignacio González y Regina Plañiol. El vicepresidente juró este viernes como responsable de Cultura y Deportes, manteniendo así las atribuciones de la pasada legislatura. González, por quien pasan los asuntos del Consejo de Gobierno antes de llegar a Esperanza Aguirre, ha
ganado el pulso a un Granados que este viernes ni si quiera puso el pie
en la Puerta del Sol. Según sus allegados, no quería convertirse en protagonista y permaneció trabajando en Génova 13. La que hasta ahora ha sido su jefa de filas se negó a valorar su salida del equipo. "¿Cómo voy a valorarme yo a mí misma...? Lo tenéis que valorar vosotros", se excusó Aguirre. González, en cambio, no tuvo problemas en pronunciarse. Primero calificó de 'circunstancial' el hecho de que el
secretario general del PP de Madrid no vaya a estar en el Gobierno. Después, aseguró que, desde ese puesto estrictamente político, Granados "va a seguir contribuyendo de una manera importantísima al proyecto del PP de Madrid".
Los cambios del vicepresidente
Ignacio González ha ganado influencia en el nuevo Gobierno con la llegada de dos personas de su confianza. La primera es, precisamente,
Regina Plañiol, nueva consejera de Presidencia y Justicia que aseguró estar "deseando hablar" con Francisco Granados para "contar con su criterio". No en vano, Esperanza Aguirre ha encargado a la ex viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales la elaboración de un informe sobre el
estado de la Justicia en Madrid que será presentado en la Asamblea. Pero esta no será su única misión. Del nombre de la consejería ha desaparecido la denominación de 'Interior', área en el que
trabajaban los agentes que, supuestamente, cometieron los espionajes sobre cargos del PP. De Plañiol se espera que acometa una
'limpieza' en el departamento que evite que recaigan más sospechas sobre el Gobierno regional.

El otro apadrinado por Ignacio González es
Salvador Victoria, responsable de los asuntos jurídicos regionales (también de
muchas de las denuncias presentadas por el Ejecutivo y por el PP contra distintos cargos socialistas) y viceconsejero suyo hasta el momento. La recompensa por ese trabajo le llega en la forma de un ascenso hasta la dirección de Asuntos Sociales, "la consejería de las personas", como la definió. La tarea no es fácil ya que la aplicación de la
ley de dependencia, más allá del 85% de personas valoradas (que no atendidas o recibiendo la prestación a la que tienen derecho), aún está pendiente. Por ello, aseguró que su objetivo será que los madrileños tengan "mejores condiciones de vida".
Junto a Plañiol y Victoria,
Percival Manglano es la tercera cara nueva del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este experto en relaciones exteriores y cooperación asume Economía y Hacienda. Su apuesta, declaró tras prometer el cargo, será por el "continuismo" ante "una política bien hecha" basada en las
liberalizaciones y la
contención del gasto, las misma que ha dado tan buenos resultados a la Comunidad. Esa "austeridad" fue lo único que le recomendó el consejero saliente.
Antonio Beteta, autor de todos los planes de reducción del gasto aplicados por Esperanza Aguirre la pasada legislatura, ya no ejercerá su conocido férreo control sobre el presupuesto regional. En su lugar, asume una Consejería de Transportes donde, aunque
queda trabajo, los tiempos de las grandes obras se han acabado.
Consejerías con grandes retos
Lucía Figar, Anabel Mariño y Javier Fernández Lasquetty han mantenido la confianza de la presidenta para dirigir los próximos cuatro años las áreas con más peso. Figar, amiga personal de Esperanza Aguirre, añade a las responsabilidades de Educación las de Empleo. Esta unión, que podría parecer antinatural, se justifica por la voluntad de coordinar las competencias en
Formación Profesional con las
políticas activas de empleo y el mercado de trabajo. Las oficinas del servicio regional de empleo y la formación constituyen, precisamente, las responsabilidades que la Comunidad tiene en esta materia, ya que el resto corresponden al Estado. El Partido Socialista de Madrid viene acusando a los populares de no gastar los casi 200 millones de euros que reciben cada año del Gobierno central para políticas activas de empleo. Aguirre aseguró que esta sería la legislatura de la Educación. Figar deberá llevar a cabo la anunciada
eliminación de las zonas escolares y mejorar el sistema público pese a contar con
231 millones menos de presupuesto en 2011.
Anabel Mariño continuará dirigiendo Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Vivienda ya no forma parte del nombre de su departamento, sin embargo, la venta de las casas del Instituto Madrileño de la Vivienda
(IVIMA) a sus inquilinos pasa por sus manos. También, la ley que permitirá levantar casas unifamiliares
(chalets) en suelo rústico, ante la que la oposición planteará una dura batalla. Además, está por delante la solución a la
Cañada Real Galiana. Tres meses después de la
aprobación de la ley regional para acabar con este macroasentamiento ilegal, no se ha producido ningún avance en este sentido.
Javier Fernández Lasquetty, por último, afronta una dura legislatura. Su perfil dialogante ha permitido olvidar los enfrentamientos que Juan José Güemes protagonizó con los trabajadores de la sanidad pública y, especialmente, con los sindicatos. Sin embargo, la atención a los enfermos permanece en el centro de todas las miradas. Sanidad, con 7.125 millones de euros disponibles para este año, es el departamento que más recursos devora. La
libre elección y las inversiones realizadas no han servido para reducir ni la lista de espera
quirúrgica ni la diagnóstica. Tampoco las demoras en las salas de espera. Lasquetty aún debe negociar el
dinero que le reclaman las empresas propietarias y gestoras de los siete hospitales inaugurados la pasada legislatura. En el apartado positivo, pondrá en marcha los nuevos hospitales de
Móstoles,
Torrejón y
Collado Villalba. Como en el caso de Educación, PSOE, IU y los sindicatos temen una ola de privatizaciones ante la falta de recursos económicos de la Comunidad, aunque Esperanza Aguirre no ha dejado de repetir su conocida máxima: "Mientras yo sea presidenta, la sanidad seguirá siendo
pública, gratuita y de la mayor calidad". Si la gestión es pública o privada dependerá de los planes del nuevo Gobierno.