Un conflicto entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Alcorcón impide abrir una residencia

El pasado mes de enero se daban por concluidas las obras de la residencia para personas con discapacidad intelectual Francisco Sánchez, situada en la calle Viena y promovida por el Ayuntamiento de Alcorcón. El edificio, de 5.000 metros cuadrados, consta de cuatro plantas con capacidad para 106  personas e incluye un centro de día y un centro ocupacional. Asimismo, el centro dispone de comedores, aulas, talleres y piscina de rehabilitación, entre otros servicios.

Sin embargo, seis meses después, la residencia permanece aún cerrada. La causa, oficialmente, es que Comunidad y Ayuntamiento no se han puesto de acuerdo sobre cuál de los dos organismos tiene que pagar el mobiliario del centro, al parecer evaluado en 1,5 millones de euros.

Un portavoz de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales explicó a Madridiario que cualquier institución que se compromete a hacer una residencia o un centro tiene que dotarlo con el material y el mobiliario necesario. "El Ayuntamiento de Alcorcón tienen que construir íntegramente la residencia para que la Comunidad de Madrid pueda empezar a tramitar las solicitudes", aseguró.

Para reforzar esta afirmación, este portavoz hizo llegar a este digital el programa electoral del alcalde Enrique Cascallana, elaborado en 2003, en el que se afirmaba textualmente: "Construcción y puesta en funcionamiento de la residencia Carmen Sevilla (nombre que luego se cambió por el de Francisco Sánchez) con intervención municipal inmediata para la finalización de las obras, valorando la aplicación del terreno cedido para esta instalación y completando los servicios previstos".

El Ayuntamiento de Alcorcón, tras aclarar que han cumplido el programa electoral, ofrece otra versión. "Esta residencia la tenía que haber construido la Comunidad y, ante la inactividad de esta, el Ayuntamiento decidió acometer las obras", explicó Marina Fernández, concejala de Bienestar Social del Consistorio alcorconero. Pero una vez terminada la edificación, en la que Alcorcón ha destinado más de 10 millones de euros, la representante municipal considera que ahí termina el cometido del Ayuntamiento. "Ahora tiene que ponerla en marcha quién fije la ley, que en este caso es la Comunidad", aclaró Fernández.

"La Consejería no puede pretender que un Ayuntamiento que no tiene las competencias ni recibe transferencias del Estado para este tipo de servicios la amueble, la equipe y ponga el personal. Ni podemos, ni debemos gastarnos el dinero de los ciudadanos en este tipo de servicios porque para eso están las Comunidades Autónomas", explicó la concejala.

Discapacitados afectados
Mientras Ayuntamiento y Comunidad se enfrentan, las personas con discapacidad esperan una respuesta y sus familiares están indignados. "Hay muchas padres de dependientes que tienen que desplazar a sus hijos a otras residencias mientras esperan que se abra la de Alcorcón", explicó Alicia Resino, portavoz de la Plataforma por la Dependencia de Alcorcón. En su opinión todos los trámites que faltan para la apertura de la residencia son competencia de la Comunidad. "Con esta actitud la Comunidad demuestra que no está cumpliendo con la Ley de Dependencia en Madrid", afirmó Resino.

Por su parte, el defensor del discapacitado en Alcorcón, Moisés Escobar, también reclamó la apertura inmediata del centro. "Necesitamos cuanto antes que se abra esta residencia, hay una larga lista de gente interesada en hacer uso de este centro". Escobar explicó que apoyará la decisión de los discapacitados que se movilizarán en breve si no reciben solución alguna. "Estaré en todo momento al lado de los dependientes y de sus familias", recalcó.