La Administración no tuvo plan alternativo para paliar la huelga 'salvaje' de Metro

Sea por que no creyeron las amenazas sindicales o porque confiaban en que los convocantes de la huelga de Metro respetasen la ley (que dice que es la Administración la que debe establecer los mínimos pero insta a que éstos sean negociados con los sindicatos, cosa que no ocurrió), el caos circulatorio no contaba con un plan de contingencia que aliviase las molestias que la huelga 'salvaje' provocó a los madrileños. Sólo al verse desbordada, la EMT, dependiente del Ayuntamiento de Madrid, maximizó esfuerzos el martes ante la ingente demanda de autobuses, llegando poner personal para garantizar la ordenada subida y bajada de viajeros. El mismo día, el Consorcio Regional de Transportes elaboraba por orden del Ejecutivo un plan con autobuses privados que sólo podría estar operativo desde este jueves. Fuentes del Ejecutivo regional aclararon que no se puede presentar una iniciativa similar antes de la huelga, porque sería ilegal al violar el derecho de los trabajadores.

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, compareció este jueves de forma excepcional tras reunir a su Gobierno para responder a las cuestiones relacionadas con la huelga. Preguntada en dos ocasiones, Aguirre eludió contestar si la Comunidad llegó a elaborar un plan alternativo o si dio por sentado que el Sindicato de Conductores, CCOO, UGT, Solidaridad Obrera, el Sindicato Libre y el Sindicato de Estaciones no iban a saltarse los mínimos del 50%, que consideraban ilegales. Aguirre recordó que una sentencia precedente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid da la razón a su Ejecutivo, y que por eso los sindicatos "no han recurrido" los mínimos. Los sindicatos recalcan que otra decisión de la Audiencia Nacional enmendó finalmente dicha sentencia a su favor.

"Sí, hemos roto el convenio"
Aguirre justificó que su Gobierno sólo tuvo notificación oficial de la huelga "con tres días de antelación", y recordó que incumplir los mínimos, como recordaron los ministros de Trabajo, Industria e Interior, es "ilegal". Además, explicó que la negociación para acabar con la huelga no ha comenzado porque ahora mismo existe confusión sobre qué sindicatos están en el comité de huelga y, por tanto, con quién hay que negociar.

Para cuando ese momento llegue, Aguirre tiene muy claras las prioridades de la Comunidad: romper el convenio laboral y que los trabajadores se bajen el sueldo un 5%. "Podríamos excluir (del recorte) a Metro, como el Gobierno ha hecho con Renfe, Adif y AENA, sí, pero no es justo hacerlo con quien tiene absolutamente garantizado su puesto de trabajo. No puede ser que tengan mejores condiciones que los maestros, las enfermeras o los catedráticos, que además hicieron una oposición para lograr su puesto. Tienen razón (los sindicatos) en que hemos roto el convenio, pero no es justo tratar mejor a quien tiene más capacidad de chantajearnos", zanjó la presidenta.

Con este panorama, la dirección de Metro y los sindicatos se reunieron este jueves por la tarde en lo que han denominado como una "primera toma de contacto". Aunque se ha hablado de "diálogo", no se ha llegado a ningún acuerdo concreto, informaron a Europa Press fuentes de ambas partes.

Y es que los sindicatos están en el lado opuesto. No sólo de la mesa de negociación. Tras dar a la Administración (y a los madrileños) un gesto de voluntad volviendo a la legalidad de la huelga, se mantienen firmes en no bajar ni un euro de sus nóminas. La Comunidad continúa tramitando hasta 400 expedientes que, en caso de materializarse, harán que los sindicatos vuelvan a la huelga total. El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, opinó este jueves que los sindicatos deberían movilizarse contra las actuaciones "absolutamente desafortunadas, graves e inoportunas para los trabajadores" del Gobierno central, aunque admitió que "es razonable" que un trabajador de Metro se pregunte por qué el Real Decreto tiene que tener consecuencia retributiva que no tiene en uno de Renfe, por ejemplo", informa Enrique Villalba.