El Gobierno no duda sobre la constitucionalidad del la Ley del Aborto

Tras la firma de un convenio con la Fundación Padre Llanos para la construcción de un centro integral de ayuda a mujeres, la ministra recordó que el PP "ya se opuso hace 25 años a la regulación del aborto, a la Ley de Divorcio y más recientemente a la Ley de Igualdad y la que permite el matrimonio a personas del mismo sexo". "No me sorprende porque ya lo anunciaron en el trámite parlamentario pero el gobierno está plenamente convencido de la constitucionalidad de la Ley", manifestó.

El recurso del PP impugna ocho preceptos de la ley -entre los que figura la liberalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación-, así como la Disposición Final segunda. Una importante novedad es que se solicita que se suspenda la aplicación de los preceptos impugnados hasta que no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad, cuya tramitación se pide que sea preferente. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha presentado así la denuncia este martes por la mañana en el Alto Tribunal.

La nueva regulación que permite el aborto de las menores de 18 años y mayores 16 años sin el consentimiento y en ocasiones sin el conocimiento de sus padres o tutores, es para los recurrentes manifiestamente inconstitucional. Según entiende el PP, se disminuyen las garantías de la menor y se impide a los padres ejercer su derecho a formar a sus hijos.

Disminución de los abortos
Por otro lado, la ministra de Igualdad comentó con los periodistas los datos avanzados el lunes por la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, acerca de una disminución del número de interrupciones voluntarias del embarazo, Aído recordó que "uno de los objetivos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva es precisamente que baje el número de embarazos no deseados y también el de abortos".

"Y por ello hay un capítulo muy importante de esa legislación destinada a la prevención y la educación sexual, porque (disminuir el número de abortos) es el objetivo principal de la ley", añadió. Finalmente, recordó que es el Ministerio de Sanidad el que hace estadísticas sobre este asunto y debe por tanto informar de la evolución de este fenómeno, pero indicó que "hay que esperar a tener perspectiva suficiente para evaluar si se ha conseguido ese objetivo" que, a su juicio, "no es sólo del Gobierno sino de toda la sociedad en su conjunto".