Todos los profesores que trabajen en la Comunidad de Madrid, incluidos los de la enseñanza privada, serán considerados autoridad pública -y por tanto podrán tomar medidas cautelares sobre sus alumnos-, a partir del próximo mes de marzo, aunque no estén subidos en tarimas.
La consejera de Educación,
Lucía Figar, anunció este jueves tras el Consejo de Gobierno que, en una última revisión de la normativa anunciada por Esperanza Aguirre, aquellos que dan clase en
centros privados también serán protegidos, podrán expulsar a sus alumnos de las aulas y tendrán presunción de veracidad cuando exista un conflicto. Los servicios jurídicos consultados por el Ejecutivo han determinado que, pese a no ser funcionarios, la norma se puede aplicar a los profesores de la privada por cuanto es la Comunidad de Madrid quien sufraga sus sueldos.
La ley en cambio no recoge la
implantación de las tarimas en las aulas o el
tratamiento de usted al profesor. Esta petición, que un grupo de profesores trasladó a Esperanza Aguirre durante su visita a un instituto de la Comunidad y que la presidenta hizo suya, se ha quedado finalmente fuera. Según admitió la consejera de Educación, y a pesar de las declaraciones de Aguirre, estas no son "cuestiones para imponer ni para regular por ley". "Están muy bien para el debate pero no para legislar por norma", concluyó.
Lucía Figar avanzó que el texto aprobado por el Consejo de Gobierno este jueves y que beneficiará a
75.000 profesionales (65.000 de la pública/concertada y 8.000 de la privada) será enviado este mismo viernes al registro de la Asamblea de Madrid. La tramitación parlamentaria comenzará a mediados de febrero y a partir del mes de marzo, "antes del día 15" según la consejera, la ley entrará en vigor.
Demasiado desorden en las aulas
El texto viene avalado por el informe favorable del
Consejo Escolar tras la reunión celebrada el 11 de enero. Fue allí donde, entre las
26 alegaciones recibidas (20 de ellas han sido tenidas en cuenta), se abogó por extender la protección a la privada. El argumento de quién sufraga los sueldos de los profesores, que ya sirvió para incluir
a los de la enseñanza concertada como les informó
Madridiario, ha sido definitivo para hacer universal la ley independientemente si ésta se aplica o no a personal funcionario.
El vicepresidente regional y portavoz,
Ignacio González, recalcó por tanto que ésta norma responde a una "demanda social". El
Informe PISA y el último informe de la
OCDE ponen de manifiesto que el profesor pasa de media el 16% de su tiempo poniendo orden en el aula y que los alumnos españoles están por encima de la media europea en lo que ha interrumpir el buen funcionamiento de las clases se refiere. PSOE e IU ha recalcado que lo que realmente necesita la educación madrileña son "recursos" y no leyes de autoridad.
Esta medida fue valorada "positivamente" por el secretario general de FETE-UGT de Madrid, Pepe Mata, pero se mostró prudente al afirmar que "
habrá que ver como queda el texto final".
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