La privatización de la orientación jurídica a mayores, en estudio

Gracias a un recurso presentado por el Colegio, este servicio volverá a regirse temporalmente por el Convenio de Colaboración que existía con los abogados de Madrid, según informó el Colegio en un comunicado. Se trata de una de las demandas del colectivo a las que se comprometió el consejero Francisco Granados en la reunión que mantuvo la pasada semana con el decano Antonio Hernández-Gil para calmar la tensión con el Turno de Oficio.

El colectivo emprendió hace unas semanas un calendario de movilizaciones para defender el modelo actual que sustenta la asistencia jurídica gratuita y reclamar el pago de la deuda de 24 millones de euros contraída por la Comunidad por no sufragar los honorarios de 2008. Además del aspecto económico, las protestas se producían a sazón de las sospechas sobre el supuesto interés del Ejecutivo regional en privatizar el servicio.

El colectivo esgrimía que el primer paso de la privatización era la convocatoria de concurso público para adjudicar el Servicio de Orientación Jurídica para Mayores. El beneficiario sería un prestigioso despacho de abogados, los mismos a quienes ahora la Comunidad ha dado la facultad de prestar cursos a los inmigrantes para asesorarles sobre las leyes españolas. 

Por tanto, este servicio continuará, de momento, ejerciéndose por el ICAM, según se recoge en la orden 195/09, de fecha de 18 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. Esta orden acepta el recurso interpuesto por el Colegio contra la prestación por concurso de dicho servicio.

La Comunidad afirma que la suspensión es temporal
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales negó por su parte que se haya suspendido la adjudicación del Servicio de Orientación Jurídica a Mayores y aclaró que, una vez que se estudien las alegaciones de las partes implicadas, se "adoptará una decisión y se adjudicará el servicio a la entidad que ofrezca mayores garantías".

La Comunidad negó que "exista un cambio en la prestación de mismo" y explicó que "actualmente se están estudiando las alegaciones al concurso que la Ley Estatal de Contratos obligaba a publicar para el desarrollo de este servicio".