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Rocío Monasterio (Vox), en una sesión plenaria en la Asamblea.
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Rocío Monasterio (Vox), en una sesión plenaria en la Asamblea. (Foto: Chema Barroso)

Monasterio dice que el precinto de su casa se debe a un "laberinto burocrático"

miércoles 04 de septiembre de 2019, 10:48h

Rocío Monasterio responde a la resolución judicial que ha dictado la clausura de una parte de la vivienda que comparte con su marido y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. La líder del partido ultra en Madrid ha explicado que la orden del Ayuntamiento se debe a un "laberinto burocrático" que fue agravado por un "denunciante rencoroso".

"Muchos españoles conocen la sensación de que la burocracia les afixia pese a sus intentos por crear, trabajar, crecer, mejorar y avanzar. Este es solo un ejemplo de ello, pero uno más que explica por qué en Vox hablamos de simplificar procesos y reducir la burocracia", ha expresado la también diputada a través de su cuenta de Twitter. En este sentido, Monasterio ha tratado de explicar el "tortuoso proceso", ha dicho, que lleva "sufriendo" desde hace seis años para lograr el funcionamiento de su despacho.

Así, ha contado cómo en 2010 adquirió una "vieja casa" que derribó para construir una nueva "con la licencia preceptiva". Una vez abajo, les otorgaron la licencia de obra para construir una vivienda con despacho profesional en una parte del sótano, "con las respectivas tasas administrativas más el impuesto de construcción". Sin embargo, los trabajos de construcción no terminaron hasta 2014 debido a "conflictos" con el primer constructor, que salió de la obra "sin rematarla".

Cuando está lista, Monasterio y Espinosa pagan la licencia de primera ocupación y funcionamiento, pero el Ayuntamiento les exige un certificado de fin de obra suscrito por el arquitecto y el aparejador, "que no responde" hasta julio de 2016. Mientras, y siempre según la versión de la líder, pagan dos veces el IBI, "cinco veces superior al anterior".

Una vez entrado 2017, un técnico inspecciona la obra y requiere la actualización de los planos y la modificación de la licencia original, lo que "interrumpe" la licencia de ocupación. En este punto, cuando Monasterio dice que "parecía que al fin" obtendría la licencia, el litigio con el constructor se judicializa y este les denuncia por "la falta de licencia de actividad en el despacho... que él mismo ha estado bloqueando".

En este punto, Monasterio dice que mientras tramitan ese permiso el Ayuntamiento exige cerrar el despacho pero recurren y ganan, aunque caduca la licencia de obra que tenían desde 2010. "Y así llegamos al 2019, donde el Ayuntamiento notifica el precinto de la oficina salvo que obtengamos en este plazo la licencia de funcionamiento y la reactivación de la de obra", cuenta en el hilo la diputada, para después escudarse en que llevan nueve años "cumpliendo con cada paso de la ordenanza para intentar llegar al final, años pagando el IBI, años perdiendo tiempo, dinero y esfuerzo". Años, concluye, "en un laberinto burocrático y sufriendo las filtraciones de algún apparatchik que avisa a la prensa antes que a nosotros mismos".

Por su parte, fuentes municipales confirmaron ayer que se trata de un expediente que viene de años atrás y que está relacionado con una serie de obras realizadas en el inmueble. Además, las mismas detallaron que es un trámite habitual dentro de "miles de casos" similares y que la decisión corresponde al Área de Desarrollo Urbano, dirigido por Mariano Fuentes (Cs), sin tener que pasar por Junta de Gobierno.

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