En plena Navidad, con carácter urgente y con la atención pública en la sexta ola de la pandemia. Así se tramitó según 50 colectivos el anteproyecto de la Ley Ómnibus de la Comunidad de Madrid, que introducirá cambios de calado en 33 leyes y siete decretos que atañen a la práctica totalidad de las concejalías y que se ha topado con el rechazo frontal de más de sindicatos y asociaciones no solo por su contenido, sino por el escaso plazo de siete días dado para presentar enmiendas. Este miércoles, las entidades contrarias a esta normativa han anunciado la convocatoria de una manifestación para el próximo 26 de febrero, haciendo un llamamiento a la ciudadanía a unirse y "defenderse de la pérdida de derechos y el futuro realmente horrible al que nos aboca".
Así se ha expresado en un encuentro informativo este miércoles Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), quien ha advertido de que la Ley Ómnibus afectará al funcionamiento de la democracia. "Ya no podremos ejercer nuestros derechos con plenitud", ha asegurado. Como muestra, la modificación de las parejas de hecho, cuya unión no se permitirá si los miembros no están empadronados en el mismo municipio. Una medida que, denuncia, "tiene un clarísimo componente ideológico muy sectario y ultracatólico con el que intentan romper este tipo de relaciones".
La nueva Ley que impulsa el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso supone, asimismo, una "regresión ambiental", censuran desde Ecologistas en Acción. María Ángeles Nieto, coordinadora de la entidad en la Comunidad, ve en las modificaciones previstas el objetivo "claro" de "beneficiar a los titulares de suelo no urbanizable para realizar actividades hasta ahora no autorizadas". Todo ello, dice, a costa de retroceder en el nivel de protección del medio ambiente.
Macroproyectos en suelo protegido
Así, se amplía el tiempo máximo de las ocupaciones privativas de los montes de utilidad pública de los 15 años actuales hasta los 75. Esto afecta, por ejemplo, a la creación de naves para guardar el ganado. Por otro lado, se alteran las leyes relativas a los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del Sureste y del Curso Medio del Río Guadarrama. En ellos se amplía, "de forma inexplicable" para Ecologistas, la posibilidad de usos y actividades en estos espacios protegidos. "Se permitirá que propietarios de antiguas ruinas de un aprisco de ganado construyan una residencia o un restaurante".
La ley de 1991 que regula la proteción de la fauna y flora silvestre también se cambia de forma que se permita al propietario de un terreno la poda, el arranque o desbroce de vegetación que no esté incluida en ese catálogo "obsoleto". Introduce como condición la declaración responsable, pero Nieto recuerda su insuficiencia porque no se llevan a cabo inspecciones previas. Además, se reducen las tasas para la caza de la cabra montesa, según alega el Ejecutivo autonómico para "revitalizar el Madrid vaciado".
En materia de urbanismo, Ecologistas en Acción critica que la normativa se relaje en los macroproyectos "de alcance regional", como Eurovegas. Con la ley vigente solo pueden ejecutarse en determinados tipos de suelo, pero si se aprueba la Ómnibus se podrían acometer en cualquier lugar. "En cualquier suelo protegido van a poder meter un campo de golf o un resort", reprueba Aurora Justo.
Hasta ahora era necesario fundamentar estas actuaciones y acreditar su viabilidad económica, pero estos dos requisitos se eliminarían. Si el proyecto resultara fallido, el titular no estaría obligado a restaurar el territorio, sino que se permite la subrogación o reventa. "Esto está encaminado a sacar rendimiento del suelo sin tener en cuenta la calidad de vida de los ciudadanos", afea el colectivo verde.
Una "impulso a la privatización" en Sanidad
La Sanidad tampoco queda exenta de cambios polémicos. El Gobierno madrileño pretende constituir una agencia de contratación sanitaria con plena capacidad de obrar y jurídica. Se trataría de un organismo independiente que puede participar en cualquier entidad que adopte forma de sociedad mercantil, así como contratar de manera centralizada suministros, bienes o servicios. Carmen Esbrí, portavoz de la Marea Blanca, cree que con este instrumento "se dará un impulso a privatizaciones de forma bastante torticera".
La financiación de este ente no se limitará a fondos públicos, sino que también podrá recibir donaciones o subvenciones. "Dispondrán de patrimonio propio sin ningún tipo de control", reprocha Esbrí, quien ve en la agencia un "futuro foco de corrupción". Avisa, además, de que cuando se produzca una crisis, como la pandemia, las decisiones del organismo quedarán en manos de solo dos personas: el presidente y el vicepresidente.
El sector del taxi, por su parte, ha conseguido que las leyes que los incumben se tramiten de manera paralela, aunque dudan de si este movimiento los beneficiará o si se trata de una "estrategia política". En su caso, Élite Taxi Madrid denuncia que se quiera "poner en manos de multinacionales absolutamente todo y uberizar el transporte público". La Ley Ómnibus, a la que definen como una "bomba antisistema", supondría "burlar" el 'Decreto Ábalos', por el que se prohibirá a las VTC realizar servicios urbanos a partir del próximo 28 de septiembre. Si la ley de Ayuso prospera operadores como Uber, Cabify o Bolt podrían prestar tanto servicio interurbano como urbano. "Pretenden salvar 8.000 puestos de trabajo de tres empresas, pero cargándose a 25.000 familias del taxi", se quejan.
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