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Madrid vs Celaá

viernes 22 de noviembre de 2019, 11:08h

Los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y ese papel no puede ser sustituido ni condicionado por el Estado; al contrario, los padres deben tener la seguridad de que el Estado les protege y garantiza sus derechos.

A lo largo de los cuarenta años de vigencia de la Constitución Española de 1978, las diferentes reformas educativas han defendido con mayor o menor pasión el derecho a la educación y la libertad de enseñanza consagrados en el artículo 27, desarrollados y reafirmados también por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En la misma línea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26.3 establece que “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

Sin embargo, las recientes manifestaciones de la ministra de Educación en funciones han generado una gran alarma social al cuestionar que los padres puedan elegir la educación de sus hijos.

Ya había asegurado la Sra. Celaá que la educación concertada debe ser subsidiaria de la pública y no complementaria. Pero la libertad de enseñanza no se garantiza sólo por la mera coexistencia de centros privados, concertados y públicos, sino que alcanza su plena expresión con la posibilidad real para las familias de elegir entre una pluralidad de opciones distintas, con distintos proyectos, principios orientadores, metas y prioridades.

Ejercer la libertad educativa no es solo elegir entre pública y concertada. También lo hace quien escoge entre dos centros públicos. Por eso, el debate que abre la ministra solo busca dividir y enfrentar ciudadanos y partidos políticos.

En la Comunidad de Madrid, con las políticas del Partido Popular, la libertad de elección está garantizada y son las propias familias las que determinan cuál es el centro que prefieren para escolarizar a sus hijos. Este año ha sido un 93,7 % de familias las que obtuvieron plaza en el centro elegido en primera opción.

Y es que desde que se llevaron a cabo las trasferencias educativas a las comunidades autónomas, la descentralización educativa ha rendido resultados muy positivos en la Comunidad de Madrid: la libertad educativa, la Ley de Autoridad del Profesor, el Programa Bilingüe, la puesta en marcha de la Formación Profesional Dual, la implantación de la asignatura obligatoria de Tecnología, Programación y Robótica…

En Madrid, con la misma ley educativa que el resto de autonomías, se han aprovechado las competencias para ofrecer a niños y jóvenes uno de los mejores sistemas educativos de España.

El Estado, por su parte, tiene que velar por que la educación no sea utilizada para adoctrinar de manera interesada por ningún gobierno autonómico. Para ello dispone de la figura de la Alta Inspección Educativa, que debe garantizar que el derecho a la educación en España se cumple de manera plena en todo el territorio nacional, sin depender de la suerte de haber nacido en una u otra comunidad autónoma.

En tanto no exista otro acuerdo entre todas las fuerzas políticas, España ya tiene su propio Pacto Educativo: se llama artículo 27 de la Constitución Española y los españoles nos hemos beneficiado de su verdadera esencia: la LIBERTAD.

Lorena Heras Sedano
Diputada Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid

Lorena Heras

Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid

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