“Porque los desahucios tienen rostro, el rostro de todas y de todos los ciudadanos y ciudadanas que sufren la especulación de un derecho fundamental, recogido en el artículo 47 de la Constitución, convertido en papel mojado por la especulación residencial y la desidia y mala fe del Ayuntamiento de Madrid”, ha enunciado de manera contundente la Plataforma Hábitat24, que agrupa a más de 30 organizaciones sociales para defender el derecho a la vivienda digna. Esta vez, la problemática atañe a los vecinos y vecinas de la Colonia de San Carlos, en el distrito madrileño de Villaverde.
Durante décadas, las familias de estos bloques ubicados en Villaverde Alto han vivido en estos edificios bajos construidos por la antigua Obra Sindical del Hogar, un vestigio del Madrid obrero de posguerra. Viviendas de propiedad pública ideadas en su momento como construcción de alquiler asequible. Allí vive Marisa, que lleva 25 años en la misma casa. “He nacido aquí. Cuidaba, cuando era jovencita, a la persona que vivía en esta vivienda. Ella se puso malita y quiso que me quedara aquí. Me empadroné enseguida, cambié el contrato de luz, los suministros, todo. Fui a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), lo documenté, entregué los papeles y me dijeron que no había ningún problema, que todo estaba bien”, ha contado.
Marisa forma parte de un grupo de 13 familias afectadas, que de ahora en adelante se enfrentaran a procesos judiciales por parte de la EMVS, que ha alegado que ocupan los inmuebles “sin título legal”. “Nosotros hemos estado pagando el alquiler todos estos años, más de veinticinco. Desde el primer momento quisimos arreglar todo, pero ellos no han querido”, ha explicado la residente.
“Nosotros hemos estado pagando el alquiler todos estos años, más de veinticinco. Desde el primer momento quisimos arreglar todo, pero ellos no han querido”
En su caso, el proceso está más avanzado. “Me llegó una carta de desalojo que decía que tenía que abandonar la casa el día 2 de diciembre del año pasado, entregar las llaves voluntariamente porque estoy en estado de ocupación, ya que el contrato está a nombre de una fallecida”, ha trasladado la vecina de la colonia. Sin embargo, Marisa se negó a entregar la vivienda pero el 11 de diciembre tendrá la vista del juicio.
Durante la conversación telefónica, Marisa ha insistido sobre su intención de regularizar su contrato de alquiler. “Si ellos quieren subir el alquiler, no me niego. Quiero regularizar. Que me den una alternativa, pero que no me dejen en la calle después de 25 años, toda la vida aquí”, ha asegurado. Además, la residente cuenta con un informe de vulnerabilidad por problemas de salud, que se han visto agravados por la situación de incertidumbre causada por la orden de desalojo.
La vecina de Villaverde ha explicado a Madridiario que la EMVS había dejado de cobrar los pagos de alquiler y el agua desde hacía casi un año. “Hemos intentado ir allí a pagarlos y tampoco han querido cobrarlos. Lo hacen para alegar que no pagamos”, ha afirmado. Y a pesar de que hace unos meses, tras insistir en la sede de la EMVS, uno de los gerentes de la empresa municipal se comprometió a revisar los casos judicializados, los vecinos no han recibido respuesta.
Mientras espera el juicio, Marisa ha comentado que continúa pagando todos los gastos “de su bolsillo”. “Pago mi luz, mi gas, todo. Hemos mantenido estas casas nosotras. Aquí hay muchas humedades, goteras, lo hemos arreglado todo solas porque nos han dejado de la mano de Dios”, ha detallado. “Es muy triste. Si llevas toda una vida y lo único que pides es una alternativa o regularizar el contrato, no puede ser que te traten como a una okupa. Yo no he dado ninguna patada a nadie. Lo único que he hecho es cuidar una casa y pagar todo lo que me correspondía”, ha subrayado con resignación la inquilina.
"Hemos mantenido estas casas nosotras. Aquí hay muchas humedades, goteras, lo hemos arreglado todo solas porque nos han dejado de la mano de Dios”
Desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm), han transmitido su respaldo a las familias afectadas. Quique Villalobos, responsable de urbanismo, ha asegurado que la EMVS está “incumpliendo su función social al judicializar casos que podrían resolverse con voluntad política y diálogo”. “La EMVS tiene una responsabilidad pública y una obligación de proteger a las personas vulnerables, no de echarlas a la calle. Son viviendas que, en muchos casos, se han pagado y mantenido durante décadas. No puede ser que ahora, después de todo, se las trate como ocupantes ilegales”, ha denunciado la Fravm.
“Aquí no ha venido nadie del Ayuntamiento en décadas. Ni a arreglar ni a preguntar”, ha recordado Marisa, que no sabe qué pasará después del juicio. “A lo mejor quieren construir pisos nuevos. No tengo ni idea. Pero lo que sí sé es que estas casas las hemos mantenido nosotros, no ellos”, ha apostillado la afectada.
Villalobos ha asegurado que el trasfondo del conflicto puede ser la especulación urbanística. “No sería la primera vez. Son parcelas de bajo volumen edificatorio, en zonas donde el valor del suelo está subiendo. Y la estrategia pasa por vaciar, derribar y recalificar”, ha contado el experto.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, la EMVS ha defendido su actuación. En una respuesta remitida a este medio, el organismo ha explicado a este periódico digital que “realiza inspecciones periódicas en las viviendas del patrimonio municipal para garantizar su correcto uso, conforme a la normativa sectorial y el reglamento municipal”. Fuentes municipales han añadido que estas inspecciones “buscan prevenir situaciones como ocupaciones ilegales, cesión no autorizada de viviendas o realización de obras sin permiso”. Cuando se detectan estas irregularidades “se envían requerimientos a los titulares para que presenten alegaciones y justifiquen el uso legal de la vivienda. En caso de no hacerlo, se les solicita la entrega voluntaria de la vivienda, que será sorteada nuevamente entre los solicitantes inscritos en el Registro Permanente de Vivienda, según lo establecido legalmente”.
Desde la empresa municipal han subrayado además que “las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento”, y que la EMVS “tiene la obligación legal de velar por dicho cumplimiento”. En este sentido, han sostenido que “solo se inician procedimientos judiciales por ocupaciones ilegales, tanto forzadas como no forzadas, cesiones ilegales y subarriendos” y que los servicios jurídicos “cumplen con su deber de interponer demandas de desahucio para proteger los derechos de los solicitantes inscritos que esperan la adjudicación de una vivienda”. En particular, por motivos de protección de datos, la empresa ha señalado que “no puede ofrecer información de procedimientos actuales ni concretar más datos sobre la colonia San Carlos”.
“Las viviendas son públicas, un bien de todos los madrileños, y sujetas a una normativa y un reglamento”
Asimismo, la EMVS ha negado las acusaciones de abandono institucional. “Seguimos trabajando en esta colonia y no la tenemos abandonada, como falsamente se ha dicho por algunos grupos políticos”, han argumentado. Como ejemplo, destacan “los 200.000 euros que la empresa municipal lleva invertidos desde el año 2023 en actuaciones de ITE para reacondicionar las zonas comunes de los vecinos de la colonia San Carlos”.
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