El comisionista
Alberto Luceño se ha
negado a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que instruye el conocido caso de las mascarillas, por presuntamente
defraudar 1,3 millones de euros a la Hacienda Pública en el ejercicio de 2020 y manipular documentos oficiales.
Ante los abogados personados, el fiscal y su defensa, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Al empresario se le investiga por una presunta estafa al Ayuntamiento en la venta de mascarillas y otros productos sanitarios. A raíz de estas pesquisas judiciales, el juez ha extraído una pieza separada ante la aparición de nuevos indicios de delito. Primero estaba llamada a testificar la perito de la Agencia Tributaria que elaboró el informe económico que apunta a la existencia de un posible delito fiscal, trabajo que ha sido ratificado ante el instructor.
El informe concluye que el investigado había dejado de ingresar en las arcas públicas en relación al IRPF del año 2020 la cantidad de 1.351.386 euros, como consecuencia de las operaciones de intermediación investigadas en el presente procedimiento. En la pericial, la experta ha insistido a preguntas de los abogados que el investigado no tenía ninguna voluntad de pagar a Hacienda y que incluso les ha trasladado que regularizará la cantidad supuestamente defraudada en el año 2020 cuando haya sentencia firme en el caso de las mascarillas.
La perito ha apuntado ante Adolfo Carretero que Luceño podría incluso incurrir en un delito contable al carecer de libros que recojan los ingresos contables por ejercer una actividad profesional. La abogada Nuria Zapico, que representa a la acusación popular de Más Madrid, ha destacado que la perito ha sido "muy tajante" en afirmar que Alberto Luceño no tenía intención de pagar a la Agencia Tributaria.
Falsedad documental
En relación a la falsedad en documento oficial, el juez esgrime en su auto que la imputación se basa en un informe de la Policía Nacional que apuntaba a la manipulación de varios documentos oficiales hallados en los registros practicados el pasado mes de septiembre en su vivienda y en la sede de su empresa.
Entre estos documentos manipulados, figura una carta firmada por el alcalde de Madrid; un certificado emitido por el personal del Hospital Puerta de Hierro; y un certificado emitido por el director general de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid.
En el caso de la carta firmada por el alcalde, el documento señala que "existe una elevada cantidad de archivos con diferentes versiones modificadas en torno a la misma, llegando a incluir en algunos casos emblemas del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social". En esta carta, el Ayuntamiento de Madrid recomendaba al empresario para así facilitar que cerrara los contratos en China ante los obstáculos que ponían las autoridades de este país.
El magistrado investiga a Luceño y a su entonces socio Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la venta de material sanitario para afrontar el inicio de la pandemia del Covid-19, una operación en la que el Consistorio desembolsó cerca de 11 millones de euros.
Registro en la vivienda de Luceño
El pasado septiembre, la Policía localizó en la vivienda de Luceño una placa en la que ponía "agente de autoridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)" y varias impresiones de imágenes de tarjetas de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa. Anticorrupción pidió al juez Carretero que la Policía registrase el domicilio del comisionista Alberto Luceño al sospechar que detrás de un correo firmado por San Chin Choon estaría el propio Luceño con la finalidad de avalar falsamente su tesis de que él y su entonces socio Luis Medina eran agentes exclusivos de la empresa malaya.
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