El juicio por el 'caso mascarillas' ha quedado visto para sentencia este jueves. Tanto Luis Medina como Alberto Luceño han optado por no ejercer su derecho a la última palabra. Durante los alegatos finales, las defensas de ambos han solicitado al tribunal que absolviera a sus clientes, argumentando que no se había demostrado la estafa al Ayuntamiento de Madrid.
Tras ocho sesiones, la vista oral concluye con la comparecencia de varios funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Entre los que han testificado se encuentran la jefa de compras del Consistorio durante la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, así como peritos de la Agencia Tributaria y de la Policía Municipal de Madrid.
Las declaraciones de los procesados dejaron en evidencia que nunca discutieron las comisiones con Elena Collado, contradiciendo lo que ella había afirmado. Además, señalaron que fue la empresa malaya Leno, encargada de proveer el material al Ayuntamiento, quien estableció el precio de las mascarillas.
Las acusaciones populares, junto con el PSOE y Más Madrid, así como los abogados defensores, han presentado sus conclusiones finales en la última sesión. La abogada del PSOE ha propuesto que se consideren posibles acciones legales contra los procesados debido a las contradicciones observadas durante la vista oral, además de solicitar que se investiguen delitos relacionados con el tráfico de influencias y la prevaricación.
El abogado de Medina pide su absolución
La solicitud de una sentencia absolutoria ha sido presentada por el abogado de Luis Medina, José Antonio Choclán, quien argumenta que la acusación de estafa carece de base. En primer lugar, señala que no era posible calcular un sobrecoste en los precios de las mascarillas, ya que el mercado se encontraba desestructurado y sin oferta. Además, enfatiza que no hubo incumplimiento de los contratos porque "el fin era traer ese material" sanitario.
"El pelotazo del que habla el fiscal, ¿no lo querrá tener ahora el Ayuntamiento de Madrid por la vía penal?, ¿No es un pelotazo para el Ayuntamiento quedarse con toda la comisión que ha pagado el intermediario? Esa es la pretensión acusatoria", ha deslizado aludiendo a que Elena Collado "pensó" que no iban a cobrar comisiones.
"El tema ético o moral no tiene nada que ver con la estafa", ha agregado el letrado, quien ha insistido en que la empresa malaya Leno podía pagar los comisiones que quisiera. Ayer, Alberto Luceño manifestó que fue el proveedor el que fijó la cantidad de dinero que iban a recibir por la operación.
De igual manera, se ha mencionado que la Fiscalía archivó la causa contra el hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dado que el precio al que se vendieron las mascarillas fue idéntico al del cliente.
"Sabemos como ejemplo que se abrió una causa en correlación al hermano de Ayuso que fue archivado por decreto de la Fiscalía el 14 de marzo de 2023 en el que se vendieron también mascarillas a un precio cinco euros y la Fiscalía dijo que era un precio razonable y de mercado y se archivó. El precio que aquí se ha puesto es de 6,24 euros, que teniendo en cuenta la donación al final vamos a 4,99 euros, fue el mismo precio", ha recalcado.
El abogado de Alberto Luceño, Miguel Gala, ha respaldado los argumentos de su colega Choclán sobre el delito de estafa agravada que se les imputa a ambos acusados. Ha señalado que no existe ocultación respecto a los cinco millones recibidos como comisión. "Llegó de una manera transparente a España y las comisiones se cobran en una cuenta personal en un banco español", afirmó.
Estafa probada
Ayer, el fiscal reafirmó las penas de nueve y quince años de prisión que se proponen para los delitos que se les imputan: estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal. Además, añadió la inhabilitación para ejercer el comercio durante el tiempo que dure la condena.
En el informe presentado, el fiscal enfatizó que se han demostrado todos los hechos por los cuales se les imputa, y la evidencia respalda cada uno de los elementos del delito.
Respecto a la estafa, se puede afirmar que el ánimo de lucro ha sido "más que probado" debido a varios indicios, entre los cuales se encuentra un correo que menciona "pá la saca" y describe la operación como un "pelotazo", además de la cantidad de las comisiones.
"La comisión que se llevaron fue del 149% en el caso de las mascarillas, de 244% en el caso de los test y en el caso de los guantes del 426%. Es difícil encontrar mayor ánimo de lucro en este tipo de operaciones", remarcaba en la sesión de ayer.
El fiscal ha subrayado que se ha demostrado la existencia de una ocultación de las comisiones en relación al engaño. Se intentó crear la impresión de que actuaban de manera altruista y que no recibían comisiones. Esto queda evidenciado en un correo enviado por Elena Collado el 22 de marzo, donde menciona que no recibirían dinero por esa operación.
"El precio se incrementa para aprovecharse de las circunstancias, lo que es un elemento nuclear del engaño. Luis Medina y Luceño dijeron que tenían experiencia en comercio exterior cuando no firmaron ninguna operación en esos dos años", ha zanjado el fiscal.
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