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La dictadura educativa: cuestión de prioridades

miércoles 04 de noviembre de 2020, 07:45h

Desde que en el mes de marzo el Consejo de Ministros diera luz verde a su proyecto de nueva ley educativa socialista -la LOMLOE, más conocida como Ley Celaá-, asistimos atónitos a un espectáculo cuasidictatorial.

Velocidad de vértigo para una ley que llega en un momento inédito y excepcional en España, inmersa en una pandemia que ha transformado definitivamente las necesidades educativas.

El periplo autoritario del gobierno comenzó negando una ampliación del periodo de enmiendas en abril, insólito en democracia, que finalmente rectificaron ante la presión de la comunidad educativa. Y continuó con la desestimación en junio de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Partido Popular, Ciudadanos y VOX.

En respuesta al despropósito Sánchez e Iglesias, el Partido Popular ha presentado 156 enmiendas parciales a la LOMLOE para construir un modelo alternativo basado en la libertad, la calidad y la equidad. Porque no se puede imponer una nueva contrarreforma educativa que no tenga en cuenta la realidad plural de la educación en España -pública, concertada y privada- y la opinión de comunidades autónomas tan importantes como Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León o Murcia, que representan el 47% del alumnado español. Casi 4 millones de alumnos de los 8,2 millones de toda España.

Tal es su voluntad de aprobarla con urgencia, que hace unas semanas los partidos del Gobierno de España votaron en la Mesa de la Comisión en contra de que la sociedad civil compareciera en la Comisión de Educación. Es la primera vez en la democracia que la tramitación de una Ley de Educación no permite la participación de la comunidad educativa: expertos en la materia, docentes, familias... Con ello, el gobierno de Sánchez e Iglesias da un paso más hacia el autoritarismo, amordazando a la comunidad educativa.

Recuérdese que la tan criticada por la izquierda Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la única ley educativa del Partido Popular, contó en su tramitación con 50 expertos comparecientes en Comisión en el Congreso. El objetivo era mejorar el texto y adecuar la ley a los retos de la educación española.

Es más, tras la entrada en vigor de la LOMCE, el Partido Popular paralizó los aspectos más discutidos de la Ley, en consenso con las Comunidades Autónomas, para intentar alcanzar un Pacto Nacional por la Educación.

Así, en diciembre de 2016 se creó una subcomisión en el Congreso, impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos, en la que participaron todas las fuerzas parlamentarias salvo ERC. Tras un largo trámite destinado a escuchar a expertos a propuesta de los distintos grupos políticos —en total, 80 pasaron por el Congreso de los Diputados— y a elaborar un guion compuesto por 15 puntos sobre el que debía construirse el pacto definitivo, el PSOE abandonó la subcomisión en marzo de 2018. Con ello renunció al primer pacto educativo en la historia de España y puso de manifiesto la nula voluntad del Partido Socialista de llegar a grandes acuerdos.

No ha sido este el último episodio educativo despótico del Gobierno Sánchez-Iglesias.

Hace unos días asistimos al nacimiento de la Plataforma Más Plurales, conformada por una diversidad de entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros que piden la protección y la continuidad de la pluralidad de nuestro sistema educativo actual. Desde Más Plurales denuncian que la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo que es clave en una sociedad democrática.

A ellos también ha querido callarles el Gobierno PSOE-Podemos al denegarles a través de la Denegación del Gobierno en Madrid el permiso para la concentración que la Plataforma tenía previsto celebrar ante el Congreso de los Diputados. Exactamente el mismo día que conocíamos que el Gobierno pacta con ERC que el castellano no sea lengua vehicular, lo que la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, justifica en que hay que dialogar con independentistas.

Es evidente que el PSOE ha elegido compañeros de viaje, y no son ni una buena educación ni la libertad. Ya saben: cuestión de prioridades.

Lorena Heras

Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid

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