“Estamos ante una ocupación y una merma de un bien de dominio público”. Son palabras de María Ángeles Nieto, portavoz de la Plataforma Ecologista Madrileña, tras denunciar la instalación de un vallado en el camino público de La Moraleja, en Tres Cantos. La vía, histórica y protegida por normativa urbanística, ha quedado invadida, de manera parcial, por postes metálicos de dos metros que estrechan el paso y, manifiesta Nieto, "dificultan el acceso de vehículos de emergencia". A raíz de la denuncia, presentada el 11 de agosto, las obras se han paralizado de manera temporal, aunque desde la Plataforma desconfían de la intención final.
El conflicto se centra en una finca privada situada en el paraje La Vega del Registrador, al este del municipio, que se encuentra en la zona conocida como 'El Tagarral', un espacio con prolongados conflictos legales y urbanísticos tras su desclasificación como suelo urbanizable. Los postes del cerramiento se han colocado sobre la plataforma del camino y dentro del área cercada han quedado apoyos de una línea eléctrica, sin respetar la franja de servidumbre ni el acceso para mantenimiento.
“Es un riesgo porque se estrecha un camino que históricamente ha tenido entre cinco y seis metros de ancho, lo que impide el paso seguro de vehículos de emergencia”, explica Nieto. La portavoz añade que el vallado podría dificultar la evacuación o el acceso a la zona, sobre todo tras el incendio del mes de agosto que afectó al monte Viñuelas y al colindante arroyo Moralejo.
“Es un riesgo porque se estrecha el camino, lo que impide el paso seguro de vehículos de emergencia”
El camino de La Moraleja forma parte de una extensa red de senderos históricos, conecta con otros caminos vecinales y está inscrito como bien público en el Catastro, con una superficie de 9.390 metros cuadrados. Además, el Plan General de Ordenación Urbana de Tres Cantos lo clasifica como suelo no urbanizable protegido de ribera, reforzando su valor ambiental y cultural.
Nieto recuerda que estos caminos son patrimonio colectivo: “Son vías históricas vinculadas a infraestructuras hidráulicas tradicionales y al paisaje de ribera. Si se permite que un propietario invada un tramo, mañana puede pasar en otras zonas, fragmentando el patrimonio común”.
Denuncia y medidas reclamadas
La Plataforma Ecologista Madrileña, integrada por ARBA, El Soto, Grama, Jarama Vivo y Liberum Natura, exige al Ayuntamiento que inicie un expediente sancionador, retire el vallado y devuelva el camino a su estado original. También reclama un deslinde oficial para definir los límites entre propiedad privada y dominio público.
“Lo más lógico hubiera sido que el propietario consultara al Ayuntamiento antes de empezar los trabajos y realizar el deslinde previo”, subraya Nieto. “El Consistorio tiene la obligación de catalogar y proteger los caminos públicos para evitar que sucedan estas situaciones. Hemos reaccionado a tiempo, pero si el vallado se hubiera completado, retirarlo habría sido mucho más costoso y complicado”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Tres Cantos traslada que, debido a las denuncias interpuestas, se ha iniciado un procedimiento "que se encuentra en periodo de alegaciones y está a la espera de los correspondientes informes técnicos para definir cuál será la implicación del consistorio en el proceso".
Los ecologistas temen que la instalación del vallado sea un primer movimiento en el marco de antiguos intentos de reclasificar los terrenos del Tagarral como urbanizables. “Nos preocupa que propietarios empiecen a cerrar parcelas en zonas conflictivas, lo que podría limitar el acceso y presionar para cambios de uso del suelo”, advierte Nieto.
“Lo más lógico hubiera sido que el propietario consultara al Ayuntamiento antes de empezar los trabajos y realizar el deslinde previo”
La portavoz concluye enfatizando la importancia de defender los caminos rurales y vecinales como patrimonio colectivo, esenciales tanto para la movilidad histórica como para la conservación ambiental: “Son bienes comunes; si se pierden, no hay vuelta atrás”.
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