¡Por fin ha estallado el debate de la fiscalidad en Madrid! Ese debate que desde las Comisiones Obreras de Madrid llevamos años alentando y en el que siempre hemos considerado que en nuestra región los sucesivos gobiernos del PP practican el dumping fiscal hasta tal punto de convertir la Comunidad de Madrid en un “balneario fiscal”. No utilizaré ni metafóricamente el concepto “paraíso fiscal”, que ciertamente es otro asunto del que, por otra parte, también se sabe mucho en Madrid y en España.
No olvidemos las primeras palabras, al tomar posesión de su cargo el pasado año, del comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni: “no podemos aceptar la idea de una competencia fiscal entre países europeos”. Pues Isabel Díaz Ayuso va más allá e insiste en llevar esa competencia a nuestro país.
Por otra parte, prestigiosas voces como la del economista Gabriel Zucman, discípulo de Thomas Pikkety, tienen muy claro que “subir impuestos no daña a nadie (…) Los superricos no promueven el crecimiento. Son las políticas de educación, infraestructuras… Y para eso hace falta recaudar impuestos”.
Afirman el PP, Ciudadanos e, incluso, la extrema derecha, que los regalos fiscales a los ricos favorece la captación de inversiones y la generación de riqueza. Si fuera cierto, sería reconocer el dumping fiscal a las otras comunidades autónomas, pero no lo es. La historia de esta región demuestra que gobiernos como los presididos por Gallardón, poco amigos de los regalos fiscales, captaban tanto o más inversiones que ahora. Son los causantes el efecto capitalidad, el efecto sede de las Administraciones del Estado, de las grandes empresas, de los centros universitarios y de investigación... Es una vergüenza que esta ventaja geopolítica se utilice por el Gobierno regional actual, económicamente contra el resto de las regiones del país y políticamente para confrontar con los Gobierno de la Nación y de otras comunidades autónomas.
El escándalo en la sanidad madrileña se inauguró cuando Aguirre prometió construir siete hospitales de golpe al presentarse a las elecciones autonómicas por primera vez. Lo que hizo fue abrir el sistema sanitario al capital y la gestión privados de empresas concesionarias. Las sociedades adelantarían el dinero y construirían los edificios por un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Ese plan (con letra y música del entonces consejero Manuel Lamela) contó con una financiación de miles de millones a lo largo de tres décadas. Ante esa lluvia de dinero acudieron empresarios y empresas, fundamentalmente constructoras, que tiempo después aparecerían salpicadas por la corrupción de casos como la Gürtel o la Púnica.
Las concesionarias se quedaron con todos los servicios no sanitarios: gestionaban desde los puestos auxiliares, la limpieza o el mantenimiento del edificio que podían a su vez sacar a contrata. También el alquiler de los espacios dedicados a restauración, aparcamientos o comercios. La construcción de hospitales aumentó, y ya en régimen de privatización absoluta a cambio de suelo público, como el de Valdemoro, construido a 15 kilómetros del de Parla… La mezcla de salud y negocio es tal, que el heredero de Lamela, Juan José Güemes presentó su siguiente plan bajo el título “oportunidades de negocio” para pescar entre los contratistas que debían hacer los hospitales de Móstoles, Torrejón y Collado Villalba. Y sigue la fiesta con el Hospital Isabel Zendal, si se puede llamar hospital, que más parece un dormitorio corrido temporal para enfermos leves del COVID-19.
Paralelamente a estos desmanes, los gobiernos del PP fuerzan la paulatina destrucción de la atención primaria sanitaria, como hemos visto y padecido con la irrupción de la pandemia. El objetivo del PP se va cumpliendo: rentas medias y altas compran seguros privados para ser atendidos; mientras la sanidad pública, recorte a recorte, y engrosando pelotazos privados y corruptelas, era incapaz de responder y se incrementaban las listas de espera en todos los niveles. Se busca el timo, tú te pagas tu sanidad y el gobierno te rebaja impuestos. Los madrileños y madrileñas son los que más gastan en sanidad privada.
Por su parte, hacer del derecho a la educación un negocio ha sido otra prioridad para las derechas madrileñas. El timo es igual que en sanidad: transferir dinero al sector privado. Además de la vía corrupta a los “amigos”, a esas amistades peligrosas de Francisco Granados a las que cobraba, según ABC, “entre 900.000 y 1,2 millones de euros por cada colegio concertado adjudicado”. El negocio de Granados y sus socios era tan redondo que ni siquiera había que corromper a los alcaldes: promover colegios concertados se presentaba como un valor para el municipio y una apuesta del PP.
La otra vía es promover la enseñanza privada cara o concertada que de hecho también se paga En la ciudad de Madrid, el 60 por ciento de la enseñanza ya es concertada y privada. Hay distritos donde no se pueden elegir escuelas públicas de calidad y gratuitas porque no hay. En este entramado de recortes, privatizaciones y financiación subterránea está la derecha ensuciando la palabra “libertad”. Hablan de “libertad para elegir” cuando deberían decir “te dejo que elijas, pero lo pagas tú y luego te hago un regalo fiscal”. Aquí si no se tiene dinero no se puede elegir. Como recientemente expresaba en el programa “¿Cómo ha afectado el COVID a la sociedad?” el filósofo Roberto R. Aramayo, “sin igualdad no hay libertad”.
El modelo fiscal madrileño, especialmente desde los gobiernos de Aguirre favorece claramente a las rentas más altas y siembra desigualdad. La profesora de Economía, Mónica Melle explicaba recientemente en el artículo “El pernicioso modelo fiscal madrileño” que “los Gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid siempre han tomado decisiones de bajar o bonificar impuestos”.
Los datos que presentaba son contundentes. Desde 2004 se han dejado de recaudar un total de 48.292 millones de euros en la Comunidad. La bonificación de hasta el 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que beneficia a las grandes herencias y fortunas, supuso una merma anual de recaudación de 2.631 millones de euros en 2019. El impuesto del patrimonio —bonificado al 100% en Madrid— habría supuesto 996 millones de euros en 2019. La pérdida de ingresos por la bonificación del 10% por la compra de vivienda habitual en el ITP y AJD fue de 56 millones de euros en 2019. Y las reducciones de tipos y deducciones autonómicas del IRPF (vinculadas a gastos educativos, familias numerosas, contratación de cuidadores...) mermaron la recaudación de este impuesto en 870 millones de euros en 2019. En total en 2019 la Comunidad obtuvo 4.571 millones de euros menos por su política de reducción de impuestos.
Si esto no es un paraíso fiscal, permítase decir que es un balneario fiscal, un modelo tramposo.
Si (
No(
