Entrevista a los cinco portavoces de Educación en la Asamblea de Madrid

Desde hace unos años la diversidad política se ha instalado en las Instituciones dificultando, a priori, la oportunidad para llegar a acuerdos, pero, sin embargo, abarcando una mayor cantidad de matices ideológicos y consecuentemente de ideas, propuestas y acciones que, en último término, revierten en beneficio del ciudadano. Uno de los temas que genera más discrepancias entre los distintos grupos políticos en Madrid es, sin duda, la educación. Por eso, en esta entrevista, hemos querido conocer la visión de cada uno de los portavoces de Educación de todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid, confiando en que el lector sabrá detectar las declaraciones de intenciones, los planes previstos y los pactos posibles y así discernir entre lo que sí es posible que ocurra y lo que de ninguna manera…

¿Cree usted que la Comunidad de Madrid necesita una ley que preserve la libertad de enseñanza?

Lorena Heras (PP): Es imprescindible. La LOMLOE -conocida como Ley Celaá- es un ataque a la libertad, la calidad, la educación concertada, la educación especial y el español como lengua vehicular. Frente a esta ley sectaria, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere blindar el sistema educativo de la Comunidad de Madrid hasta que Pablo Casado derogue la LOMLOE con su llegada al Gobierno de la Moncloa. Y lo haremos con la ley Maestra de Libertad Educativa.

Antonio Sánchez (Más Madrid): Creemos que la Comunidad de Madrid lo que necesita es una ley que garantice que la libertad no depende del dinero que uno tiene en el bolsillo. Es decir, en una ley que garantice la igualdad real en el acceso a la libertad. Parece redundante, pero no lo es. De lo que no podemos hablar es de que la libertad sea un bien privado. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, muchas familias no pueden elegir centro educativo para sus hijos. Eso significa que quienes sí pueden elegir, es decir, quienes tienen más capacidad económica, son los únicos que tienen acceso a la libertad. La libertad se garantiza poniendo la igualdad por principio. Esto no lo decimos nosotros exclusivamente, se decía ya en el salmo 82:3 de la Biblia; ahí aparecía aquello de “defended al débil y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso”. Pues bien, solo decimos que la libertad que hay que preservar no se preserva en abstracto; es decir, que lo que hay que defender es, principalmente, la libertad del débil y del huérfano, del afligido y del menesteroso; que defendiendo esa libertad es como terminamos por llamarnos comunidad con mayúsculas sin dejarnos a nadie atrás, esto es, a nadie fuera del camino de la libertad.

Jaime de Berenguer (Vox): La respuesta es rotundamente sí pero una vez dejado esto claro se abre la cuestión fundamental y es preguntarse qué consideramos libertad de enseñanza. El Partido Popular, por ejemplo, en la Ley Maestra, entiende por ésta, exclusivamente la elección de centro educativo. Pero para VOX la libertad de enseñanza es eso y mucho más, libertad de enseñanza es la igualdad de oportunidades, que todos los niños, con independencia de dónde nazcan y el dinero que tengan sus padres disfruten de la oportunidad de recibir educación; libertad de enseñanza es que los niños reciban una educación libre de adoctrinamiento; libertad de enseñanza es que ésta sea de calidad y libertad de enseñanza es, también, que los padres sepan, no solo qué se les está enseñando a sus hijos en clase, sino también qué resultados tiene el colegio en las evaluaciones sobre la calidad docente. Y nada de esto aparece en la Ley que presenta el Partido Popular.

Marta Bernardo (PSOE): Como bien sabe FERE, desde el partido socialista siempre hemos defendido y preservado la libertad educativa y creemos que, en la Comunidad de Madrid, porque les hablo como portavoz de Educación en nuestra Comunidad, es absolutamente innecesaria una Ley en este sentido. El desarrollo normativo exigido por la LOMLOE puede hacerse con un simple Decreto, como de hecho también está haciendo el Gobierno de la Comunidad.

Agustín Moreno (Unidas Podemos): El derecho de educación lo preserva el artículo 27 de la Constitución Española, entendido como la libertad de crear centros educativos privados y libertad de cátedra, y está regulada por el ordenamiento jurídico que lo desarrolla. La educación es más que un servicio público, es un derecho fundamental. Por eso, debe asegurarse su universalidad en términos de igualdad y de gratuidad. La educación pública es la única que puede garantizar que el derecho a la educación sea una realidad asegurando la cohesión social. Y la única ley educativa que necesita la Comunidad de Madrid es aquella que refuerce la red pública, fortalezca la calidad, doble la inversión y garantice una educación inclusiva y sin segregación por razones socioeconómicas o de cualquier otro tipo.

Brevemente: posibles pros o posibles contras del texto del proyecto de ley que se tramita parlamentariamente.

Antonio Sánchez (Más Madrid): Creemos que la ley no se hace cargo de la realidad madrileña; que bunkeriza la segregación y facilita los guetos. Somos la Comunidad en la que las familias más invierten en educación al año de toda España y a la vez la Comunidad en la que menos inversión pública se realiza en educación. Este son el tipo de cosas de las que se tiene que hacer cargo una ley de educación. Dicho de otra manera, si Madrid fuese un país, solo Ucrania o Turquía tendrían este nivel de segregación y desigualdad. Esto lo dicen en sus informes Save the Children o Esade, que no son sospechosas. Creo que tenemos que ser serios y combatir la segregación, en lugar de bunkerizarla por medio de una ley que permite a los centros seleccionar a su alumnado -generando guetos en otros colegios- y que permite el pago de cuotas ilegales en centros financiados públicamente.

Jaime de Berenguer (Vox): Los pros son claros, evitar algunas de las consecuencias nefastas que para la educación tiene la Ley Celaa que trata de imponer Pedro Sánchez y sus socios. Entre otros la defensa de la educación concertada y la especial. Contras que el Gobierno del Partido Popular no ha tratado más que estos dos aspectos sin preocuparse de temas que, en nuestra opinión, son imprescindibles en una Ley de Educación, como la garantía del acceso a todos con independencia de su nivel económico, la calidad, la transparencia, el adoctrinamiento, la participación de los padres, el papel del profesorado o los valores que nos unen como nación. De nada de esto ha querido hablar el Partido Popular.

Marta Bernardo (PSOE): Cuando que se abre el proceso para la aprobación de una nueva ley, se abre además una gran posibilidad, la del diálogo y el acuerdo. No nos gusta esta ley tal como está (de hecho, hemos presentado una enmienda a la totalidad con devolución del texto) pero si llega a tramitarse esperamos que el texto propuesto pueda enriquecerse con la aportación de todos los grupos parlamentarios, la sociedad civil y la comunidad educativa para poder llegar a lograr el máximo acuerdo posible y, a ser posible, lograr un gran consenso. No quiero dejar de señalar que, en nuestra opinión, esta norma, de aprobarse como la tramita el Gobierno Regional, puede generar inseguridad jurídica, como señala la propia abogacía general de la Comunidad de Madrid en los informes preceptivos que acompañan al proyecto normativo. El contenido de la norma, tal y como figura en el texto remitido, no se dedica a regular aquello de lo que el título dice que va a tratar: la admisión, a escolarización y la elección de centros. Por el contrario, trata de mantener el debate sobre los tópicos con los que el PP y la oposición parlamentaria se enfrentaron a la LOMLOE, hoy día ya aprobada. La enseñanza del castellano, la regulación de la Inspección, la ordenación de los centros de educación especial, etc., no guardan relación con el objeto de la ley, por lo que su presencia en la ley responde a otro objetivo, posiblemente propagandístico.

Agustín Moreno (Unidas Podemos): El proyecto de ley presentado en la Asamblea de Madrid busca, fundamentalmente, confrontar con el Gobierno central. Y lo hace, falseando las supuestas consecuencias de la LOMLOE (supuestos ataques a la educación concertada, a los centros de educación especial, al castellano…). Esa finalidad, buscada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, la invalida como ley que busque la mejora de la calidad educativa madrileña. Además, es técnicamente mala y no aborda las principales deficiencias realmente existentes en la educación. De ahí que hayamos pedido su retirada, para dar oportunidad a la negociación de otra norma que sea útil y que intente buscar el necesario consenso.

Lorena Heras (PP): La ley apuesta por la libertad de elección y el distrito único, recupera el criterio de la demanda social, reconoce el español como lengua oficial y vehicular, premia la excelencia académica y el esfuerzo y regula la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales bajo los principios de normalización, inclusión, no discriminación, e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo. Naturalmente, estamos abiertos a mejorarlo, de ahí nuestra firme voluntad de alcanzar con otros grupos un acuerdo de libertad educativa por el bien de todos los madrileños.

¿Qué opinión tiene su grupo parlamentario de los conciertos educativos? ¿Son necesarios en el Madrid del s.XXI?

Jaime de Berenguer (Vox): Los conciertos, como cualquier otro tipo de sistema público, privado o de cheque escolar, son herramientas al servicio de lo fundamental, que es el derecho de los españoles a recibir una educación digna y de calidad que haga de ellos ciudadanos libres e independientes en el futuro. Como tal herramienta, además, garantiza la libertad de elección de las familias, también de los muchachos, por lo cual nos parece perfectamente razonable y defendible su existencia y utilidad.

Marta Bernardo (PSOE): Siempre hemos defendido que la educación concertada ofrezca posibilidades de proyectos educativos necesarios en un modelo abierto y plural de educación. En todo caso, es conocida nuestra posición al respecto. La educación siempre ha de sostenerse en un sistema público de alta calidad y con equidad, que asegure el acceso a la educación de todo el alumnado en condiciones de excelencia. Siempre hemos pensado que el éxito de la educación concertada se fundamenta en una educación pública de altísima calidad y este principio, me consta, lo comparte gran mayoría de la comunidad educativa.

Agustín Moreno (Unidas Podemos): Los conciertos educativos han jugado un papel en determinados momentos en los que la oferta pública no era suficiente. En la España del siglo XXI, el horizonte debe ser la supresión progresiva de la financiación pública de los centros privados concertados. La red pública debe ser la que articule el sistema educativo y, para ello, de forma progresiva, voluntaria y negociada, debe integrar a los centros privados concertados.

Lorena Heras (PP): El artículo 27 de la Constitución Española establece la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica y la posibilidad de ayuda económica de los poderes públicos a los centros docentes que cumplan los requisitos previstos en la Ley. Los conciertos educativos son una de las formas en que se ha hecho cumplir dicho artículo en las diferentes leyes y normas educativas desarrolladas en España hasta hoy. Sin embargo, la LOMLOE ataca esa libertad educativa y la diversidad de modelos y proyectos que ha caracterizado nuestro sistema educativo desde la 1978 y supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa porque recorta el derecho fundamental a la libertad de elección.

Antonio Sánchez (Más Madrid): El problema es que se ha vuelto muy difícil valorar la situación de la concertada más allá de los problemas estructurales de la misma. Esta semana conocíamos la noticia de que en nueve de cada diez centros concertados, que son y deben ser gratuitos, se cobran cuotas a las familias, y que esas aportaciones no son voluntarias en el 77% de los casos. Eso significa que estamos en situación de franca inconstitucionalidad, que la gratuidad de la educación obligatoria no está garantizada porque en centros sostenidos con fondos públicos se cobran cuotas, lo que imposibilita el acceso a muchas familias a esa educación y lo que merma la libertad de elección. Muchas familias no se pueden permitir esas cuotas. Así que hay que desbrozar primero los problemas de los actuales conciertos, para después ver su situación en Madrid.

En caso afirmativo, ¿qué elementos introduciría su grupo en la regulación de los conciertos?

Marta Bernardo (PSOE): La regulación de los conciertos es una norma básica (la LOMLOE y el RD vigente) que corresponde al Gobierno de España. El desarrollo normativo, a partir de la norma básica recogida en el RD de conciertos, es competencia del Gobierno Regional y debe ajustarse a la Ley Orgánica de Educación LOMLOE recientemente aprobada. Lo más importante es que la administración regional, que gobierna la educación en Madrid, encuentre los cauces para un diálogo fructífero con el Gobierno de España que traiga al sector un marco claro y estable, sin sobresaltos. En educación hay que lograr el máximo acuerdo posible y se debe lograr la mejor relación entre administraciones porque nos jugamos mucho como país y como región. Madrid será lo que sea su educación y por tanto la estabilidad en los objetivos educativos, la evaluación de los programas, la formación del profesorado, así como una financiación suficiente son metas irrenunciables que no deben bosquejarse en falsas polémicas.

Agustín Moreno (Unidas Podemos): Mientras tanto, lo primero es aplicar la ley en relación al no cobro de ilegales cuotas, no financiar la segregación educativa por sexo o por otras razones como las socioeconómicas, ni regalar suelo público a negocios privados. Y establecer mayores controles sociales y democráticos en todos los centros educativos (públicos y privados) y en los procesos de escolarización para que haya más trasparencia en el funcionamiento de los centros y más participación democrática de la comunidad educativa.

Lorena Heras (PP): El imprescindible garantizar la existencia de plazas suficientes para las enseñanzas declaradas gratuitas por la ley, teniendo en cuenta la oferta existente de centros públicos y concertados y la demanda social, así como las consignaciones presupuestarias y el principio de economía y eficiencia en el uso de los recursos públicos. Por tanto, la Ley Maestra debe contemplar el concepto de demanda social de los centros sostenidos con fondos públicos, excluido de la Ley Celaá, como criterio para determinar la oferta de plazas educativas en la Comunidad de Madrid.

Antonio Sánchez (Más Madrid): Muy sencillo; gratuidad de los centros para cumplir con el artículo 27.4 de la Constitución, es decir, para garantizar la gratuidad. Transparencia en, si hay pagos extraordinarios por servicios extraordinarios, se sepa con anterioridad. Debe de ser público si por actividades extraescolares se tiene que pagar, y debe de saberse con anterioridad a la realización de la matrícula. Esto no son principios extraños; es simplemente un intento por cumplir con la ley de contratos y con la Constitución. Tenemos que ser claros, quien paga por la educación concertada paga dos veces; primero con sus impuestos, luego con cuotas ilegales. Estos son los primeros elementos para hablar de una regulación efectiva y constitucional de los conciertos. Pero también son los primeros elementos para hablar de no dejar atrás al afligido, al menesteroso, al huérfano, al débil, como decía el Salmo citado.

Jaime de Berenguer (Vox): Los conciertos educativos deben ser claros sobre el coste total de los servicios, actividades complementarias, extracurriculares y extraescolares. También parece razonable que cualquier actividad que suponga un coste adicional a la educación concertada sea en horarios que no impliquen dificultades añadidas para el alumno, ni para los padres. En este sentido lo ideal es que hubiese un diálogo entre los representantes de los centros concertados y la administración educativa para consensuar y homogeneizar horarios. No parece mala idea que las actividades no sostenidas con fondos públicos se lleven a cabo por la tarde y una vez terminada la jornada escolar.