El pasado viernes concluyó la fase de consulta pública del anteproyecto de ley que ha presentado el Ministerio de Trabajo y que regula las bonificaciones a la contratación laboral. Entre las medidas recogidas en el texto se encuentra la derogación de parte de los incentivos para la contratación de personas con discapacidad vigentes en la actualidad, lo que ha sido considerado por el sector de la discapacidad como “una vuelta a la exclusión y al apartheid social”.
En concreto, la normativa establece bonificaciones por la contratación indefinida de 366 euros al mes, una cifra inferior a lis actuales incentivos, y supondría eliminar la bonificación del 100 por ciento por la contratación de personas con discapacidad.
La cuantía ascenderá hasta 421 euros al mes si la persona con discapacidad presenta dificultades adicionales para acceder al mercado laboral. Asimismo, si el trabajador tiene 45 años o más las bonificaciones previstas se incrementarían en 50 euros al mes. Lo mismo ocurre en el caso de tratarse de una mujer.
Mismas fuentes indican que tal decisión afectaría a más de 2.000 centros especiales de empleo, con cerca de 100.000 empleados con discapacidad en plantilla, y podría suponer miles de despidos. “Es increíble que un gobierno de estas características proponga una cosa tan semejante. Una auténtica barbaridad”, concluyen.
Oposición
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya ha mostrado su oposición al anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno. En esa línea, se ha dirigido a los directores generales de Empleo de las distintas comunidades autónomas para trasladar su descontento y solicitar su apoyo en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. El colectivo lamenta además el unilateralismo con el que el Ministerio de Trabajo ha elaborado el texto.
Hasta la fecha, los gobiernos autonómicos de Madrid, Galicia y Castilla y León ya se han manifestado públicamente en contra del anteproyecto.
En España residen actualmente cerca de 4 millones y medio de personas con discapacidad, según el último recuento realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De entre las que se encuentran en edad de trabajar, solo una de cada cuatro tiene un empleo.