El Gobierno tiene menos de dos meses para aprobar, con un real decreto ley, el Estatuto del Becario tras más de un año de reuniones de la Mesa del Diálogo Social, de la que forman parte el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sindicatos y patronal.
La norma que regula las prácticas de los estudiantes podría finalmente no ver la luz debido al adelanto de las elecciones generales para el próximo 23 de julio anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante los resultados de los comicios autonómicos y municipales.
A pesar de que la Mesa del Diálogo Social se ha reunido en diversas ocasiones desde el 22 de abril de 2022, UGT, Comisiones Obreras y CEOE no han llegado a acordar un texto con el Ejecutivo para regular esta formación de los estudiantes, principalmente por la discrepancia sobre las prácticas extracurriculares.
"Ahora es el momento que tenemos que ver de aquí al 23 de julio qué es lo conveniente y natural que podamos hacer sin forzar la máquina", ha manifestado este martes el ministro de Universidades, Joan Subirats.
Por su parte, la vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó a mediados de mayo que el Estatuto del Becario sería aprobado "con carácter urgente" en Consejo de Ministros, pero, ante el adelanto electoral que inicialmente estaba previsto para final de este año, el Ejecutivo dispone ahora de menos de dos meses para sacar adelante esta norma.
La vicepresidenta Segunda aseguró que el Estatuto del Becario sería publicado en el Boletín Oficial del Estado "en breves momentos", tras una "negociación intensa" entre sindicatos y patronal.
Aunque el Ministerio de Trabajo y Economía Social llegó a un principio de acuerdo con los sindicatos, este texto para regular la formación de los alumnos en prácticas no salió adelante ante la falta de apoyo de la patronal. Este documento recogía derechos para los estudiantes en prácticas en empresas como las vacaciones, el pago de desplazamiento o que, en ningún caso, superen el 20 por ciento de la plantilla total de la compañía, aunque sí podrían concertar formación con dos estudiantes, con independencia del número de personas de plantilla.
La Ley de Enseñanza Artísticas Superiores, paralizada a un Pleno de tramitarse
Debido a la disolución, la norma que no saldrá adelante esta Legislatura es el proyecto de Ley de Enseñanzas Artísticas Superiores, que iba a ser votado el lunes en Comisión y el jueves en Pleno en el Congreso de los Diputados, a pesar de que el Gobierno solicitó su tramitación parlamentaria urgente tras aprobarlo en Consejo de Ministros.
Esta norma, propuesta por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y que iba a afectar a 140.000 estudiantes y 14.000 docentes, plantea un marco normativo básico para homologar las Enseñanzas Artísticas Superiores al Espacio Europeo de la Educación Superior, con el objetivo de equipararlas a las universitarias. Además, prevé la creación de nuevas enseñanzas como las Audiovisuales.
La nueva ley perseguía equiparar las Enseñanzas Artísticas Profesionales al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, es decir, al nuevo sistema de Formación Profesional, abriendo también la posibilidad del reconocimiento y acreditación de estas competencias a los trabajadores del sector. En cuanto a los alumnos de estas disciplinas, la norma reconoce su derecho a acceder a estos estudios, así como a su participación y representación, y persigue equiparar las becas de los estudiantes de Enseñanzas Superiores a las de los universitarios.
Las disciplinas reconocidas en esta norma como Enseñanzas Artísticas Superiores eran Música, Danza, Arte Dramático, Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Artes Plásticas, Diseño, Artes Audiovisuales y Escritura Creativa. Durante su tramitación parlamentaria, los grupos acordaron que la norma obligara a que los centros reserven al menos un 5 por ciento de sus plazas para alumnos con discapacidad, tras aprobar el informe de Ponencia que se iba a votar este lunes.
Suspendida la tramitación de leyes relevantes
Con la disolución de las Cortes, al no haber actividad parlamentaria, se suspende la tramitación de unas 60 leyes, algunas de ellas de especial calado. Estas son algunas de las más relevantes que quedan en suspenso e incluso podrían no llegar a retomarse.
- La ley de Familias: impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales. Tras años de bloqueo al no llegar a un consenso parlamentario, finalmente no verá la luz en un horizonte cercano.
- La ley contra la trata y la abolición del proxenetismo: la primera se llegó a aprobar en Consejo de Ministros, pero faltaba superar el trámite en el Congreso y en el Senado. La segunda nació vinculada al 'solo sí es sí', pero el PSOE la presentó aparte tras un desencuentro con Unidas Podemos. Ahora ninguna tendrá la luz verde definitiva.
- Derogación de la ley Mordaza: tras 5 años y después de lograr acuerdo entre PSOE y UP, sus socios de investidura querían más cambios y quedó de nuevo parada. Ahora lo estará de nuevo pero con más posibilidades de no derogarse.
- La ley del olvido oncológico anunciada hace pocos días por Sánchez también se paraliza.
- La ley de salud mental y mejoras para los pacientes de ELA.
- La futura Agencia Estatal de Salud Pública se queda en el aire.
- Adiós a la ley de función pública para la modernización del empleo público.
- Parte de la reforma de las Pensiones quedará suspendida, aunque el grueso de la norma ya está vigente y en activo al superar los trámites parlamentarios.
Tampoco verán la luz la reciente norma sobre la representatividad paritaria en los órganos constitucionales, la de secretos oficiales para desclasificar documentos entre 4 y 50 años o la normativa de la nueva tarifa regulada de la luz.
También quedan suspensas las comisiones de investigación que la Cámara Baja estaba llevando a cabo sobre la Operación Cataluña o sobre las 'cloacas' del Estado.
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