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Cartel de la campaña por una Ley del Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid
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Cartel de la campaña por una Ley del Mínimo Vital en la Comunidad de Madrid (Foto: Plataforma por la Ley del Mínimo Vital)

"El agua es un derecho, no un negocio": la lucha por una ley del mínimo vital

Por Nerea Díaz Ochando
miércoles 05 de octubre de 2022, 07:41h

La crisis económica y social que España arrastra desde 2020 debido a la pandemia por COVID-19, agravada por la guerra de Ucrania, ha provocado una incidencia sobre la sociedad que ha agudizado situaciones de exclusión social. “En los datos que manejamos, una de cada cuatro personas se encuentra en una situación de exclusión social, una de cada seis familias tiene verdaderos problemas para hacer frente a los gastos de sus hogares y una de cada diez personas vive en una familia que sufre retrasos en el pago de los servicios básicos como la luz, el agua y el gas”, señala Gonzalo Marín, miembro de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II y parte de la campaña por una ley de mínimo vital de agua en la Comunidad de Madrid.

Con la intención de disminuir el impacto de la pandemia, en marzo de 2020 el Gobierno decretó un escudo social que tenía como objetivo proteger a las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad y exclusión social garantizando los servicios de agua, luz y gas. “El problema es que estas medidas no han sido definitivas, sino que se tomaron en un periodo muy determinado”, explica Gonzalo Marín. Esta medida se ha renovado hasta en seis ocasiones y actualmente se encuentra vigente hasta el 31 de diciembre de 2022: “Nosotros proponemos pasar de una medida de apoyo a una medida de tipo estructural”. En este contexto se plantea la campaña 'Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida', que tiene como fin conseguir que el derecho al acceso al agua se garantice a todas las personas y no se convierta en un privilegio.

"Su alcance y contenido ha sido definido por la ONU"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recoge el acceso al agua como un derecho humano. De hecho, en septiembre de 2010 se estableció la vinculabilidad legal de estos derechos y España firmó este decreto. Por lo tanto, España está obligada a respetar, proteger y cumplir este derecho, y en esta reivindicación se enmarca la campaña. “Como este proyecto es bastante ambicioso, entendemos que es posible ir implementando estos criterios y principios poco a poco”, indica el miembro de la Plataforma Contra la Privatización del Canal de Isabel II,

Bajo el lema de “no es un negocio, es un derecho”, asociaciones de todo el territorio nacional se han movilizado para que el agua y el saneamiento esté al alcance de todas las personas. En esta “guerra del agua” no solo están implicados los actores sociales y la clase política, también las empresas que “hacen negocio” de un derecho fundamental. En la Comunidad de Madrid se ha librado esta “guerra” de la privatización y por el momento, el Canal de Isabel II continúa siendo una empresa pública. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid el agua todavía es un lujo para algunos.

La misión de la campaña

¿Qué pasará después de que finalicen las medidas del Gobierno que garantizan los servicios de agua y prohíben los cortes de suministro a personas en situación de vulnerabilidad? La posibilidad de que este escudo social decaiga supone una enorme preocupación para el millón y medio de personas que se encuentran en situación de exclusión social en la Comunidad de Madrid según el Informe FOESSA 2022. En un contexto social y económico en el que la guerra de Ucrania ha acrecentado notablemente la crisis, muchas familias se han visto en la necesidad de dejar de pagar las facturas de la luz, el agua y el gas para poder comer y con la finalización del escudo social no saben cómo harán frente a estos pagos.

Para evitar que miles de familias dejen de tener acceso al agua y al saneamiento, 22 organizaciones se han unido para crear una campaña que llegue a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. “Creemos que no es de recibo estar poniendo parches temporales a la situación crítica de las personas en exclusión social”, denuncian los impulsores de la campaña. Para las organizaciones que conforman este proyecto “es necesario pasar de medidas paliativas a otras estructurales que garanticen el derecho humano al agua, prohibiendo los cortes de suministro y asegurando el suministro de un Mínimo Vital para beber, cocinar y satisfacer las necesidades de higiene personal y doméstica para todas las personas en situación de vulnerabilidad”.

"Hemos constatado que el COVID ha provocado una verdadera incidencia sobre la sociedad"

El papel de las administraciones públicas es fundamental para que este derecho sea una realidad. “Creemos que hay que empezar tomando medidas”, indican desde la plataforma, y consideran que deben ser las administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, como Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, las que deben dar el primer paso. Por esta razón, en diciembre de 2020 todas estas organizaciones se unieron para llevar a la Asamblea de la Comunidad de Madrid una proposición no de ley que impulsaron Más Madrid y el Partido Socialista con la que se pretendía frenar estos cortes de suministro en la Comunidad. Se aprobó por unanimidad. “Fue el antecedente de esta campaña”, explica Gonzalo Marín. Ahora, la plataforma busca que sea ley. Por ello, han iniciado una recogida de firmas en change.org para que se apruebe y se tramite en la Asamblea la Ley del Mínimo Vital.

“Estimamos que la cantidad mínima de agua que puede cubrir las necesidades de las personas son unos 100 litros por persona y día”, cuenta Marín. La ley persigue que se cubra esta necesidad mínima de agua mediante diferentes objetivos. En primer lugar, que la ley garantice un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Por otro lado, que la cobertura de los servicios de agua y saneamiento sean universales en toda la Comunidad de Madrid, también en los asentamientos informales y en casos de emergencia habitacional. Además, consideran que esta ley debería garantizar el agua y el saneamiento en los espacios públicos y comunes. Otro de los objetivos es promocionar el uso del agua del grifo. También resulta crucial para la plataforma crear un nuevo reglamento del abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II que sea consecuente con los principios y criterios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Por último, la ley deberá recoger acciones de concienciación e información ciudadana sobre estos derechos.

El acceso al agua se ha convertido en un problema con la llegada de la crisis, ya que según indica Facua “el agua es a priori barata en España en comparación con otros servicios básicos”. La asociación de consumidores achaca este problema a la inexistencia de un regulador general de los servicios de abastecimiento y saneamiento, ya que cada Comunidad Autónoma gestiona sus propias aguas. “Nadie plantea con el suministro vital que el servicio del agua sea gratis, lo que sí hay que garantizar es que nadie se quede sin él por no poder pagarlo”, explica Facua. Una opinión que comparte por completo la plataforma por la Ley del Mínimo Vital, “porque el agua es un derecho humano en Pekín y en Madrid”.

Ejemplos a seguir

En septiembre de 2018, la Junta de Andalucía promovió la Ley de Medidas frente al Cambio Climático, que ordenaba a los municipios la elaboración y aprobación de planes municipales de actuación. El paquete de disposiciones incluía un conjunto de medidas dirigidas a evaluar la emisión de gases de efecto invernadero, identificar el impacto del cambio climático en el municipio, establecer estrategias de adaptación, impulsar la transición energética o transformar la movilidad urbana, además de elaborar un informe bianual sobre el cumplimiento del plan. Además de todas estas medidas, la ley incluía el mínimo vital. La norma recogía el reconocimiento expreso de este derecho a través de su disposición final, lo que supuso asimismo la modificación de la Ley de Aguas.

El que se consideró un completo ejemplo en lo que al mínimo vital del agua refiere, ha quedado en nada. Actualmente, con el cambio de Gobierno en Andalucía, esta ley se ha dejado de lado. El que podría haber sido un referente de la regulación del sector en toda España, no ha llegado muy lejos. A nivel local, sí que existen antecedentes en ciudades andaluzas como Cádiz, Córdoba y Sevilla. Concretamente, en Sevilla, Emasesa, la empresa pública que gestiona el agua en la ciudad, no se suspende el suministro bajo ningún concepto, siempre que la persona afectada cuente con un informe positivo de los servicios sociales. Este es uno de los ejemplos en los que la plataforma por la ley del mínimo vital madrileña se apoya.

Otras comunidades como Aragón, Castilla-La Mancha y Cataluña tienen una regulación similar a la que se planteó en Andalucía hace unos años. El objetivo de estas plataformas es que esto sea común en todo el territorio nacional, “para que toda la población, viva donde viva, tenga garantizado un mínimo común a partir del cual cada administración local podrá mejorar”, tal y como señala Facua. A nivel internacional, países como Reino Unido y Francia cuentan con este tipo de normas que prohíben el corte de suministro por impago. Para las plataformas que promueven una ley que garantice el acceso al agua y al saneamiento, esto demuestra que se trata de una situación que se puede asumir y que no significa la “quiebra” de ninguno de los actores que intervienen.

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