Crisis en las escuelas infantiles privadas: la mitad ve amenazada su continuidad

La crisis económica devenida del coronavirus asfixia a las escuelas infantiles privadas. La falta de obligatoriedad en esta etapa educativa y la merma de recursos de las familias ha motivado un descenso generalizado del 40 por ciento en las matriculaciones y en algunos casos, como las zonas que presentan restricciones a la movilidad, de hasta el 80 por ciento. La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (Acade) estima que si no logra revertirse la situación con urgencia la mitad de estos centros cerrarán en la Comunidad de Madrid antes de que termine el año.

La organización advierte que la viabilidad económica de la mayoría de las empresas se encuentra "seriamente comprometida" y, de consumarse su cierre, se destruirían miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Solo en la región madrileña se contabilizan unas 900 escuelas infantiles de titularidad privada y en el conjunto del territorio nacional son unas 5.100, que generan 50.000 empleos y escolarizan a 250.000 niños, unos 50.000 en la Comunidad de Madrid.

Después de tres meses y medio cerrados por el estado de alarma, los centros reabrieron el pasado 1 de julio, pero sus ingresos se han resentido sobremanera con la drástica caída del número de alumnos. Aseguran que no pueden remontar esta situación por sí mismos, por lo que, como otros sectores, reclaman la intervención de las administraciones. En este sentido, piden al Gobierno que los incluya en la prolongación de los ERTES fijada hasta el próximo 31 de enero. "Estamos excluidos, perjudicando aún más la precaria situación que atravesamos", lamentan desde Acade.

En el ámbito fiscal, la asociación solicita una reducción de la cuota de autónomos, "no solo una moratoria" puntualizan, al entender que "la recuperación del sector solo se vislumbra a largo plazo". Además, consideran que resulta necesario que se autorice la prestación del servicio online tanto dirigido a los niños como de asesoría y acompañamiento a las familias en caso de cese de la actividad del centro o si vuelve a producirse un confinamiento.

Por otro lado, Acade insta a la Comunidad de Madrid a sufragar con fondos públicos sus suministros sanitarios como hacen con las escuelas públicas y concertadas. "Los centros privados han hecho un gran esfuerzo económico por adaptar las aulas y espacios comunes a las exigencias de la nueva situación sanitaria y asumir también el coste continuado de todo este material higiénico a lo largo del curso resulta inasumible", exponen. Sobre este punto, fuentes de la Consejería de Educación explican que, precisamente por su condición de empresas privadas, "no puede financiar su adquisición".

Los centros, por su parte, recuerdan las consecuencias que desencadenaría su cierre. "La disminución de la oferta de plazas complicará a muchas familias la conciliación de la vida familiar y laboral", señalan. Además, Ingacio Grimá, presidente de la Sectorial de Educación Infantil de Acade, apuntó en una entrevista con Telemadrid que dichas escuelas privadas "ahorran a la Administración un coste extra al año de 300 millones". Por otro lado, la asociación hace hincapié también en el "especial impacto" que tendría en el empleo de mujeres jóvenes. "El desempleo femenino es el que más ha crecido en los últimos meses y la crisis de las centros no haría más que incrementar este agudo problema”, indican.

Ayudas "muy poco útiles"

La Comunidad de Madrid autorizó el pasado mes de julio invertir 8,4 millones de euros para reducir los efectos de la crisis económica de las escuelas infantiles de titularidad privada. Con estas ayudas, los centros podrán sufragar el pago de suministros fijos como el alquiler de las instalaciones, la limpieza, la electricidad, el agua, los seguros o la plantilla que se hayan generado desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, periodo en el que vieron interrumpida su actividad por la pandemia.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico convirtió los habituales cheques escolares en ayudas directas al sector, una medida extraordinaria de la cual se pueden beneficiar los centros que hayan tenido matriculados durante el curso 2019/2020 alumnos beneficiarios de dicho cheque. Como requisito, se impuso que las escuelas mantuviesen la misma plantilla con la que contaban antes de que se decrretase el estado de alarma. Además, también debían comprometerse a abonar a los padres que ya hubieran pagado la cuota mensual de sus hijos durante el periodo de cierre el importe de la beca de educación infantil que se le hubiera concedido.

Acade solicitó esta conversión de las ayudas, pero critica ahora la "tardanza en la gestión" y la "dificultad de acceso" a las mismas, un hándicap para las soluciones "urgentes" que requieren. Asimismo, tampoco les parece razonable la cuantía de las subvenciones, que se obtiene multiplicando el número de alumnos beneficiarios de beca en el mes de marzo por 100 y por el número de meses que el centro permaneciese clausurado. Por ello, han tildado este refuerzo de la Consejería de Educación como "muy poco útil" y han instado a la Comunidad a aumentar el montante y a hacer "más accesibles los requisitos para que puedan acogerse más escuelas".