La Comunidad de Madrid tendrá que pagar un total de 30 millones de euros a la adjudicataria del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda por la condena impuesta por retirar 135 camas para hacer habitaciones individuales en lugar de dobles, tal y como se contemplaba en el proyecto. El gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha abonado ya la cantidad 11,3 millones de euros tras la condena impuesta en la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo.
Tal y como ha confirmado el diario ‘El País’, la Comunidad deberá abonar un total de 29.705.262,20 euros por "la decisión del Gobierno regional, en su momento, de hacer habitaciones individuales en lugar de dobles como contemplaba el primer proyecto”. De esta cantidad, 11.385.672,09 corresponden al pago atrasado desde el 2013 hasta el 2021 y 18.319.590,11 a pagos a realizar desde 2022 hasta el fin de la concesión en 2035. De este modo, el Gobierno ya habría abonado 11.385.672,09 euros.
Fue en diciembre de 2020 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ratificó en una sentencia la condena impuesta por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 9 de Madrid al desestimar un recurso de apelación promovido por el Servicio Madrileño de Salud.
La trama se mantiene abierta a través de una investigación penal que sigue el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid, cuya jueza Mónica Aguirre rechazo en noviembre la petición de la Fiscalía Anticorrupción que solicitaba imputar a la expresidenta Esperanza Aguirre, encargada de impulsar el proyecto de las camas.
En el plano administrativo, el juez de lo Contenicioso-Admministrativo anuló en 2018 a instancias de la Mercantil Hospital Majadahonda la resolución del Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de 18 de octubre de 2017, por la que se aprobaron las medidas para restablecer el equilibrio económico-financiero del contrato para la redacción del proyecto, construcción y explotación de dicho hospital.
La reacción de Más Madrid
Las reacciones políticas en relación a la resolución de esta trama no han tardado en llegar. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha sido de las primeras protagonistas en dar transmitir su opinión al respecto. García ha asegurado no mostrarse sorprendida ante la resolución y ha lamentado el “modus operandi” del Partido Popular, que “sale muy caro a los madrileños”.
"No me ha sonado raro. La Comunidad ha tenido cantidad de irregularidades con estas concesionarias. No buscaban un servicio sanitario mejor, sino alimentar a una serie de empresas y desviaron el dinero de la parte pública a la privada”, ha comentado en declaraciones al canal ‘Cuatro’.
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