"Si llevamos dos meses sin luz significa que no hay una respuesta de nadie". Así valora Rosa García, profesional de intervención social en la Cañada Real, la gestión del corte de suministro eléctrico en el Sector VI por parte de las administraciones implicadas. Alrededor de 900 familias asentadas en esta parte del poblado viven sin electricidad desde el 2 de octubre en infraviviendas donde el frío es ahora un inquilino más. La Comunidad de Madrid "espera" una actuación policial "inminente" que desmantele las plantaciones de marihuana cuyas estufas provocan la caída de tensión, pero los vecinos no pueden esperar estas redadas y reclaman soluciones de emergencia. "Esto no es Marte, es Madrid, y es bastante difícil creer que otro barrio de la capital esté tanto tiempo sin luz", se quejan.
Los vecinos se concentran este jueves en la Puerta del Sol para visibilizar su demanda y junto a ellos se manifiestan residentes en el Sector V, que desde hace dos semanas tampoco tienen luz. En su caso, alegan que esto no se debe a sobrecargas en el consumo eléctrico derivadas del negocio de la droga, sino a una intervención por parte de la compañía eléctrica que los ha dejado sin alimentación en sus centros de transformación. Ángel García, presidente de la asociación vecinal, asegura a Madridiario que han propuesto al Comisionado de la Cañada Real que instalen generadores provisionales y este ha descartado esa solución al entender que "no es viable ni adecuada".
Cortes en el sector VI
Para atajar la problemática en el Sector VI, ligada a la producción de estupefacientes, se trabaja en dos frentes: por un lado, en taponar los puntos de enganches ilegales y, por otro, en incrementar la presencia policial. Así lo trasladan fuentes de la Consejería de Vivienda a este medio, que inciden en que la solución definitiva pasa, ineludiblemente, por “una actuación contundente a corto plazo que desarbole todas las plantaciones de marihuana”.
"Es bastante difícil creer que otro barrio de la capital esté tanto tiempo sin luz"
Esta cuestión se abordó la semana pasada en una reunión conjunta entre la propia Consejería de Vivienda, la de Justicia, el Comisionado de la Cañada Real, la Delegación del Gobierno, la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. En el encuentro se adoptó el compromiso de “pasar a la acción policial de manera urgente para terminar con los cortes y la alarma social”. Sin embargo, tumbar el entramado del narcotráfico en la zona se antoja complicado una vez que el negocio se ha diseminado tras la última operación, en la cual se requisaron casi mil plantas descubiertas en cinco naves y chabolas. “Ahora es más difícil pillarlos porque tienen microplantaciones, aunque siguen utilizando la misma potencia kilovatio/hora”, explican fuentes del área de Vivienda.
Desde el departamento que dirige David Pérez eximen a Naturgy de la interrupción del suministro en el Sector VI y aclaran que además “no están repercutiendo las costosísimas reparaciones”. “La compañía no ha dado la orden para que se corte la luz en ningún momento, no ha dejado de prestar el servicio, pero cuando se producen las sobrecargas tardan unas horas en arreglarlo”, explican. Por ello, apuntan que el conflicto “es de seguridad ciudadana” y no “de más o menos voluntad política” para solventarlo.
Este sector pertenece al término municipal de Madrid capital y, por ello, el Pleno de Cibeles acordó el 27 de octubre por unanimidad urgir la instalación de generadores de forma temporal. Más de un mes después, los vecinos no los han recibido y los han comprado por cuenta propia. Sin embargo, no pueden asumir el coste diario del combustible. Mientras esperan, o más bien desesperan, desde el Ayuntamiento de Madrid justifican no haber tomado medidas en que "la respuesta estructural" debe partir del Comisionado. La portavoz del Consistorio, Inmaculada Sanz, ha instado este jueves a la Delegación del Gobierno a concretar el "plan de choque anunciado y del que no hemos tenido más noticias".
Por ahora, solo están prestando ayuda a las personas más vulnerables a través de los Servicios Sociales y el Samur Social. “Estamos mediando para que se pueda encontrar un plan de choque al problema a la par que estamos haciendo un seguimiento muy estricto de la situación”, exponen desde el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Así, cooperan con la Asociación Barró en la formación de mediadores en el asentamiento para trabajar cuestiones referentes a la salud y la atención a las familias. Asimismo, han ampliado el número de trabajadores sociales desplegados en la zona. A los dos que tenían antes se ha sumado ya un tercero, otro más se incorporará la próxima semana y un quinto en enero.
Cortes en el Sector V
El corte de luz del Sector V se remonta a hace solo dos semanas, pero está provocando el mismo perjuicio que en el VI: hogares sin agua caliente, niños durmiendo en camas heladas, familias incomunicadas por no poder cargar sus teléfonos, ropa sin lavar, imposibilidad para cocinar y electrodomésticos estropeados por las constantes subidas y bajadas de tensión. A diferencia de lo que ocurre en la cercana área VI, los vecinos argumentan que en su caso la suspensión del suministro se debe a un arreglo mal resuelto de una avería en su instalación propia.
Según relata a Madridiario Ángel García, presidente de la AV del Sector V, la empresa eléctrica se desplazó a la zona para solucionar un desperfecto reportado en el sistema y tras la intervención de los técnicos se encontraron sin luz, un incidente por el cual interpondrán “hoy o mañana” una denuncia ante la Fiscalía de Menores al no apoatar explicaciones y afectar a más de 700 niños con su actuación.
La asociación incide en que tienen controlados a los habitantes de cada parcela y "sabemos que no se dedican al narcotráfico". No obstante, se escapa de su control un pequeño núcleo ubicado junto a la carretera de Valencia del cual desconocen si sus integrantes incurren en alguna actividad delictiva. En caso de que así fuera y tuvieran plantaciones de marihuana en su terreno, entienden que la demanda de luz "sería irrelevante”. García remarca que en el Sector V “no hay un negocio de droga como en el Sector VI” y, por eso, “no se puede trasladar el argumento” de que las caídas de la red se producen por esta causa.
Sin embargo, desde UFD, la distribuidora de Naturgy, sostienen que las interrupciones del servicio en ambos sectores se producen "por la sobrecarga en la red que producen consumos no localizados que se están registrando en los últimos meses". La empresa indica a este medio que trabaja "en coordinación con el Comisionado y la Policía" para dar respuesta a estas circunstancias.
Ángel García indica que un ingeniero y un vecino que trabajan con equipos de alta tensión han revisado el reconectador automático que ha instalado Naturgy en la torre de alimentación y creen que este aparato está “impidiendo -supuestamente- la entrada de luz y cambiando los límites para reducir la potencia”, un extremo que ha intentado contrastar sin éxito este medio. Hasta que se solvente esta cuestión, han reclamado al Comisionado de la Cañada Real que les faciliten tres grupos electrógenos para conectarlos a los tres centros de transformación existentes, pero han recibido una negativa por su parte.
“No se puede suministrar un recurso más para que sirva de enganche a la red a las mafias”
Tal como apunta Ángel García, en un primero momento adujeron problemas logísticos y más tarde les plantearon que si la compañía restablecía la luz cuando estos generadores estuvieran activos se podía producir “una explosión” por la confluencia de las cargas. En última instancia han pedido al Comisionado que se recupere la línea de suministro procedente de la M-50 que funcionaba hasta hace unos años en lugar de continuar con la actual, perteneciente a Rivas-Vaciamadrid y en la que se concentra el percance.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Vivienda, de la que depende el Comisionado, informan que, efectivamente, este órgano “no tiene la logística ni la responsabilidad técnica” para la actuación solicitada pese a que el Anexo 3 del Pacto Regional por la Cañada Real recoge que se debe garantizar el abastecimiento del agua y la rehabilitación del suministro de luz. “No se puede suministrar un recurso más para que sirva de plataforma de enganche a la red a las mafias y cultivadores”, sostienen. “Estos recursos no son viables ni adecuados”, aseveran.
Rivas llama a terminar con esta “indecencia”
El Sector V pertenece al municipio de Rivas-Vaciamadrid, cuyo alcalde ha calificado de “indecente” la situación que soportan unos vecinos “que necesitan poder calentar sus hogares”. Pedro del Cura ha señalado que desde la Alcaldía ya advirtieron que el problema del Sector VI se replicaría en el V “porque están aumentando los enganches en los transformadores”, pero “no se nos hizo caso”.
De hecho, los temidos cortes de luz no se han limitado al poblado, sino que también han afectado al barrio de Covibar, donde se han sucedido caídas puntuales en la red eléctrica por los acoples ilegales a los chalets del vecindario que conllevan “no solo la caída del servicio sino un grave obstáculo para la seguridad ciudadana”.
Mientras se restablece el servicio en el poblado, Rivas ha dispuesto una solución temporal para facilitar servicios básicos a los residentes. José Luis Alfaro, concejal de Educación, ha manifestado que se encuentran “muy preocupados por los menores que acuden a nuestros centros educativos” desde el asentamiento y, por eso, han habilitado dos espacios municipales para que puedan asearse y cargar sus dispositivos. Así, abrirán a tal efecto el pabellón del Olivar y la Casa de Asociaciones previa comunicación por parte de los colegios de la demanda existente.
En los últimos días, Del Cura se ha mostrado muy crítico por la supuesta inacción demostrada por las instituciones que firmaron el Pacto Regional por la Cañada Real en 2017. “Al principio mucha visita de mucha autoridad pero cuando la cosa se desmadra parece que esto no lo lleva nadie”, ha declarado. Así, se opone a que “parezca que es una cosa de la eléctrica o de las plantaciones del Sector VI que se están pasando como microplantaciones al IV y al V cuando son las administraciones las que tienen que intervenir”.
El regidor ripense alega que “hay suficientes viviendas para dar una solución a las familias”, que forman parte de “la mayor situación de extrema pobreza y exclusión de este país”. Para darle fin, ha instado al Comisionado a aportar una respuesta al plan de realojo presentado por su Ayuntamiento hace tres años y para el que comprometieron una partida de dinero. “Tenemos que impedir urbanística y policialmente que se especule con la Cañada y se amplíen las superficies”, ha comentado.
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