Ayuso reivindica el papel educativo de los abuelos en su nueva Ley de Familias

Convencidos de que el peso que ejercen las familias en la educación de sus hijos ha ido disminuyendo en los últimos años, desde el Ejecutivo que lidera Isabel Díaz Ayuso han comenzado a diseñar la que será su primera Ley de Protección a las Familias. Impulsada desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y pionera en el ordenamiento jurídico madrileño, la norma aspira a otorgar mayor protagonismo a los padres y los abuelos en el proceso formativo de los menores, dejando en un segundo plano la influencia que sobre ellos mantienen las instituciones públicas.

Se trata, tal y como ha explicado la propia consejera del ramo, Ana Dávila, de “garantizar el respeto a la libertad y la autonomía familiar en la educación de los hijos frente a los poderes públicos, que tendrán carácter subsidiario”. Todo ello, matizan, sin incurrir en choque de competencias con aquellas materias que corresponden a otros organismos, como la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades o, a escala nacional, el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Uno de los puntos fuertes del futuro texto, que aún se encuentra en proceso de estudio y, por ende, es susceptible de sufrir todo tipo de modificaciones, pasa por “subrayar la labor y el papel de los abuelos en las relaciones familiares y en la transmisión de valores y pautas educativas”. En la práctica, esto supone una apuesta firma por “promover y facilitar” el derecho de estos a visitar a sus nietos, convirtiéndolos así en partícipes directos de su vida en los términos establecidos por la normativa española.

"Siempre debe primar el interés superior del menor"

Cuando la patria potestad no pudiera ser ejercida por los padres, la Comunidad de Madrid “valorará preferentemente” la permanencia de los nietos juntos a sus abuelos, primando, en todo momento, el “interés superior del menor”. En cualquier caso, matizan, valorarán cada conflicto de forma individual, respetando las decisiones judiciales en aquellos casos que terminen por desembocar en los tribunales. En paralelo, la Ley de Familias incluirá a los abuelos entre los beneficiarios de los servicios y programas de apoyo preventivo y reparador y apostará tanto por la conciliación como por la red de protección a las familias en situación de vulnerabilidad como ejes clave en su estrategia.

Aunque aún se desconoce la fecha definitiva para su paso por el Pleno de la Asamblea y, por ende, de su aprobación -dada la mayoría absoluta cosechada por los Populares en las elecciones del pasado 28 de mayo-, está previsto que el periodo de consulta pública necesario para su tramitación de comienzo antes de finales de año.

Ayudas para partos y adopciones múltiples

Otro de los compromisos de Díaz Ayuso para la presente legislatura pasa por dotar de más y mayores ayudas a la natalidad, la maternidad, la paternidad y la conciliación. A tal fin, como ya mencionase en su discurso de investidura y a modo de refuerzo a la Estrategia regional en este ámbito, desde el 1 de enero de 2024 las familias madrileñas percibirán un nuevo ‘cheque bebé’ bonificado con 1.800 euros por hijo nacido tanto en partos como en adopciones múltiples. La cuantía mínima a percibir será de 3.600 euros -en el caso de tener dos hijos-, con independencia del nivel de renta.

Esta nueva partida es compatible con las ayudas de 500 euros por hijo que reciben las gestantes menores de 30 años desde la semana 21 de embarazo y hasta que el menor cumple los dos años. También es acumulable a la bonificación de hasta 5.000 euros anuales por niño que las familias acogedoras, ya sean temporales o permanentes, pueden solicitar para hacer frente a gastos extraordinarios sobrevenidos, tratamientos o pruebas que, por distintas razones, no estén adecuadamente cubiertas por el sistema público de salud. Es el caso de algunos tratamientos pedagógicos y de los servicios de logopedia.

Las entidades sin ánimo de lucro que contribuyan al fomento de la natalidad y al cuidado de los menores en familias vulnerables -incluidas las numerosas, monoparentales y las adoptantes-, tal y como viene siendo norma desde el año 2016, también podrán beneficiarse de las líneas de crédito regionales, dotadas con 1,5 millones de euros. En concreto, tales ayudas se destinarán a recursos residenciales, gastos de alimentación, acompañamiento o asesoramiento jurídico, entre otras labores.

Teleasistencia y más plazas en residencias

El principio de libertad de elección es el que, a juicio del Ejecutivo autonómico, debe primar en cuanto al modelo de atención y cuidado que reciben los mayores. A tal fin, la Comunidad prevé aprobar un nuevo decreto que establezca el derecho a la libre elección para que sean ellos mismos, en consenso con sus familias, quienes decidan si permanecen en su hogar, recibiendo allí la asistencia necesaria, o, por el contrario, prefieren trasladarse a un centro residencial.

Para tratar de mejorar los cuidados que los mayores reciben en el propio domicilio, desde la Consejería de Familia ponen el foco en las innovaciones relativas al modelo de teleasistencia. Con una inversión de 33,6 millones de euros, el nuevo sistema incorporará 64.250 terminales, entre fijos y móviles, y 116.000 dispositivos periféricos, tales como detectores de fuego, humo y gas, de caídas, de movilidad, sensores de puertas, teléfonos adaptados o tablets, entre otros. A todo ello se incorpora, además, una unidad móvil de asistencia domiciliaria por cada 400 terminales. Esta previsto que este innovador sistema entre en funcionamiento el próximo año, una vez concluya el proceso de incorporación del equipo multidisciplinar formado de 450 profesionales -enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y psicólogos- encargados de las labores de monitorización.

La capacidad asistencial de las residencias, de acuerdo con los planes expuestos por Dávila, también se verá incrementada en 2024 con la ampliación de 550 plazas concertadas más, un centenar de ellas de psico-geriatría para trastornos graves de conducta. El número de plazas en este ámbito pasaría a ser así de 10.550, frente a las 15.200 públicas repartidas en 200 centros. Consecuencia directa de la polémica surgida en torno a la precariedad del servicio de comidas y las deficiencias de personal en los centros de gestión indirecta, el aumento de la financiación en los nuevos contratos a licitación, aseguran, será de entre un 30 y un 50 por ciento.

Adicciones tecnológicas y voluntariado joven

Con un índice disparado de uso inadecuado e incluso delitos vinculados a las nuevas tecnologías a cargo de menores de edad, el Gobierno madrileño ha decidido mover baza y ampliar su Servicio de Atención a las Adicciones Tecnológicas (SAAT) con tres equipos itinerantes y multidisciplinares -un psicólogo, un educador social y un asesor jurídico- que se desplazarán por todos los municipios. El objetivo último será el de promover el uso responsable de la tecnología desde una perspectiva "formativa y preventiva" y trabajando tanto con los jóvenes como con sus familias: "Nos preocupa mucho el acceso a determinados contenidos que son inadecuados. Queremos que nuestros profesionales también trabajen con los menores desde un punto de vista psicoeducativo para que entiendan que nos les favorecen". Desde 2018, apuntan fuentes de la consejería, el servicio ha atendido a más de 18.000 personas, con un porcentaje de éxito que ronda el 80 por ciento.

En materia de voluntariado y a fin de combatir la pandemia de la soledad, se pondrá en marcha el primer Cuerpo de Voluntariado Joven, integrado por personas de entre 14 y 30 años. En coordinación con los profesionales del Carné Joven, se trata de que estos acompañen a los mayores mediante llamadas, visitas a domicilios y residencias o en actividades lúdicas y culturales. Este cuerpo integrará, además, jóvenes con discapacidad y con enfermedad mental grave y planea extender su servicio a centros residenciales de discapacidad, miniresidencias de salud mental y comedores sociales.