El Ayuntamiento de Madrid ha suspendido cautelarmente la licencia concedida para el derribo de dos edificios históricos situados en la calle Cabestreros, en el barrio de Lavapiés, entre ellos el que albergó el emblemático restaurante senegalés Baobab. La decisión supone la paralización de facto de la demolición prevista y se mantendrá hasta que la Comunidad de Madrid se pronuncie sobre el posible valor patrimonial de los inmuebles y su eventual protección.
La suspensión ha sido anunciada por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras la denuncia presentada por el PSOE de Madrid ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo para frenar lo que califican como un "atentado patrimonial".
Los edificios afectados, situados en los números 1 y 3 de la calle Cabestreros, carecen actualmente de protección urbanística en el Plan General de Ordenación Urbana, circunstancia que permitió al Consistorio conceder la licencia de demolición como paso previo a la construcción de un hotel cápsula con 260 camas y un aforo de hasta 288 personas. El proyecto, autorizado el pasado mes de febrero, se levantaría sobre una parcela resultante de la agregación de ambos inmuebles, con unos 400 metros cuadrados de superficie y cerca de 1.800 metros de edificabilidad, en un enclave próximo a la plaza de Nelson Mandela.
La paralización llega después de varios días de creciente movilización política y social en el barrio y, en especial, tras la denuncia formal del Grupo Municipal Socialista ante la Fiscalía. En el escrito, firmado por el concejal socialista de Urbanismo, Antonio Giraldo, se solicita la paralización urgente e inmediata del derribo, al considerar que los edificios poseen un alto valor histórico y patrimonial que ha sido ignorado por el Ayuntamiento. Giraldo se ampara en el artículo 46 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico y a sancionar penalmente los atentados contra el mismo.
El PSOE sostiene que los inmuebles podrían datar del siglo XVII y que existen pruebas documentales que avalan su antigüedad. En una carta remitida al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, Giraldo explica que su grupo ha accedido a documentación original procedente, entre otras fuentes, del Archivo de Villa, que acredita que el edificio es anterior a 1752 y que, con alta probabilidad, ya existía en 1656, fecha en la que aparece recogido en el plano de Pedro de Teixeira. Según el edil socialista, la documentación municipal y el análisis de la evolución urbana de la zona demuestran que no ha habido una sustitución integral del inmueble desde entonces, sino únicamente reformas menores, lo que lo convertiría en uno de los pocos ejemplos conservados del caserío tradicional madrileño del siglo XVII en este sector de la ciudad.
Giraldo subraya además el valor urbano del edificio por su tamaño y escala, al permitir comprender la morfología de la ciudad anterior a las grandes transformaciones del siglo XIX. A ello se suma que el entorno está incluido dentro del Conjunto Histórico de la Villa de Madrid, declarado Bien de Interés Cultural en 1995, lo que, según la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, obliga a extremar la protección de la trama urbana y limita el derribo de edificaciones a casos excepcionales. El concejal socialista considera “llamativo e incomprensible” que, pese a estos antecedentes, el Plan General de 1997 no incluyera el inmueble en el catálogo de edificios protegidos.
Tras conocerse la suspensión cautelar, Giraldo ha expresado la satisfacción del Grupo Municipal Socialista, aunque ha lamentado que haya sido necesaria una denuncia ante la Fiscalía para que el Ayuntamiento reaccionara. Ha reclamado ahora al Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso que agilice los trámites, valore la protección de los edificios como elementos únicos de la historia de Madrid y promueva su restauración, además de abrir un debate más amplio sobre la situación de los inmuebles desprotegidos con valor patrimonial intrínseco.
El edificio no cuenta con protección urbanística en el Plan General
El alcalde de Madrid ha defendido la actuación municipal asegurando que el Ayuntamiento ha obrado conforme a la legalidad vigente. "El edificio no tiene protección urbanística en el Plan General", ha reiterado Martínez-Almeida, quien ha señalado que, en esas condiciones, era difícil atender la postura del PSOE. No obstante, ha subrayado que el Gobierno municipal no tiene "ningún problema en repensar las decisiones si es necesario" y ha considerado "razonable y adecuado" solicitar un informe a la Comunidad de Madrid. "Para despejar cualquier duda, y para que nadie tenga la más mínima duda, hemos consultado a la autoridad competente en materia de patrimonio histórico, que es la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Patrimonio Histórico", ha explicado.
Mientras se espera ese pronunciamiento, el regidor ha confirmado que el Ayuntamiento suspende cautelarmente la licencia y que, por tanto, no se podrá proceder a la demolición. "Nosotros lo que hacemos es tomar las decisiones de acuerdo a la ley. Una vez que se ha mostrado esta situación, consultamos a la Comunidad de Madrid y, mientras tanto, suspendemos cautelarmente la licencia", ha concluido Martínez-Almeida.
La decisión supone un freno temporal a un proyecto que había generado una fuerte controversia en Lavapiés, no solo por la posible pérdida de un inmueble histórico, sino también por el significado cultural del edificio, que durante años albergó el restaurante Baobab, referente de la comunidad senegalesa y de la vida cultural del barrio hasta su cierre en 2020. El futuro de los edificios queda ahora en manos del dictamen que emita la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, del que dependerá si se confirma su derribo o se abre la puerta a su protección definitiva.
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