La Asamblea de Madrid insta al Gobierno central a derogar la Ley de Memoria "redactada por los herederos de ETA"

En plena polémica por la conmemoración de los 50 años de la muerte de Francisco Franco, y es que hay quien considera el "francomodín" como una simple cortina de humo para no hablar de la "corrupción" que "rodea" al Partido Socialista y, más concretamente, al "entorno más próximo" del presidente, la Asamblea de Madrid ha dado luz verde a una iniciativa encaminada a respaldar el rechazo de la Comunidad a participar en los más de 100 actos convocados por el Gobierno central para recordar el fallecimiento del dictador. Toda una declaración de intenciones que deja además a las claras la pretensión Popular de dar, como no podría ser de otra manera, esta batalla ideológica.

Se trata, en concreto, de una Proposición No de Ley (PNL) que, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid a "no participar de actividades ideológicas" que tengan por objetivo "quebrar el espíritu de concordia que dio lugar a la Transición", "recuperar viejos rencores" o "comprometer la figura de Su Majestad el Rey". Un postulado acompasado a la derogación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática en la medida en que "alienta el guerracivilismo como estrategia política", "divide artificialmente a los españoles en dos bandos irreconciliables" y "convierte a los gobiernos de la UCD y del PSOE en cómplices necesarios del franquismo".

El texto, aprobado con los votos a favor de PP y Vox en el Pleno de este jueves, describe asimismo la Ley de Memoria como un "ejercicio de amnesia selectiva respecto a los crímenes del otro bando" -el republicano- y del "totalitarismo que se ensayó en España antes de estallar en la Segunda Guerra Mundial". Del mismo modo, en su punto final, la PNL aboga por reclamar al Gobierno central la "restitución pública" del capítulo histórico que supuso la Transición hacia la democracia y "su más alta plasmación jurídica, la Constitución", como "causa y origen del actual sistema democrático y de libertad".

En palabras del portavoz Popular, Carlos Díaz-Pache, la iniciativa persigue "instar al respeto y la concordia". A tal fin, una vez ha recibido el visto bueno de la mayoría de la Cámara, la Asamblea pedirá al Ejecutivo autonómico que reclame a su vez al central la derogación de la Ley de Memoria: "Una ley sectaria, guerracivilista redactada por los herederos de ETA, que no deben ser los testigos de lo que ha pasado en España en los últimos años". Motivo por el que "queremos derogar esa esa ley".

Su eliminación, ha añadido el segundo de a bordo de Ayuso en Entrevías, permitiría además "recordar que en el año 1978 se reconciliaron las tres Españas, las dos de la Guerra Civil y la tercera España, la mayoritaria, la que no quería ningún conflicto, la que permanecía ajena y solo quería la paz y la convivencia. Ese es el espíritu que reclamamos aquí". Por eso, ha zanjado a renglón seguido, queremos que el Gobierno regional no participe en ninguno de los actos de Franco que ha diseñado el Gobierno de Sánchez para despistarnos, convertir a España en Francolandia y que no se hable de los escándalos que día sí día también protagoniza".

La nota crítica, como cabía esperar, ha llegado por parte de las fuerzas de la oposición. Por Vox, pese a votar finalmente a favor de la medida, José Antonio Fúster ha cargado contra la pasividad del Partido Popular que, a escala nacional, nunca habrían apostado por la derogación real de la Ley de Memoria. "Ni siquiera en tiempos de Mariano Rajoy", ha apostillado el presidente de la formación en la región. Desde el PSOE-M, la diputada Marta Bernardo ha reivindicado los 50 años "de libertad" que se pretenden conmemorar mediante la celebración del centenar de actos organizados por el Gobierno central. Durante la dictadura, ha apostillado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, "existían dos bandos. El de los reprimidos y el de los represores. ¿A cuál pertenecen ustedes?".

Todo con el telón de fondo de la pretendida declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria fruto de las torturas y encarcelamientos que allí acontecieron mientras el edificio era sede de la Dirección General de Seguridad (DGS) franquista. Una iniciativa que también ha levantado ampollas en el Ejecutivo madrileño. Prueba de ello es el anuncio de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo para evitar que se "sesgue" o, en el mejor de los casos, "obvie la larga historia de la Casa de Correos". O lo que es igual, se "reduzca a la significación concreta que el Gobierno pretende darle dentro de su estrategia para reanimar el franquismo”.