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Ayuso cita a Cs y Vox este viernes para formar gobierno 'la próxima semana'
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(Foto: Chema Barroso)

Ayuso cita a Cs y Vox este viernes para alcanzar un pacto y formar gobierno "la próxima semana"

jueves 25 de julio de 2019, 19:50h

La cumbre PP-Cs-Vox que tanto Isabel Díaz Ayuso como Rocío Monasterio llevan reclamando desde hace un par de semanas podría darse este viernes. La candidata popular a la Presidencia de la Comunidad ha propuesto una reunión para mañana a Ciudadanos y Vox con el propósito de desencallar la situación y "conseguir" formar gobierno "la próxima semana".

Si el líder de la formación naranja, Ignacio Aguado, acepta la invitación, negociarán a tres bandas sobre la base sentada con el documento presentado por Vox con sus propuestas esta misma semana, pero limado por los 'populares' en los últimos días. En la criba se han 'caído' algunos de los puntos más polémicos con el fin de que Ciudadanos, aunque no lo firme, sí lo acepte.

Entre otros epígrafes, han modificado los que recogían la derogación de los artículos de las leyes LGTBI, la supresión de consejerías o el asegurarse de que ningún menor extranjero no acompañado ingresa en un centro de menores sin que haya sido determinada su edad "de forma fehaciente".

"La situación política española preocupa cada vez más y Madrid debe dar estabilidad. Proponemos este texto abierto para que Cs, Vox y PP consigamos la próxima semana un nuevo gobierno. El bloqueo no conviene a nadie", han señalado los 'populares' a través de su cuenta de Twitter.

Baile de propuestas

El pasado martes Vox envió una nueva versión de documento al Partido Popular, que según señaló la portavoz de esta formación, Rocío Monasterio, iba en la línea de lo pactado en Murcia, y no dejaba de ser, según indicó, una evolución de lo trabajado en las últimas semanas conjuntamente con el PP.

Tan solo un día después se lo remitió a Ciudadanos, que lo rechazó de lleno al considerar que era un "retroceso" y que no podía ser asumido por su partido. "Nosotros no vamos a hacer ningún acuerdo a tres", sentenció Aguado al conocer el texto remitido por la formación que lidera Santiago Abascal.

Pero el PP ya se encontraba trabajando en la modificación del mismo y la tarde del jueves Ayuso aseguró, a través de un comunicado, que presentarían un texto al que ninguno de los dos partidos podría decir que no. Bajo el título 'Pacto por Madrid', defendía que este nuevo texto es "perfectamente asumible" también por Ciudadanos y que, como lo acordado en Murcia, "responde a ideas generales que pueden ser compartidas".

El PP 'pule' el documento de Vox

El primer cambio está en el encabezamiento del texto, donde Vox hablaba de los "firmantes" del documento. De hecho, también dejaba hueco para que cada uno de los representantes de los grupos plasmaran su rúbrica. Ciudadanos, en este sentido, insistió este jueves que estaba dispuesto a asumir ciertos puntos pero no a firmar nada con el grupo de Rocío Monasterio.

Por eso, el PP ha cambiado esta cuestión y se ha limitado a poner que Vox facilitará" la investidura de Ayuso "bajo la premisa de que la candidata del PP y sus socios de gobierno acepten introducir los puntos enumerados". Elimina, pues, según el primer texto de Vox, al que tuvo acceso Europa Press, que los firmantes se comprometieran a apoyar en primera votación o que "expresarán abiertamente su aceptación al pacto y firmarán el documento".

En el apartado de 'Prosperidad', el PP ha eliminado el punto que pedía Vox de mantener o reducir el número total de consejerías, viceconsejerías y altos cargos de la administración regional. También suprime la referencia al papel, que en su opinión, debería tener la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a la hora de analizar la situación de las empresas públicas.

Vox quería que este órgano elaborara un informe acerca de "la razonabilidad de cada una de las empresas públicas existentes desde el punto de vista de la defensa de la competencia y sobre los criterios utilizados para la determinación de las correspondientes tasas, tarifas y precios públicos así como su posibilidad de obtener beneficios y las posibles limitaciones a la obtención de los mismos".

También pretendía analizar todas las empresas participadas en la Comunidad de Madrid e instar a la CNMC a que analice su rentabilidad con el objetivo de "realizar las desinversiones adecuadas que permitan limitar el riesgo asumido por la Comunidad de Madrid".

Lo que propone el PP en el documento remitido a Vox y Ciudadanos es eliminar las agencias, entes y organismos que no respondan a "criterios razonables de uso de dinero público", a cerrar las entidades que no justifiquen su existencia bajo dichos criterios y a no crear ninguna nueva que no los cumpla".

En el punto que los de Monasterio pedían auditar y fiscalizar las subvenciones otorgadas por la Comunidad, el PP apunta a que, según este texto, evalúen "el impacto socioeconómico de las políticas públicas y de las subvenciones" concedidas por el Gobierno regional "favoreciendo la transparencia, la eficacia y la eficiencia, mejorando así la toma de decisiones futura".

En cuanto a la petición de Vox de crear una consejería de Familia y Natalidad, Isabel Díaz Ayuso propone que una de las consejerías de la nueva estructura de gobierno tenga la competencia y el nombre de Familia.

En este primer apartado de 'Prosperidad', también modifican los aspectos que tenía que ver con las relaciones con el exterior y ayudas, y PP los reduce a una "evaluación de las actuaciones en plena coordinación con la Administración General del Estado".

Mantiene, por su parte, como estaban los puntos sobre la reducción de impuestos, racionalizar la estructura del sector público o destinar los recursos liberados con la implantación de las medidas contempladas en el acuerdo "a aumentar el presupuesto disponible para educación, sanidad, ayudas a la dependencia y ayudas a la discapacidad".

No deroga leyes LGTBI

En 'Libertad de educación y pensamiento', el PP suprime el punto más polémico para Ciudadanos y los propios 'populares', relativo a la derogación de la normativa contra la LGTBIfobia aprobadas en la Comunidad de Madrid en 2016 así como el Pin Parental solicitado "para asegurarse la conformidad de los padres los contenidos de carácter ideológico a impartir en los centros".

El PP lo que propone es "garantizar la libertad educativa y el derecho de los padres a elegir el modelo educativo que deseen para sus hijos y evitar cualquier injerencia de los poderes públicos en la formación ideológica de los alumnos". Para ello, se compromete a reforzar la transparencia de los centros, haciendo públicos sus proyectos educativos así como las temáticas extracurriculares que puedan tratar anualmente.

Asimismo, recoge que se respetará "la potestad de los centros educativos de adaptar los contenidos formativos al ideario del centro, siempre que este sea coherente con los principios de libertad de educación recogidos en la Constitución Española".

También, continuando con la petición de Vox en este sentido, deja tal cual la parte en la que habla de garantizar "la libertad de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales, como defiende el artículo 27.3 de la Constitución Española". Pero añaden los populares que para ello "se reforzarán las labores de la Inspección de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid para prevenir el adoctrinamiento político en las aulas".

En el apartado de 'Cumplimiento de Legalidad', el PP solo elimina del texto de Vox el punto que tiene que ver con las actuaciones relacionadas con los menas. Los de Abascal pedían asegurar que ningún extranjero ingrese en un centro de menores sin que haya sido determinada "de forma fehaciente su edad". Además, señalaban que en el caso de que el extranjero no dispusiera de documentación, permanecería bajo la tutela de la Audiencia Provincial.

El PP no hace mención al tratamiento de estos menores pero sí que conserva las peticiones de Vox de "colaborar con la Administración General del Estado para asegurar una inmigración ordenada, legal, respetuosa con la cultura occidental y vinculada al mercado de trabajo".

En este sentido, quieren "garantizar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "tienen acceso directo a la información de que dispone la Administración regional sobre los extranjeros en situación irregular".

También se hace referencia al turismo sanitario. "Dado que los recursos de los madrileños no son ilimitados, colaborar con la Administración General del Estado para asegurar el cumplimiento estricto de los acuerdos en materia de atención sanitaria, potenciando los mecanismos de facturación y cobro efectivo del gasto sanitario ocasionado por turistas y/o extranjeros en situación irregular durante su estancia en España", mantienen del texto originario.

Este documento finaliza recogiendo que colaborarán con las "instituciones competentes, españolas y extranjeras, en la lucha contra las mafias de tráfico de personas y aquellas organizaciones que favorezcan la presencia de extranjeros en situación ilegal y la proliferación de actividades delictivas organizadas (narcotráfico, venta ambulante ilegal, prostitución, trata, ocupación ilegal)".

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