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MALTRATO A DOS ANCIANAS

Residencia Los Nogales, en Hortaleza, donde dos ancianas han sufrido malos tratos por parte de tres trabajadores.
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Residencia Los Nogales, en Hortaleza, donde dos ancianas han sufrido malos tratos por parte de tres trabajadores. (Foto: EP)

La Comunidad pide inhabilitar a la directora de la residencia Los Nogales por ocultar quejas

jueves 11 de abril de 2019, 17:52h
La residencia Los Nogales, en Hortaleza, donde dos de las ancianas internas recibieron malos tratos físicos y psicológicos por parte de tres de los empleados, se enfrenta a sanciones de hasta 600.000 euros. La Comunidad de Madrid ya ha abierto dos expedientes a la empresa, que se presentará como acusación particular en el caso. El Gobierno regional ha pedido también la inhabilitación de la directora del centro por ocultar quejas de los usuarios. Por su parte, los sindicatos han exigido responsabilidades a la Consejería de Políticas Sociales y han criticado que fallen los mecanismos de control.

La Comunidad de Madrid propone una inhabilitación de la directora de la residencia Los Nogales por un plazo de cinco años, tras comprobar que ocultaba a la Consejería de Políticas Sociales denuncias y quejas de los familiares, así como una sanción de 78.622 euros al centro por desatención de la prestación del servicio que "ha provocado situación de peligro, grave incomodidad o abandono notorio en el cuidado y protección personal de los usuarios".

Estas decisiones se han tomado después de que en la mañana de este jueves inspectores y técnicos de la Secretaría General Técnica y de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor hayan realizado sendas visitas al centro y hayan elaborado actas al respecto, según han informado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Asimismo, los inspectores, por considerar como falta muy grave los hecho denunciados por la Fiscalía, han incoado un procedimiento sancionador, en base al artículo 30 de la ley 11/2002 de 18 de diciembre, en el que se propone una sanción económica contra la gestora de la residencia por una cuantía de hasta 600.000 euros, cinco veces más que la máxima sanción interpuesta hasta ahora que era de 120.000 euros. Esta decisión estará supeditada a la resolución judicial en curso puesto que la actuación de la Administración regional está vinculada a la misma.

Estas mismas fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado que el Gobierno regional realiza el doble de las inspecciones que exige la ley. Concretamente, aseguran que, en 2018, la Comunidad de Madrid ha realizado 4.126 inspecciones en sus más de 1.200 centros en 2018.

La Comunidad de Madrid quiere mostrar su más absoluto "rechazo y repulsa" por los hechos conocidos a través de la denuncia de la Fiscalía contra estos los trabajadores del centro. Igualmente, han trasladado su compromiso a los familiares de los residentes de que lo denunciado tendrá "una respuesta contundente" por parte del Gobierno regional. "No se va a mostrar ningún signo de tibieza ante unos hechos que a todos nos han sobrecogido", indican.

Así, han reiterado su "absoluta condena" así como su "enérgica firmeza a la hora de actuar contra este tipo de acciones". Han querido además "hacer un llamamiento a la tranquilidad, entre la opinión pública y especialmente entre los familiares de residentes para no señalar ni estigmatizar a los profesionales que trabajan en estos centros cuya excelente labor y compromiso diarios no se puede ver machado por el comportamiento de determinadas personas".

Por su parte, Grupo Los Nogales ha anunciado que se personará como acusación particular en el caso y se ha puesto a disposición de la Fiscalía y del Juzgado que lleve el asunto para "colaborar en el esclarecimiento de los hechos".

La empresa dice que los hechos descritos son "deleznables y repugnantes" además de "impropios de gerocultores cuya formación está específicamente orientada a la atención y cuidado de personas mayores". En este sentido, ha explicado que dos de los trabajadores denunciados ya no estaban en la empresa y que el tercero, que hacía suplencias a otros trabajadores, ha sido "inmediatamente" despedido el miércoles, tras conocer la denuncia.

Los sindicatos exigen responsabilidades y más control

CCOO ha exigido responsabilidades a la Consejería de Políticas Sociales por los hechos y censura la "escasa implicación" de la administración en su "su papel de supervisor y garante" de los centros. En un comunicado, el sindicato califica de "deleznables" los hechos denunciados e investigados por la Fiscalía, que condena "sin paliativos". Por ello, aplaude la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid para esclarecer lo sucedido y buscar responsables, por lo que ofrece su colaboración para contribuir a la investigación si lo considera oportuno.

A juicio de CCOO, debe ser investigada el papel ejercido por la Consejería de Política Social y Familia puesto que es la Administración autonómica "la máxima supervisora y garante de los derechos de las personas residentes y de la atención que prestan", en este caso una empresa con la que, además, la Comunidad de Madrid tiene plazas concertadas.

La Consejería de Política Social y Familia es la "máxima responsable" de lo ocurrido, en su opinión, porque ha hecho dejación de sus funciones en su labor de supervisión de los derechos de las personas residentes en este centro.

CCOO recuerda que ha denunciado "reiteradamente" el incumplimiento de las actuaciones inspectoras y de control de estos centros, competencias que son responsabilidad de la Comunidad de Madrid. Argumenta que la organización y el funcionamiento de la residencia depende de la Dirección del centro, en este caso, de la empresa, pero la Consejería de Política Social y Familia tiene la obligación de aplicar la normativa vigente en esta materia, entre otras, la Ley 11/2002 de ordenación de la actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de mejora de la calidad en la prestación de los Servicios Sociales.

El sindicato reitera, una vez más, su exigencia de "dignificar el sector de los cuidados" y en especial, de la atención residencial mediante una "profunda revisión" del modelo y el reforzamiento de los recursos profesionales y económicos. Este nuevo modelo debe ser una "apuesta desde lo público", potenciando, igualmente, los instrumentos de inspección y control por parte de la Administración autonómica.

UGT Madrid ha expresado su "estupor" por el caso de maltrato, que tilda de "inhumano" y "vejatorio", y ha reclamado más controles a la Comunidad de Madrid. Así, el sindicato reclama la "inmediata intervención" del Gobierno regional y la Fiscalía para que se "investigue con prontitud" estos graves hechos contra personas en situación de vulnerabilidad que "degradan la naturaleza humana".

"De nuevo vemos que fallan los mecanismos de control para garantizar un trato correcto a las personas que, por distintas circunstancias, edad o enfermedad, son o necesitan ser atendidas en residencias donde se les tiene que dispensar una atención de calidad y de respeto a la dignidad que toda persona merece", asevera UGT.

También enfatiza que hay "miles de profesionales" que prestan servicio en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid y realizan una labor "profesional, mimada y con vocación de servicio público hacia los usuarios".

A su vez, UGT destaca que en los últimos años han manifestado la "falta de apoyo, recursos y medios" que desde las administraciones se presta para atender a las personas mayores. Apunta a la falta de dotaciones presupuestarias suficientes destinadas a esta red asistencial.

Para el sindicato, la responsabilidad de las administraciones públicas "va más allá" de asegurar recursos humanos y materiales. Además no le exime de establecer los mecanismos de supervisión y control de los centros residenciales de mayores, sean de titularidad pública, concertada o privada.

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