El pasado 25 de abril afirmaba en mi columna que el informe técnico sobre la cripta de la basílica del Valle de los Caídos para ver si es posible exhumar los primeros cuatro cuerpos, de los casi 34.000 allí enterrados, se iba a convertir en un nuevo obstáculo en esa carrera que mantienen las familias a las que la guerra civil y la posguerra siguen causando aflicción. Casi tres meses después, todo sigue igual. Las sentencias dictadas hace dos años por el Juzgado de Primera Instancia de San Lorenzo de El Escorial para que se exhumaran los cuerpos y que fueron paralizadas por el abad siguen pendientes de ejecución.
En la capital los vecinos de aquellas 52 calles que iban a cambiar de nombre en aplicación de la Ley de Memoria Histórica han visto cómo la medida que se adoptó en mayo de 2017 lleva un año retrasada ante los recursos judiciales presentados lo que hace que el proceso vaya unas veces adelante y otras hacia atrás.
El pasado mes de abril la decisión del juez que, a instancia de la Fundación Francisco Franco había paralizado cautelarmente el cambio de los nombres de las calles, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia, aunque, inmediatamente, la Fundación Francisco Franco anunció recurso de casación. También el Ayuntamiento consiguió que un juzgado contencioso-administrativo desestimara un recurso de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios contra la retirada del nombre de los generales Millán Astray, García Escámez y Yagüe, lo que supone un auto contradictorio con la decisión de otro juzgado que considera disconforme a derecho quitarle la calle al general Millán Astray. En el capítulo de reveses habría que añadir las decisiones de otros juzgados de no autorizar la sustitución del nombre de las calles Caídos de la División Azul, Hermanos García Noblejas, Asensio Cabanillas, Cirilo Martín o el Algabeño.
Por si este tira y afloja judicial no fuera suficiente, en las últimas semanas se han producido disensiones entre los miembros del Comisionado de la Memoria Histórica y el equipo de gobierno municipal sobre la conveniencia de hacer un único memorial en el cementerio de la Almudena en recuerdo tanto de las víctimas de la Guerra Civil como de quienes fueron asesinados acabada la confrontación. Ahora, el Gobierno socialista anuncia que quiere modificar la Ley de Memoria Histórica para poder sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y darle una salida a este monumento.
Albert Rivera se ha apresurado a decir lo que dijo en su día el PP: que no es el momento de hablar del pasado, que España tiene problemas más urgentes, que preferiría convertir la basílica en un cementerio nacional, algo que ya hizo Franco cuando ordenó la exhumación y traslado al Valle de los Caídos de cuerpos de combatientes de ambos bandos, y que Ciudadanos solo apoyaría una reforma del Valle de los Caídos si fuera por consenso. Y ante ello me pregunto ¿cómo se justifica que en 40 años de democracia siga sin encontrarse el momento de hablar del pasado?, ¿es compatible un cementerio nacional con el derecho indiscutible de las familias de llevarse a sus muertos donde lo deseen? ¿y se puede plantear supeditar todo a un consenso que en este tema nunca se ha alcanzado? Solo un apunte: la propia Ley de Memoria Histórica salió adelante en 2007 con la oposición de Esquerra Republicana y del Partido Popular y cuatro años después el PP, ya en el Gobierno, dejó a cero su partida presupuestaria lo que equivalía a meter la ley en un cajón. Se necesita, por tanto, que el Ayuntamiento siga peleando recurso tras recurso para conseguir el cumplimiento de la ley, sin desvirtuar este objetivo con decisiones polémicas y que el Gobierno tome la iniciativa y, dentro de sus competencias, intente cerrar una herida que incomprensiblemente sigue abierta 79 años después.
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No(
